Este lunes comienza la octava semana de paro docente  y junto con ello el Colegio de Profesores realizará una consulta nacional para determinar la continuidad de este movimiento.

A este respecto, la dirigenta regional metropolitana del magisterio, Paulina Cartagena, reconoció que este proceso no ha sido fácil por causa de la tozudez del gobierno a no dar respuesta a un petitorio que buscar un mejoramiento de la educación pública, así como a reivindicaciones  particulares del gremio de los docentes.

Paulina Cartagena denunció incapacidad de quien hoy dirige el Colegio de Profesores, quien a su juicio ha colaborado con el desgaste del movimiento de los docentes al insistir en un sistema de consultas  que sólo buscan reivindicar su posición personal, pero no las demandas en torno  a mejorar la educación.

Paulina Cartagena advirtió  una política permanente de morigerar las demandas de magisterio instalando un idea de un conflicto  interno dentro de la dirección del profesorado, intención que ha sido  favorecida por algunos medios de comunicación.

Finalmente la dirigenta del magisterio, Paulina Cartagena, reflejó en lo que ocurre con la educadoras de párvulos  el interés del Mineduc por mejorar la educación, pues en su última propuesta excluye de los beneficios a estas profesionales, sin considerar la relevancia que tiene la formación inicial de los estudiantes, resultando paradojal viniendo de un gobierno que insistió desde un comienzo en que “los niños son los primero”.

Desde la coordinación de unidad social en que participan organizaciones sindicales, estudiantiles, de DD.HH., territoriales y medioambientales, se refirieron  a la crisis que afecta a la ciudad de Osorno producto del desabastecimiento de agua potable por más de una semana, acusando “negligencia” de ESSAL y el “desprolijo” manejo por parte del gobierno.

Así lo expresó el dirigente nacional de la Confederación Nacional de la Salud Municipal Esteban Maturana, advirtiendo además que esta grave situación que se vive hoy en Osorno, puede confluir en un foco de enfermedades  como hepatitis, tifus y otras patologías infecciosas.

Desde la Coordinadora NO+AFP, su vocera Carolina Espinoza  junto con solidarizar con la comunidad osornina, insistió en la necesidad de estatizar las empresas sanitarias dado su permanente incumplimiento  que afecta a la ciudadanía.

Del mismo modo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa emplazó al Gobierno a declarar a Osorno  zona de catástrofe, pues sólo con esta medida se podrá impedir que muchas empresas locales obliguen a sus trabajadores  a concurrir a sus labores, pese a no contar con el agua para ellos ni para sus familias.

Todos los dirigentes culparon al gobierno por no hacer efectivas las responsabilidades  políticas de aquellos que no han tomado las medidas administrativas para lograr restituir el agua en Osorno, sin perjuicio de la negligencia de las empresas sanitarias que obtienen licitaciones como es el caso de Essal, las cuales no son capaces de  entregar el servicio que han concesionados.

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, convocó a las bancadas parlamentarias a impulsar con suma urgencia una ley de nacionalización del agua, una vez constatado el fracaso de las empresas en la administración del recurso hídrico.

El analista político llamó a romper con la lógica de concesiones y privatización de bienes básicos, iniciada durante la vieja Concertación y profundizada por la derecha económica.

El analista consideró de extrema gravedad que algunos medios de comunicación asocien la crisis sanitaria de Osorno al fenómeno del calentamiento global, sin mencionar las graves repercusiones ambientales del modelo económico.

En su diagnóstico, lo que está ocurriendo en la región de Los Lagos obedece al carácter depredador del neoliberalismo y sus búsqueda frenética de ganancias.

Juan Andrés Lagos explicó que Osorno y otros centenares de comunas sufren la escasez hídrica producto de la mercantilización del agua abalada por la actual legislación.

En ese sentido, aseguró que se requiere de una Nueva Constitución, nacida en Democracia y con enfoque de derechos.

El dirigente comunista añadió que el Estado debe garantizar el acceso al agua en cada zona del país como un derecho elemental, y para ello debe pasar a ser propiedad de todos los chilenos.

