(* Profesor, miembro de la comisión política del PC de Chile). Esta socorrida consigna hoy adquiere una radiante realidad. A pesar de la pendular conducta del gobierno, por una parte con una atosigante y truculenta campaña  por seguir presentando la protesta social como un conjunto de hechos delictivos  o al revés,  señalando que comprende sus motivaciones y decir que escuchado el mensaje lo asume como propio, lo cierto es que desde el mismo  señor Piñera, no se quiere o no se puede ver la magnitud de la presente crisis. Un cambio de gabinete intrascendente, un conjunto de medidas paliativas en lo social de tono menor, la búsqueda de diálogos con quienes hoy muy poco definen pretendiendo así escamotear al movimiento social que bajo las banderas de Unidad Social  levanta demandas y propuestas, junto a  la intención de seguir desarrollando en el parlamento su plan legislativo con sus proyectos que concitan el rechazo mayoritario, son claros signos que este gobierno nada comprende, nada desea comprender, no asume en definitiva el fracaso de su  gestión en lo particular, pero menos el agotamiento del modelo de desarrollo que impusieron desde fines de los 70, usando la dictadura militar en tal fin.

El pueblo ha seguido en un estado de movilización social, multiforme y permanente. A las grandes y multitudinarias manifestaciones que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional, se han sumado cabildos o asambleas populares en las cuales han participado miles de compatriotas, el mundo de la cultura se ha sumado con sus propias expresiones y cuando producto de este largo feriado de fin de semana el gobierno pretendía volver a “su normalidad”, han surgido formas de manifestarse novedosas y creativas, como la marcha de mujeres de luto o la funa que realizan jóvenes ciclistas frente a la casa de Piñera.

Este es, a no dudarlo, el más significativo movimiento popular de las últimas décadas en nuestro país, que ya no cuestiona sólo algún aspecto parcial del sistema, cuál fue por ejemplo la educación el 2011 o las AFP en 2016, sino que es todo el sistema lo interpelado. Una reciente encuesta de Termómetro Social realizada por DESOC  y Centro de Microdatos de la U.  de Chile identifica las motivaciones principales de los movilizados, su percepción de las instituciones y sus demandas centrales. Allí resalta con nitidez la exigencia de una nueva Constitución, elaborada en una Asamblea constituyente y plebiscitada,  como el mecanismo central de salida del conflicto.

Para que esto suceda es vital seguir manteniendo la transversalidad y pluralidad del movimiento social, del cual nadie es dueño por lo cual nadie lo puede instrumentalizar. Dentro de esta Unidad Social el bloque sindical está llamado a jugar un rol protagónico, por la solidez y experiencia histórica del movimiento. Todos los otros movimientos son significativos: el feminismo, el movimiento medioambientalista, los pueblos indígenas, los y las pobladores/as, las demandas de salud y educación,  sin duda las organizaciones de derechos humanos, sobre todo ahora en que el Estado ha mostrado su rostro más represivo. Nadie puede desconocer el carácter profundamente político de este movimiento y en consecuencia, obviar el rol que los partidos políticos pudiesen jugar en su desarrollo, siempre y cuando comprendan este rol y no pretendan reemplazar o suplantar a las/los movilizadas/os.

Será la violación de derechos humanos  un tema central que fundamente la acusación constitucional contra el presidente de la república, que se hará próximamente en el Congreso Nacional, usando un mecanismo validado en el actual marco institucional. Más allá del resultado, lo buscado es que la primera autoridad del país asuma la responsabilidad política y ética por los/las asesinados/as, torturados/as, agredidos/as por la fuerza pública en estos días de movilización popular, reviviendo prácticas que esperábamos hubieran quedado como malos recuerdos de la dictadura. En definitiva, reivindicando el derecho del soberano, o sea, el pueblo del cual emana el poder, a expresarse, sin ser objeto de violencia del Estado o de maquinaciones violentistas destinadas a justificar dicha violencia.

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, validó la decisión de su colectividad de impulsar una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera  al considerar que el mandatario de la derecha ha fomentado un terrorismo de Estado, alimentando y profundizando así la crisis social que vive el país.

