Junto a Ricardo Calderón y Richard Sandoval, nos acompaña el académico de la Universidad de Chile Gonzalo Gutiérrez, para conocer el próximo escenario en la obtención y aplicación de dos importantes recursos Mineros.
Javiera Larraín junto a Richard Sandoval, comentan la obra que reúne a un grupo de actores chilenos de origen judío y palestino quienes cuestionan en escena sus propias identidades.
Jose Parra junto a Richard Sandoval, comentan el galardonado documental por el festival suizo Visons du Réel.
</ifram Analizamos uno de los conflictos económicos de alcance mundial, con Fernando Molina del Partido Pirata y el economista y académico la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela Villagra,
Editorial Caliche publicó el libro “No somos nanas”, escrito por la periodista Camila Sáez, que recoge el testimonio de la Presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular SINTRACAP, Ruth Olate.
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció que la política migratoria del gobierno vulnera el derecho internacional, desconociendo la realidad latinoamericana.
En su diagnostico, las medidas administrativas impulsadas por Sebastián Piñera se enmarcan en una lógica persecutora que no se condice con la aparente voluntad de abrir las puertas a ciudadanos extranjeros.
El dirigente comunista consideró contradictorio que el gobierno apele a la protección de ciudadanos venezolanos, paralelamente a restringir su posibilidad de ingreso al país y provocar una crisis humanitaria en el norte del país.
El exministro de Estado acusó un “doble estándar” de la derecha mundial al instrumentalizar conflictos de América Latina, para apoyar golpes de Estado, pero impidiendo el libre desplazamiento de la población migrante.
Marcos Barraza dijo esperar una reacción más enfática del mundo social y político, en rechazo a la arremetida del gobierno contra los derechos humanos de los migrantes.
El exministro Marcos Barraza aclaró que la ciudadanía no puede ser indiferente a la política migratoria del Gobierno, considerando que miles de compatriotas fueron acogidos en otras naciones durante la dictadura militar.
Este lunes se cumplieron 20 años del fallecimiento de Sola Sierra Henríquez, destacada activista por los derechos humanos, quien fuera presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos entre 1977 y 1990, organización que actualmente es presidida por su hija Lorena Pizarro.
Durante la jornada se realizaron diversos actos de homenaje a la memoria de la dirigenta, entre ellos una romería al cementerio parque del Sendero Maipú, donde descansan los restos mortales de Sola Sierra.
La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, expresando su orgullo ante la lucha incansable de la fallecida dirigenta humanitaria, señaló lo siguiente:
En el lugar también se dieron cita diversos personeros políticos, sociales, y de DD.HH. Entre ellos destaca el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien reconoció el legado de Sola Sierra en materia de verdad y justicia.
Lautaro Carmona llamó a recoger el compromiso moral y ético de Sola Sierra, para trasladarlo a las demandas del actual momento político.
La activa participación de Sola Sierra en la defensa de los derechos humanos llevó a que fuera elegida por cinco veces consecutivas como Presidenta de la agrupación, entre noviembre de 1977 y hasta su muerte, en 1999.
Tras el término de la dictadura Sola Sierra participó en conciertos y actos masivos de Amnistía Internacional.
Con el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, Sola Sierra participó en los alegatos que pidieron la extradición de Pinochet para que fuera juzgado en Chile. Sola Sierra falleció de cáncer a los 64 años el 1 de julio de 1999.
En compañía de la Diputada Camila Vallejo llegaron al ente fiscalizador para que investigue el uso de recursos en “asuntos que no están dentro de sus competencias”.
Un nuevo inconveniente suma la polémica consulta ciudadana que pretende restringir el libre tránsito de jóvenes menores de 16 años desde un horario a determinar realizada el pasado domingo en 8 comunas del país, ya que a la baja participación (sólo un 8,9% del padrón habilitado), se suma quelas Juventudes Comunistas junto a la Diputada Camila Vallejo acudieron a la Contraloría General de la República documentando antecedentes sobre un eventual mal uso de recursos públicos.
