La diputada Alejandra Sepúlveda  resaltó lo urgente que resulta la aprobación de una ley efectiva de rentas regionales que obligue  a las empresas que se desarrollan en regiones, destinar una parte importante de sus tributos al impulso de las zonas en donde ejecutan sus faenas productivas.

En este sentido, la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde Social por O’Higgins insistió en que un crecimiento del país pasa necesariamente por un equilibrio territorial  y económico de las regiones, pues no resulta justo que estas sufran las externalidades negativas surgidas  por las empresas y no perciban algún  beneficio directo para el impuso local.

Así mismo, la diputada por el distrito  por el distrito 16 , afirmó que ni desde el Ministerio  De Hacienda y menos del Gobierno central han acogido una demanda sentida de las regiones en torno a tener una autonomía tal que permita establecer su propios programas de inversión.

Alejandra Sepúlveda  consideró prioritario además una ley de regionalización que cuente con autoridades autónomas que tomen decisiones basadas  en el interés de los habitantes de cada región y no en la voluntad de la administración  central, quienes muchas veces priorizan  el interés económico por sobre la calidad de vida o la salud de las personas.

Así mismo la diputada Alejandra Sepúlveda  denunció que en su región de O’Higgins existen importantes industrias  cuyas enorme ganancias son tributadas en Santiago, dejando sólo en las zona que representa en la Cámara, contaminación y daño a la población y el ecosistema , situación grave y que sólo puede revertirse con una ley de rentas regionales  efectiva .

Finalmente la representante de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, denunció que casi el 80 % de los tributos de las grandes empresas son destinados a alimentar la burocracia fiscal del Estado Central, por lo que la elección de gobernadores regionales  con una ley de competencias real ,junto con romper esta desigualdad  logrará  una descentralización política pero también financiera , concluyó.

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, advirtió que los anuncios de Sebastián Piñera respecto a disminuir en número de parlamentarios, responde a una estrategia de la derecha internacional para seguir profundizando el sistema de dominación neoliberal.

El profesional explicó que la base de gobernabilidad para este sistema fue la política de consensos durante la etapa de la vieja Concertación.

Juan Andrés Lagos remarcó que Sebastián Piñera pretende limitar aún más la representación del Parlamento, fortaleciendo así los enclaves dictatoriales propios del binominalismo.

El analista remarcó que el gobierno está empeñado en generar consensos de grandes bloques, a objeto de impedir la representación institucional de otras fuerzas políticas.

Juan Andrés Lagos concluyó que la reducción parlamentaria consiste en un esfuerzo estratégico por promover una institucionalidad donde se excluya a las fuerzas políticas y sociales que estén a favor de las grandes transformaciones sociales.

Juan Andrés Lagos, aclaró que en Chile el binominalismo no se ha terminado, pues se expresa concretamente en el cuoteo político entre partidos de derecha y la ex Concertación.

El diputado Daniel Núñez, acompañado por el diputado Boris Barrera, ingresaron la moción parlamentaria que prohíbe la venta de armas a las personas. Según diversos estudios se ha podido determinar que más del 50% de las armas utilizadas en delitos violentos, provienen de compras realizadas legalmente, pero que terminaron en manos de delincuentes y narcos.

Con el fin de terminar con el creciente uso de armas de fuego por delincuentes y narcotraficantes, el diputado Daniel Núñez presentó un proyecto de ley respaldado por parlamentarios de diversas bancadas, para establecer la prohibición total en la venta de armas a particulares.

El diputado Núñez enfatizó en que a raíz del aumento del uso de armas de fuego en delitos violentos, es necesario avanzar hacia el desarme total de la población, dejando la exclusividad de compra de armas de fuego a las Fuerzas Armadas y Carabineros.

“Cerca del 50% de las armas que se usan por delincuentes en diversos tipos de delitos, son armas que provienen o tienen un origen legal. Es decir, son armas inscritas, armas que en su momento fueron vendidas de forma legal, pero que han terminado  -por distintos motivos- en manos de delincuentes. Esta es una situación extremadamente grave”, destacó Núñez.