El analista Juan Andrés Lagos solicitó a los parlamentarios de oposición que promuevan el traspaso del agua a manos del Estado, ante la pésima administración que ha tenido por parte de empresas como Essal en Osorno y la propia aguas andinas en la región metropolitana.

Desde la  Mesa Social de Osorno criticaron la forma en que el gobierno ha enfrentado la crisis sanitaria surgida por la ausencia de agua potable en la zona hace ya más de una semana.

En primer término, Gabriel González  acusó al Ejecutivo de falta de ética al entregar información falsa a la comunidad sobre esta contingencia, así como la ausencia de medidas concretas como declarar a Osorno como zona de catástrofe.

El dirigente comunal sostuvo que el viaje de Sebastián Piñera a Osorno lejos de solucionar el problema por la falta de agua sólo perseguía lograr un afecto mediático, aprovechando el sufrimiento transversal de la comunidad local.

Así mismo, el personero de la Mesa Social de Osorno Gabriel González  advirtió que este problema causado por el derrame de petróleo de la empresa Essal a las aguas del rio Rahue lamentablemente persistirá, afectando principalmente a las comunidades originarias que viven básicamente de la agricultura y la crianza de animales.

En un sentido similar, la dirigenta Margarita Pérez  detalló que la extensión desmedida del corte de agua en la zona de Osorno, desnuda la falta de previsión y protocolos de la empresa sanitaria, la cual ha sido incapaz de cumplir sus propias promesas.

Margarita Pérez  junto con manifestar la necesidad de  terminar con el contrato sanitario de la empresa Essal, reconoció que un proceso de regionalización efectivo, en donde la autoridades locales tengan autonomía de ejecución, pudo haber resuelto este complejo panorama en Osorno en mucho menos tiempo.

Finalmente los componentes de la mesa social de Osorno lamentaron que recién transcurridos 4 días desde la crisis que originó que cerca de 40 mil familias aun no cuenten con agua, autoridades de gobierno se hicieron presente en la zona, sin embargo esto no se ha traducido en una ayuda relevante ni menos en sanciones especificas por el grave daño causado a la comunidad de la región de Los Lagos.

El ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Árica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena, Vicente Hormazabal, sometió a proceso a dos oficiales en retiro del Ejército, en calidad autores del delito consumado de homicidio calificado del estudiante de la Universidad de Atacama Guillermo Vargas Gallardo.

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Atacama, su presidente Mario Silva, valoró que por fin se dictara procesamiento, luego de 33 años exigiendo verdad y justicia.

Al mismo tiempo, Mario Silva repudió a los criminales de la Dictadura, exigiendo verdad y justicia para todos quienes fueron ejecutados y hechos desaparecer en la región.

En la resolución (causa rol 1-2017), el ministro Hormazábal dictó el auto de procesamiento de Claudio Patricio Raggio Daneri y Guillermo Miguel Riveros Rojas y despachó orden de aprehensión y la prisión preventiva de los exoficiales. Asimismo, ordena habilitar como lugares de detención el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago y el Regimiento de Infantería N° 23 “Copiapó” de la ciudad.

Se cumplen 25 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el gobierno nacional anunció tres medidas para conmemorar un acto terrorista que causó la muerte de decenas de argentinas y argentinos:

• La declaración de Hezbolá como organización terrrorista.
• La declaración del 18 de julio como día de duelo nacional.
• La apertura de un registro de personas afectadas por el atentado para recibir una indemnización.

El Centro Cultural Israelita de Mendoza considera que estas medidas tienen un carácter meramente electoralista, son demagógicas, y no apuntan a resolver el problema principal que se sigue profundizando cuando ya ha transcurrido un cuarto de siglo del trágico hecho. Y ese problema es el de la impunidad que todavía ampara a los autores materiales e intelectuales del atentado.

Hezbolá es una organización islámica musulmana político-militar surgida en El Líbano en 1982, en momentos en que Israel intervenía militarmente en ese país. Ya ha sido declarada como organización terrorista por los gobiernos de EEUU, la Unión Europea y otros más, así que la sumatoria del gobierno argentino a esta caracterización no significará ningún aporte a la investigación y al esclarecimiento del hecho que hoy recordamos. Por el contrario, puede traer como consecuencia el agravamiento de la “islamofobia”, actitud discriminatoria que se expande cada vez más en varios países occidentales y que en nuestro país también ha sido estimulada con procedimientos y declaraciones oficiales en distintas oportunidades.