En la acción, Camilo Sánchez, el presidente de las JJCC, resaltó que “la gente le dio la espalda a la criminalización de la juventud y a estos anuncios populistas. A pesar de toda la costosa campaña mediática que implementaron, no lograron convocar ni al 9% del padrón”.
Asimismo, Sánchez advirtió que “los alcaldes y alcaldesas involucradas tendrán que dar explicaciones por el uso de recursos en asuntos que no están dentro de sus competencias”, y agregó:”esta costosa pirotecnia contra la juventud debe parar. Esta fue solo una cortina de humo para cubrir la inoperancias de las autoridades frente a al narcotráfico”.
Por su parte, la Diputada Camila Vallejo, señaló que “no solamente estamos ante una consulta que ha excedido las atribuciones jurídicas y administrativas de los municipios, sino que también tenemos un problema de fondo, aquí hay un 91% de la población que le dio la espalda a la consulta sobre la cual los municipios pretenden imponer una restricción de derechos”.
“Cuando una sociedad busca restringir derechos, particularmente a los menores de edad, no lo puede hacer simplemente por vía administrativa en un municipio. Esto es un tema delicado, que involucra una discusión legislativa, y por cierto en primera instancia consultarle a los menores”, añadió la Parlamentaria por el Distrito 12, que incluye a la comuna de La Florida.
Finalmente, el abogado Luis Cuello enfatizó que “la Contraloría ha establecido claramente que los recursos financieros de las municipalidades deben destinarse exclusivamente al logro de sus objetivos propios. Imponer un toque de queda es completamente ajeno a una municipalidad. En esta consulta se contraviene también el principio de probidad, pues se empleó a personal y recursos en una consulta inútil, cuyo propósito es imposible de implementar”.
Desde la Convergencia Nacional de Gremios Pymes rechazaron el protocolo de “Modernización Tributaria” firmado por el gobierno, la Democracia Cristiana, además de algunos sectores de Conapyme y la asociación de emprendedores de Chile, al considerar que no representa de manera alguna el sentir de la pequeña industria y artesanado de nuestro país.
Así lo expreso su dirigente máximo, Roberto Rojas, quien sostuvo que este acuerdo obedece al interés de un gobierno carente de éxito legislativo, una directiva política de la DC que insiste en negociar con el oficialismo y un par de gremios que en definitiva son funcionales al gran empresariado.
El presidente de Conupia explicó que este supuesto compromiso político en favor de las pymes alude a un aspecto especifico de la reforma como es la integración del sistema, la cual no tiene mayor impacto en las Mipymes dado que el 87% de ellas ya posee sistema integrado.
Roberto Rojas advirtió que la denominada integración tributaria que postula el gobierno de Sebastián Piñera, lejos de beneficiar a las pymes, busca eximir del pago de cerca de 1000 millones de dólares anuales en impuestos a las grandes empresas de este país, dineros que a diferencia de lo que plantea Hacienda, no van a ir a la reinversión industrial, sino a los bolsillos de los más ricos de Chile.
Del mismo modo, el timonel de la Convergencia Nacional de Gremios Pymes sostuvo que este aparente apoyo que obtendrá su sector en base a este acuerdo, junto con ser ambiguo, revela que el aumento del techo desde 50 mil a 75 mil UF de ventas anuales- proyectados en esta contrarreforma para integrarse al sistema, representará la entrega de beneficios destinados a la microempresa a firmas de mayor envergadura, lo cual claramente resulta muy injusto, enfatizó.
Finalmente, Roberto Rojas fustigó la insistencia de Sebastián Piñera y su administración, por utilizar al gremio de las pymes como bandera de lucha para imponer sus reformas, obviando demandas que son sentidas por su sector ,como son resolver el problema que sufren por la falta de financiamiento o la necesidad de contar con herramientas para el cobro de deudas insolutas -lo que les genera el pago de impuestos ajenos , todos puntos que no son recogidos en absoluto por el gobierno , concluyó el presidenta de la Conupia.