El parlamentario agregó que hoy hay 47 mil armas que -habiendo sido compradas legalmente-, no hay certeza en los registros de la Dirección General de la Guarnición Militar, de dónde se encuentran en la actualidad.

“Tenemos un problema de venta indiscriminada de armas en Chile, que ha servido para fomentar delitos producto de un robo o de que un particular que compra un arma. Incluso tenemos casos en los que se han arrendado armas a delincuentes para cometer delitos y ante eso hay que tomar medidas radicales”, detalló.

Por su parte, el jefe de la bancada PC e Independientes, diputado Boris Barrera, agregó que estas acciones van en la dirección correcta, pues no existe un real control sobre las armas compradas legalmente, de las cuales un número creciente termina en el mundo delictual.

“Para combatir esa ola de armas que están mostrando los narcos, una de las formas es que las armas no estén en manos de civiles que no saben usarlas y que además no son ocupadas para los fines que fueron adquiridas, supuestamente para repeler asaltos”, concluyó Barrera.

El proyecto establece sólo dos salvedades a la prohibición de venta de armas a particulares: las empresas de seguridad privada- que por su actividad deben tener armas para sus guardias-; y para los deportistas o personas que tienen la caza deportiva debidamente acreditada”.

Conozca el PDL prohibe venta armas

Este jueves 6 de junio se publicó la encuesta Criteria donde evidenció la baja del respaldo presidencial a tan solo el 28%. Por otra parte, el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas, evidenció un alto apoyo de la opinión pública, a diferencia de la propuesta del Gobierno.

Con satisfacción recibió la diputada Camila Vallejo los resultados de la encuesta Criteria, porque más allá de los respaldos o rechazos a las figuras presidenciales y la posición de la opinión pública sobre el Presidente de la República, el estudio arrojó un importante apoyo a la iniciativa que reduce la jornada laboral a 40 horas.

El proyecto de la parlamentaria es por primera vez medido en la encuesta, lo que fue destacado por Vallejo. “Valoro que la encuesta Criteria recoja un tema tan importante como lo es la reducción de la jornada laboral, algo que por ejemplo no hizo la Cadem”, sostuvo.

Respecto de los resultados, la encuesta arrojó que un 66% de los consultados está de acuerdo con la rebaja a 40 horas semanales que establece el proyecto presentado por la diputada Vallejo y que ha sido respaldado por todas las bancadas de la oposición.

“Hay una alta valoración y la gente está de acuerdo con la iniciativa que hemos presentado hace ya dos años de reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales. Al Presidente le gusta mucho gobernar en torno a las encuestas, pero cuando le conviene, porque si fuera por este tipo de encuestas, donde la opinión pública es bastante clara, inmediatamente estaría respaldando el proyecto de 40 horas, pero no lo ha querido hacer por la diferencia política-ideológica que tiene”, detalló Vallejo.

La encuesta agrega que respecto de la reforma de flexibilización laboral del gobierno, un 60% de los encuestados cree que esta beneficiará directamente a las empresas y tan sólo un 7% cree que beneficiará a los trabajadores.

“Esto refleja que la ciudadanía entiende lo que hay detrás de la reforma laboral del Presidente Piñera. Es evidente que cuando la CPC sale a respaldar al Reforma Laboral, cuando el Consejo Minero sale a respaldar la reforma del Gobierno, es porque es una reforma pensada en beneficio de los empresarios y no de los trabajadores y trabajadoras”, agregó Vallejo.

“Es una propuesta sencilla, profunda y muy transversal. Como se ha podido ver, la bancada transversal por las 40 horas cada día suma más gente. Hemos tenido incluso a parlamentarios de derecha que han respaldado esta medida, pero han sido llamados a la atención por parte del Gobierno. Pero más allá de ese “reto”, son personas que tienen la convicción de que es necesario avanzar hacia una jornada laboral más corta y por lo tanto, más productiva”, concluyó.

