El subjefe del comité de senadores democratacristianos, Francisco Huenchumilla, manifestó su preocupación ante el protocolo de acuerdo que firmó su Partido, respaldando la contrarreforma tributaria del gobierno.

El parlamentario señaló que la reintegración del sistema sólo irá en beneficio de  los grandes grupos económicos, quienes dejarán de pagar impuestos a diferencia del resto de la ciudadanía.

Francisco Huenchumilla dijo que la contrareforma del Gobierno viene a reponer el sistema de la Dictadura, donde se estableció que las empresas no pagaran impuestos, a diferencia de los países más desarrollados.

El senador de la DC advirtió que su colectividad está pensando igual que la derecha si pretende retroceder al sistema tributario impuesto por la Dictadura, en beneficio de los más ricos del país.

El diputado falangista Mario Venegas, también se mostró en desacuerdo con este protocolo, argumentando que la propuesta del Gobierno fue pensada para el gran capital.

Para Mario Venegas, la reintegración del sistema tributario constituye un retroceso, respecto a lo que se logró bajó el segundo mandato de Michelle Bachelet.

El diputado democratacristiano fue enfático en sostener que la soberanía del pueblo los puso en la oposición, y desde esa perspectiva, no se entiende la postura de su directiva nacional.

Finalmente, el diputado Mario Venegas aclaró que este acuerdo tributario no fue socializado a nivel de bancada, más allá de un marco general.

(Carmen Luz Scaff, Directora Nacional ANEF. Presidenta Federación Nacional de las Asociaciones de Funcionarios de la Salud  Pública). La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) ha sido en estos días escenario de la rabia acumulada de una sociedad que se ha cansado de la ineficiencia e ineficacia del mercado. Se cansó de este modelo basado en la privatización y el lucro, pintado como una  alternativa innovadora frente a un Estado, que según ellos, respondía tan sólo a las necesidades de un sistema clientelar. Con los años hemos constatado la necesidad de volver a un Sistema de Salud Pública que ya en los años 50 desarrolló un régimen centralizado, de alta cobertura y al cual muchos historiadores y analistas de salud atribuyen un gran número de logros. El tiempo ha demostrado que el pilar ideológico de la experiencia privatizadora de la salud es salvaje y deshumanizado, siendo ya urgente que los legisladores depositarios de nuestra soberanía, evoquen un sistema, que tal como hace 49 años, instale en el centro de la gestión, a un Ministerio de Salud con poder de resolución nacional y presupuesto adecuado que comprenda a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los chilenos y chilenas ya no podemos esperar tener una alta tasa de desarrollo económico para elevar la salud de sus compatriotas. Sin duda el desencanto y la rabia social están devolviendo la noción de Derecho a la ciudadanía; y los/as trabajadores/as del Estado hemos trabajado para que así ocurra. Somos parte de los/las que se manifiestan y exigen cambios.

Lo acontecido durante estas dos últimas semanas en la Contraloría Médica Centralizada de la COMPIN, ubicada en calle Moneda N° 1040, han puesto en riesgo no solo la integridad física y psicológica de los usuarios/as sino también la de  los funcionarios/as que trabajan en esta dependencia. Los trabajadores del Estado (al igual que los usuarios/as) han vivido el abandono de deberes por parte de las distintas autoridades máximas, sus asesores y jefaturas. Abandono que se traduce en la nula aplicación de procedimientos adecuados, eficientes y eficaces para dar respuesta en tiempo oportuno a los requerimientos de la población con la salud mermada y que cuentan con licencias médicas que acreditan dicha condición. Los trabajadores/as de la Comisión reciben en promedio 10 mil  licencias médicas diarias; cuando las Isapres reciben 120.  Existen  actualmente 42 mil licencias sin resolución, lo que se traduce en 42 mil personas y sus familias sin recibir el pago de esos días de reposo. El problema es estructural y los funcionarios/as también son víctimas de esta debacle. Grandes teóricos han sostenido que cuando las leyes ni las estructuras responden a las necesidades de las personas, estas pueden revelarse contra ellas; nos obstante, el “extintor” con que se agredió a los/as funcionarios/as y a los presentes,  no  dio con su objetivo político, sino contra su propia clase.

Los/las funcionarios/as públicos/as, conocen las ineficiencias y la pésima estrategia comunicacional que aún no  logra internalizar entre los usuarios/as, que la COMPIN es el organismo que autoriza y calcula el pago del Subsidio, siendo Fonasa la entidad pagadora que recibe los montos desde la Dipres una vez al mes. Que trabaja en pésimas condiciones  de infraestructura para lograr una adecuada atención de los usuarios/as. Que tiene un sistema de aprobación de Licencias Médicas obsoleto que considera plazos de resolución de datan de los años 80, cuando la cantidad de usuarios/as era muchísimo menor. Los programas deben conversar necesariamente con la normativa vigente que rige a la COMPIN respetando los plazos legales establecidos. Sumar que los equipos computacionales deben ser de alta tecnología y la banda ancha con capacidad adecuada para que funcione al 100% con los programas. Por cierto   que es comprensible  la  indignación de los/as usuarios/as (ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos regularmente y con mucho esfuerzo) quienes al llegar a  un servicio público  se les diga constantemente: “se cayó el sistema”.

Se entiende el malestar,  pero cabe decir que los/as funcionarios/as públicos trabajan para asegurar los derechos de la ciudadanía; si esta los ha perdido, también luchan junto a ella para recuperarlos. Que los extintores no vayan contra la baja dotación de trabajadores/as del  COMPIN. El sistema ha fracasado y las re estructuraciones no pasan por cambiar de edificio.