Al respecto, Carmona, advirtió que Piñera ha infringido gravemente las potestades que les concede la propia Constitución, limitando en forma grosera el legítimo derecho ciudadano a movilizarse.

Del mismo modo el Secretario General del Partido Comunista insistió en que el ejercicio de esta atribución legislativa  en contra de Sebastián Piñera, persigue además un cambio en la sociedad en pos de la justicia social, siendo su primer paso, la elaboración de una nueva Constitución.

Lautaro Carmona agregó que esta expresión de Piñera respecto a que “al interior de Chile existe una Guerra”, ha impuesto la doctrina de que el pueblo es el enemigo a vencer, justificando con ellos la represión y las constantes violaciones a los D.D.H.H ocurridas durante  los últimos días.

Finalmente, el Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmona  adelantó  que ya se han reunido con otros partidos de oposición, así como otras organizaciones  sociales para elaborar una argumentación aun más fuerte, para sustentar esta Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera.

El deporte es un medio para el desarrollo del ser humano, un insumo para la profilaxis. La generación de endorfinas provoca bienestar y mejoras en el estado de ánimo, además de fortalecer los músculos, endurecer los huesos y algo que pocos desatacan: la posibilidad de socializar y de ponerse de acuerdo para llegar a los objetivos trazados a punta de completadas.

En un país donde el 74 por ciento de los habitantes sufren obesidad, y donde los factores que generan esta condición son, principalmente, la falta de tiempo para realizar ejercicio, la cantidad vs calidad de la comida, el exceso de consumo de calorías y el sedentarismo, es inexplicable que a 6 años de la creación del Ministerio del Deporte no tengamos avances en estos nefastos indicadores.

Para qué mencionar el anhelado deseo de ver al menos conversar a los ministerios de educación y deportes, en pro de una política de instalación de alguna actividad deportiva a lo largo de la vida escolar de nuestros niños.

Muy por el contrario, lo más destacado para quienes estamos cercanos al deporte, han sido las pugnas entre el Instituto Nacional del Deporte (IND) y el Ministerio del Deporte, sobre quien debe administrar los recursos y responder ante denuncias por despilfarro de platas y contratación no justificada de asesores por montos millonarios en la gestión de la saliente ministra Kantor.

Hace ya un rato que el mundo del deporte viene recogiendo el mensaje de nuestras autoridades: el Ministerio del Deporte es solo un premio para pagar favores políticos.

Las convulsiones de nuestra sociedad no fueron suficientes y el presidente Piñera lo hizo otra vez, entregando este ministerio como un obsequio a Cecilia Pérez, abogada con un desconocido currículum en lo deportivo y que por estos tiempos es reconocida como la más cercana de sus colaboradoras.

Solo nos queda esperar que, en algún momento, el mundo deportivo tenga la capacidad de manifestarse y poner en la palestra la importancia de la práctica deportiva y la actividad física para un país como el nuestro, que silenciosamente se encumbró en el primer lugar con mayor obesidad infantil en Latinoamérica.

Wladimir Araya Correa

El presidente Regionalista insistió en su proyecto de reforma constitucional que plantea esta salida, y que ya fue presentada en la Cámara de Diputados, y que “ devuelve la soberanía y el poder a la ciudadanía”.

En el marco de la reunión con el nuevo ministro del Interior Gonzalo Blumel, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, insistió en su proyecto de reforma constitucional, presentado hace unos días en la Cámara de Diputados, y que busca dar una salida “a este tsunami que nos pasó por encima a los partidos políticos y también al Ejecutivo”, y que plantea que “de no haber cambios profundos el Presidente de la República y el Parlamento deben renunciar”.

Así lo adelantó en la antesala de la reunión, asegurando que se lo plantearía al ministro Blumel, pues “Si el gobierno no es capaz de promover hoy día mismo, ahora, cambios profundos vamos a tener que ser capaces de poner una situación donde el Presidente tenga que renunciar y también donde los parlamentarios tengamos que irnos, pues hay que entender, que no es solo un problema con el Presidente de la República – que sin duda es quien tiene la mayor responsabilidad -, hay que ponerse en este caso porque aquí este tsunami pasó por sobre todos los partidos políticos y hay que entender eso”.