Luego que la Cámara de Diputados aprobara ley de cuotas para las elecciones municipales y de gobernadores regionales, parlamentarias de oposición celebraron una medida busca asegurar la nominación de candidatas en el nivel local, donde los porcentajes de participación se mantienen bajos en comparación a la elección parlamentaria, la cual que ya cuenta con una ley de cuotas.

En este sentido, la diputada Comunista Karol Cariola  valoró esta resolución del parlamento que si bien admitió algunas indicaciones que han retrasado  su aprobación, es un primer paso determinante para garantizar la activa participación política de las mujeres.

La legisladora comunista reflexionó sobre lo incongruente que resulta que en un país en donde el 53 % de la población son mujeres, aun no exista la suficiente representatividad femenina en cargos de responsabilidad pública, tal como lo revelan las cifras que dan cuenta que del total de municipios en el  país, sólo el 12 % están liderados por mujeres, lo cual se replica en la concejalías  y en el parlamento con porcentajes que aun siguen siendo bajos.

Karol Cariola reconoció que una de las mayores trabas en la aprobación de esta ley es la persistencia de una cultura machista de muchos personeros políticos  que tienen temor de perder sus espacios de poder frente a las mujeres, sin embargo a  juicio de la parlamentaria PC  esto es sólo el costo de una legitima transformación social.

Señalar que las normas generales de esta propuesta de ley de cuotas recibieron 126 votos a favor, uno en contra y 20 abstenciones. Tras la aprobación texto fue devuelto a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género debido a que presentaron indicaciones en su primer trámite. La idea es que ni los candidatos ni las candidatas puedan superar el 50% de las postulaciones declaradas y ratificadas por el Servicio Electoral.

El diputado Jaime Mulet (FRVS), quien votó en contra, señaló que “no estoy disponible para facilitarle las cosas a las grandes mineras, en desmedro de las medianas y pequeñas, menos aún a costa del medio ambiente”

Por 100 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de ley que perfecciona la normativa en torno al cierre de faenas e instalaciones mineras, entre cuyos objetivos está flexibilizar los instrumentos financieros que pueden utilizar las empresas mineras, liberando capacidad en sus líneas de crédito, de manera de contar con un escenario de mayor capital de trabajo. Al respecto, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet,justificó su votación en contra de la iniciativa señalando que “este proyecto debilita el sistema de protección ambiental que se ha ido construyendo en el país, frente a las empresas mineras”.

Según explicó “Lo debilita porque hoy día las empresas mineras tiene que garantizar su cierre de faena con boletas de garantía, con instrumentos financieros líquidos, donde son 100% seguro que se va a responder, y que se guardan para que cuando la compañía termine de explotar el yacimiento minero, pueda hacer el cierre de faenas y reparar lo que se pueda reparar”, sin embargo, a su juicio “lo que hace este proyecto del ley y el ministro Prokurica en particular, es que cambia ese instrumento por uno más débil financieramente como es una póliza de seguro, que vale mucho menos, alivianándole la carga financiera a las grandes compañías mineras y obviamente debilitando el sistema porque una compañía de seguros va a poder discutir si paga la póliza o no la paga, como lo hacen frente a cada siniestro”.

“Desde ese punto de vista, este sin duda es un mal proyecto. Yo era partidario de disminuir la categoría de esa garantía a empresas estatales, o sea disminuirle el instrumento financiero a Codelco, a la Enami y a los medianos mineros, pero no a las grandes compañías mineras, porque ellas se han transformado en un desastre ambiental, dejando un nulo aporte en las regiones y no estoy disponible para alivianarle la carga financiera a las grandes compañías mineras de nuestro país”.

Mulet explicó además que “el proyecto no distingue entre grandes, medianas y pequeñas empresas mineras, y lamentablemente las empresas que se van a liberar de las platas son puras grandes mineras, obviamente las pequeñas mineras también pueden beneficiarse con el proyecto a futuro, pero las que hoy día tienen sus recursos comprometidos con boletas de garantía que ahora las van a sacar y van a liberar millones y millones de dólares son grandes compañías mineras”.