El diputado Daniel Núñez, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, consideró éticamente inmoral que la Democracia Cristiana respaldara la reintegración del sistema tributario, mediante un protocolo de acuerdo firmado este domingo con el gobierno incluido el propio presidente Piñera.

El parlamentario comunista emplazó al presidente de la DC, Fuad Chaín, a decir la verdad respecto a cómo esta contrareforma va a beneficiar al gran empresariado y a la propia familia Piñera Morel.

A juicio de Daniel Núñez, lo más grave de este acuerdo es que da paso a desmantelar la reforma tributaria promulgada por la presidenta Bachelet, tratándose del mayor avance en materia de equidad desde el retorno a la democracia.

En ese sentido, el congresista miró con preocupación que Fuad Chaín pretenda convertir a la DC en una fuerza auxiliadora de la derecha en el Parlamento, tomando distancia del resto de la oposición.

El diputado Núñez explicó que su principal cuestionamiento a la reintegración tributaria radica en los 800 millones de dólares que las grandes empresas dejarán de pagar, siendo ésta la base de inequidad social en Chile.

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Daniel Núñez, llamó al ministro de hacienda, Felipe Larraín a permitir un debate en tiempos lógicos y razonables, tratándose de un tema tan sensible para la ciudadanía.

Tras el rechazo a la última oferta de Codelco, la presidenta del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, valoramos la capacidad que han tenido los trabajadores antiguos para empatizar con los nuevos que son más perjudicados laboralmente.

Ya con mas de 11 días de la huelga, Ugarte criticó que la empresa rechazara igualar los contratos a los trabajadores nuevos.

La presidencia del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata acusó al gobierno de encabezar una política de precarización salarial contra el sector minero, desconociendo el sacrificio de trabajar en las zonas extremas y con altos índices de contaminación.

Por otro lado, Liliana Ugarte apuntó a la necesidad de que los sindicatos tengan mayor incidencia y participación en las transformaciones anunciadas por Codelco.

La presidenta del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata llamó al Gobierno a intervenir en este conflicto por el bien de la cuprífera estatal y los 3 mil 200 trabajadores afectados.

La presidenta del Sindicato N ° 2 de Chuquicamata, Liliana Ugarte, llamó a la empresa y flexibilizó su postura para destrabar la huelga que ya cumple 11 días.

Francisco Vidal, ministro del primer gobierno de Michelle Bachelet y actual vicepresidente del PPD, aseguró que el camino propio de la Democracia Cristiana es una oportunidad para que las fuerzas de izquierda alcancen mayor fluidez y unidad, ad portas de las elecciones municipales.

En su diagnóstico, el creciente debilitamiento del centro político debe dar paso a una amplia convergencia del mundo progresista.

El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, dijo que el país necesita una izquierda sin vetos del centro, a objeto de poder plantear posicionamientos claros frente a las demandas ciudadanas.

Francisco Vidal remarcó que la izquierda unidad constituye una fuerza importante, considerando el 47% de las preferencias que obtuvo dicho sector en la primera vuelta presidencial.

Sin embargo, el exministro de Estado aclaró que no hay camino propio posible ante los próximos desafíos electorales, donde la centro-izquierda deberá ir unida si quiere derrotar a la derecha.

Finalmente, el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal,  advirtió un quiebre definitivo de la DC en caso de volver a pactar electoralmente con la derecha, a la luz que grandes liderazgos falangistas que se han desmarcado de la colectividad por ese motivo.

Concejalas de Santiago junto a otros actores de la educación  presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Carabineros con el fin de que se inicie un sumario y se apliquen las sanciones correspondientes  por el uso excesivo de la fuerza pública  por parte de Carabineros en el ingreso del pasado miércoles 19 de junio en el Instituto Nacional, utilizando bombas lacrimógenas e irrumpiendo con violencia en el recinto.

En primer término, la concejala Iracì Hassler exigió a la autoridad de Carabineros una investigación oficial por la infracción grave a los protocolos de seguridad por parte de efectivos que ingresaron de manera violenta al Instituto Nacional premunidos de bombas lacrimógenas.

Del mismo modo, la concejala Rosario Carvajal denunció una política sistemática de militarización en liceos y escuelas de Santiago, la cual no entiende que la violencia genera más violencia y que puede causar una mayor desgracia en la comunidad.

Miguel Arancibia encargado territorial de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios advirtió un oportunismo político del gobierno y del alcalde Alessandri al transformar al Instituto Nacional como una bandera de lucha, olvidando que los demás establecimientos educacionales de la comuna también sufren por el abandono y falta de infraestructura .

Para el Secretario Ejecutivo FEUC  Yerko Versalovic los problemas que afectan hoy a la educación pública, se resuelven mediante la intervención de expertos que abran un debate en el ámbito de la enseñanza y no mediante la invasión represiva de los espacios comunes compartidos por los estudiantes.

En tanto, Dafne Concha vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, expresó que hoy estamos enfrentados a un Estado represor que violenta y agobia a los jóvenes, lo cual se refleja en declaraciones por parte de organismos de       D.D. H.H nacionales e internacionales, quienes  condenan la represión que sufren los estudiantes en nuestro país.

Los personeros de la educación, condenaron la actitud obtusa del alcalde Alessandri quien ha cerrado toda opción  a conversar con los estudiantes, desechando su petitorio, lo cual ha alimentado los hechos de frustración y violencia surgidas especialmente en el Instituto Nacional, y que han  sido motivo de una agresividad desmedida por parte de Carabineros.

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