“Aquí la soberanía reside en el pueblo, y en las crisis democráticas como ésta que es muy profunda, hay que entender que el soberano y el dueño del poder es la ciudadanía, los que votan, y eso es lo que no les gusta a los partidos, parlamentarios ni al Presidente, y hoy día nos han hecho una especie de revocación de mandato, han pasado por encima de nosotros, y si como mundo político no lo entendemos y el Presidente tampoco, que es quien tiene la llave con las reformas legales de hacer cambios profundos hoy día, como terminar con las AFP por ejemplo, entonces nos vamos todos y llamamos a elecciones generales urgentes, y sin reelección. Responsabilidad y radicalidad”.

En este sentido, Mulet recalcó que “la gente necesita saber al tiro que le va a llegar al jubilado una pensión decente; las regiones necesitamos saber cómo vamos a abordar los temas ambientales; cómo vamos a abordar el tema de la Araucanía o las demandas territoriales, y esas son demandas que se las hemos venido pidiendo una y otra vez al gobierno. Formar más comisiones – que al parecer es la única idea que tiene – a juicio de los Regionalistas Verdes no tiene mucho sentido. Necesitamos cambios profundos y si no nos tenemos que ir. La soberanía tiene que volver al pueblo y tiene que haber nuevas elecciones con nuevas autoridades relegitimadas que son las que tienen que  iniciar este nuevo proceso”.

Sin embargo, el también diputado por la región de Atacama, señaló que existe una solución “si es que no queremos llegar a eso, y ésta la tiene el Presidente de la República, pues él quien tiene la iniciativa legal en los proyectos transformadores, y si el Presidente lo hace hoy día con su ministro del Interior o en estos días, podremos desactivar la renuncia, pero sino aquí hay que entender lo radical de lo que viene, y no quedarnos con alguna acusación u otra que por cierto son legítimas, porque el problema es más de fondo”.

“Si el Presidente no es capaz de escuchar no solo a los partidos, porque los partidos hemos sido sobrepasados y hemos hablado con el Presidente en muchas oportunidades, sino que a los que tiene que escuchar es a la Mesa Social, al mundo que está en la calle y que hoy día sobrepasó a los partidos políticos, a ellos si no los escucha y no hay cambios sustantivos, tiene que haber una renuncia y tiene que irse también el Poder Legislativo, insisto sin reelección”, concluyó.

La actual crisis social y política en la que se encuentra Chile es corolario del cúmulo de expectativas frustradas que se han depositado por 30 años en el seno del pueblo y la ciudadanía. Este descontento e infelicidad  es contra una estructura económica basada en la concentración de la riqueza y contra un sistema político que legitima la desigualdad y el abuso de los más ricos. Una y otro, estructura económica y sistema político, se encuentran consagrados en la Constitución Política heredada de la dictadura cívica y militar que gobernó el país desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. En los siguientes 30 años de restringida democracia, hubo distintas maniobras para maquillar la firma del dictador y montar una versión “humana” del neoliberalismo que ha fracasado rotundamente.

En estos días, millones de chilenas y chilenos, avivados por las y los jóvenes secundarios, han decidido evadir y dejar atrás un modelo que los condena al tormento material y a la desesperación espiritual. Chile ha resuelto abrir las calles y alamedas hacia una versión feliz de nuestra historia. Convencidos de que el actual estado de cosas no puede continuar, en su mayoría, los ciudadanos y ciudadanas se han expresado en acciones de protesta, participación y compromiso.

Chile siempre ha sido un pueblo trabajador, solidario y creativo. Sin embargo, durante años, y hasta hoy, nos hicieron creer que el problema es individual, que el bienestar depende del esfuerzo y sacrificio personal. Al final nuestro pueblo, explotado y endeudado, no puede pagar la luz, no llega a fin de mes, no posee plata para la salud, para el arriendo, para el supermercado y otros derechos esenciales que hacen a una vida digna. En tanto, los ricos evaden impuestos y hacen leyes a su medida mediante la corrupción. Los distintos gobiernos postergaron la distribución de la riqueza y se negaron a garantizar los derechos económicos y sociales como una obligación del Estado.