La declaración de duelo nacional para este día no trascenderá una mera formalidad si no está acompañada de una política de concientización en todo el país sobre las causas y consecuencias del hecho, lo cual está muy lejos de las intenciones del gobierno, ya que significaría poner en evidencia que la política internacional del gobierno en el año 1994, de subordinación a la política belicista y criminal de EEUU y la OTAN contra Irak, Irán y otros países árabes, fue un factor decisivo para que se eligiera a nuestro país para la consumación del atentado, en una acción coordinada de elementos extranjeros y nacionales, entre ellos algunos integrantes de los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad. Y la política exterior del gobierno actual tiene muchos puntos de coincidencia con la política exterior del gobierno menemista.

Si bien no nos oponemos a que se indemnice a las personas que resultaron afectadas, directa o indirectamente, por el atentado a la AMIA, consideramos que el hecho de que se anuncie esta medida un mes antes de las elecciones PASO, recién al final del mandato del actual gobierno, tiñe a este anuncio de un tinte electoralista y no lo convierte en un acto de verdadera justicia. Constituye más un intento de aprovechamiento del dolor y las necesidades de un sector de la población con efectos propagandísticos, pues mientras se promete este beneficio a un sector, se sigue aplicando una política económica y social que priva o restringe los derechos a millones de trabajadores, jubilados, mujeres, pueblos originarios y tantos más.

Hoy, cuando se cumplen 25 años del atentado terrorista contra la AMIA, la investigación policial y judicial no sólo sigue estancada, sino que hasta ha retrocedido, ya que muchas de las pruebas, testigos y evidencias han desaparecido. Somos conscientes que han sido varios los gobiernos que han pasado en todos estos años, y ninguno de ellos fue capaz, por acción u omisión, de instrumentar una investigación a fondo, ni siquiera de crear los instrumentos necesarios para poder iniciarla, tanto en el plano material, como en lo político y legal. Esta política de impunidad, ocultamiento y tergiversación de los hechos y de sus responsables, hoy se agrava con este intento de manipulación por parte del gobierno nacional y la complicidad de un sector de la dirigencia de algunas instituciones judías que se atribuyen la representación de toda la colectividad. Por eso no participaremos en ningún acto de conmemoración con el gobierno nacional ni provincial, y seguiremos luchando por justicia, por el fin de la impunidad, por la formación de una comisión investigadora independiente. Consideramos que sólo el esclarecimiento de la verdad y el castigo a los culpables repararán las heridas causadas por los criminales hace un cuarto de siglo.

Germán Leyens – Presidente del CCI de Mendoza

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, respaldó la propuesta previsional de la coordinadora No Más AFP, asegurando que es el único mecanismo de garantizar pensiones justas y sostenibles en el tiempo.

En ese sentido, Bárbara Figueroa se sumó al llamado de las organizaciones sociales a impulsar un sistema de seguridad social, tripartito y solidario.

Bárbara Figueroa saludó el esfuerzo realizado en el Parlamento por distintas bancadas de oposición en la búsqueda de aumentar las pensiones en un 20%. Sin embargo, aclaró que esa medida debe ir acompañada de mayor justicia social para las mujeres que ejercen labores domésticas no remuneradas.

La presidenta de la CUT dijo que es necesario avanzar hacia un sistema de seguridad social que sea sostenible a largo plazo y ajustado a estándares internacionales en la materia.

Por tanto, la dirigenta sindical criticó la falta de seriedad con que la Democracia Cristiana ha fijado posiciones en este debate.

Respecto a las propuestas de la multisindical, Bárbara Figueroa apuntó a una política de desarrollo nacional, la cual permita realizar inversión pública y entregar montos de pensiones por sobre la línea de la pobreza.

Bárbara Figueroa, concluyó que tanto la reforma previsional del gobierno, como sus iniciativas en el plano laboral, va en la dirección contraria a las propuestas de la CUT y el mundo popular en su conjunto.