“Este es un traspaso neto de recursos a las grandes compañías mineras, que en el futuro obviamente podría beneficiar también a las medianas, pero la aprobación de este proyecto está dentro de la lógica de Piñera de facilitarle las cosas a las grandes empresas a cualquier costo, incluso a costa del medio ambiente y yo no estoy dispuesto a eso, porque lo que han hecho por el medio ambiente en Atacama, el desastre que hay en Chañaral, el desastre que hay en Tierra Amarilla de contaminación es brutal, y seguirle facilitando las cosas no estoy de acuerdo”.

El gobierno revolucionario de la República de Cuba repudia en los términos más enérgicos las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos el 4 de junio de 2019, con las que refuerza el bloqueo económico impuesto a Cuba por más de 60 años, a un costo para la economía cubana que en 2018 superaba los 134 mil millones de dólares a precios corrientes y la cifra de 933 mil millones de dólares,  tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

Según se ha podido conocer, esta nueva escalada, con efecto a partir del 5 de junio, refuerza aún más las duras restricciones que ya sufren los ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, agrega prohibiciones absolutas para embarcaciones de todo tipo procedentes de los Estados Unidos y prohíbe de inmediato que buques cruceros visiten nuestro país.

La pretensión continúa siendo arrancarle concesiones políticas a la nación cubana, mediante la asfixia de la economía y el daño al nivel de la población.  En este caso particular, las medidas buscan también impedir que el pueblo de los Estados Unidos conozca la realidad cubana y derrote así el efecto de la propaganda calumniosa que a diario se fabrica contra nuestro país.

Son acciones que desprecian la opinión mayoritaria de los estadounidenses, cuyo interés por conocer Cuba y ejercer su derecho a viajar se  demostró en los 650 mil  que nos visitaron en 2018, junto a medio millón de cubanos residentes en los Estados Unidos.

El pasado 17 de abril, el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, en ocasión de un show anticubano que contó con la presencia de mercenarios derrotados en Playa Girón y familiares de los esbirros de la tiranía de Fulgencio Batista, había advertido que su gobierno restringiría los viajes no familiares a Cuba.  Se conoce que este individuo ha logrado adueñarse de la política exterior de los Estados Unidos hacia el hemisferio occidental lo que constituye la principal amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región.

Estados Unidos promueve sin recato la Doctrina Monroe, con la que pretende negar la igualdad soberana y el derecho a la libre determinación de todas y cada una de las naciones del hemisferio.

Las recientes arremetidas contra Cuba se argumentan con nuevos pretextos.  El más notorio entre ellos es la calumniosa acusación de que Cuba interviene militarmente en Venezuela, mentira que ha sido rechazada pública y sostenidamente por el gobierno cubano.

Llegan al extremo inescrupuloso de proponer a Cuba que traicione sus convicciones y los principios que han acompañado a la política exterior de la Revolución cubana, a cambio de promesas de negociación o alivio de las medidas draconianas y criminales que componen el bloqueo económico.

La solidaridad de Cuba con el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, la Revolución bolivariana y chavista y la unión cívico-militar de su pueblo, no es negociable.  Los más de 20 mil colaboradores cubanos que de manera voluntaria y abnegada prestan servicios sociales en ese país, la mayor parte de ellos en el sector de la salud, seguirán allí mientras los acoja el pueblo venezolano, cooperando con esa nación hermana.

Para los cubanos, la traición no es una opción.  No somos ingenuos, son ya 150 años de ardua lucha por nuestra independencia, teniendo que enfrentar desde el primer día las ambiciones hegemónicas del imperialismo norteamericano.

Cuba no se dejará amedrentar, ni distraer de las tareas esenciales y urgentes del desarrollo de nuestra economía y la construcción  del socialismo. Estrechamente unidos, seremos capaces de enfrentar las adversidades más desafiantes. No podrán asfixiarnos, ni podrán detenernos.

La Habana, 5 de junio de 2019