Hoy, ninguna de las medidas anunciadas por Sebastián Piñera han aquietado a la ciudadanía, por el contrario, sólo han exaltado aún más el ánimo y disposición a seguir luchando por respuestas de corto y mediano plazo, que dejen atrás la rancia sociedad neoliberal y funde un nuevo marco de relaciones sociales que garanticen la socialización de la riqueza, la distribución de beneficios y la reconfiguración del poder en pos de un desarrollo integral de la persona y las comunidades.

No existe ninguna solución a los problemas planteados por la ciudadanía dentro de los márgenes y reglas establecidas en la Constitución de 1980.  El pueblo exige en las calles una Nueva Constitución. El plebiscito es hoy la opción para una salida democrática a la crisis. El gobierno y el Congreso Nacional están interpelados a dar cauce a un proceso urgente que permita que el pueblo decida con su voto. Negarse o postergar indefinidamente este camino sería dar la espalda a la ciudadanía.

La actual crisis no da espacio para la gimnasia política. La ciudadanía requiere de una respuesta rápida, transparente y concreta.

Ya en 2011 como Partido Comunista presentamos una reforma constitucional – aún en tramitación- para que el Congreso pudiera convocar a una Asamblea Constituyente que elaborara un nuevo orden institucional (Boletín 7792-07).

Hoy, como representante del Partido Comunista en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados he presentado, junto a otros parlamentarios, una indicación al proyecto de ley de la ex Presidenta Michelle Bachelet que daba inicio al proceso constituyente (Boletín 11173-07), estableciendo el 15 de diciembre de 2019 como fecha urgente para la realización de un plebiscito, que consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con la elaboración de una Nueva Constitución y si la Nueva Carta Fundamental debe ser redactada mediante Asamblea Constituyente o por el Congreso Pleno.

Llegó la hora de que la Constitución de la República sea inspirada por las aspiraciones y expectativas reales, mediante el ejercicio directo, libre, informado y plural de la ciudadanía.

Por una Nueva, Verdadera y Mejor Democracia, Plebiscito Ahora.

HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ

Diputado Partido Comunista de Chile

Indicación al proyecto de ley que modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República

Boletín N° 11.173-07

Para sustituir el Artículo único por el siguiente:

“Artículo único: Modifícase la Constitución Política de la República, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto supremo Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el siguiente sentido:

                        Agrégase la siguiente disposición vigésimo novena transitoria:

“VIGÉSIMO NOVENA.- Convócase a plebiscito para el 15 de diciembre de 2019 para que la ciudadanía se pronuncie sobre la elaboración de una Nueva Constitución. Para estos efectos el voto será obligatorio.

El voto contendrá dos preguntas que estarán formuladas en los siguientes términos :

1.- “¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una nueva Constitución Política de la República?” Las opciones serán “apruebo” o “rechazo”.

2.- “Si usted aprueba la elaboración de una Nueva Constitución, ésta debe ser redactada por” :

Las opciones serán “a) Una Asamblea Constituyente” o “b) El Congreso Pleno”.

De pronunciarse la ciudadanía por una asamblea constituyente, ésta será conformada por 198 ciudadanos elegidos a través de voto universal. El Presidente de la República enviará al Congreso, en el plazo de treinta días contados desde la celebración del plebiscito, un proyecto de ley que establezca el procedimiento de elección de los delegados a la Asamblea Constituyente, de carácter proporcional y que garantice la debida representación de todos los sectores sociales, políticos y de pueblos indígenas. Promulgada la ley, el Presidente de la República convocará a la elección de los delegados a la Asamblea Constituyente, la que se llevará a efecto dentro del plazo de 60 días contados desde el momento de la promulgación de la ley a que se refiere este párrafo.

No podrán ser candidatos a delegados a la Asamblea Constituyente las siguientes autoridades:

a) El Presidente de la República;

b) Ministros de Estados;

c) Subsecretarios;

d) Intendentes y gobernadores ;

e) Diputados y senadores;

f) Miembros de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Constitucional.

El Congreso Pleno o la Asamblea Constituyente, en su caso, tendrán un plazo de treinta días para constituirse y establecer los mecanismos y formas de funcionamiento en su cometido. Con todo, el Congreso Pleno o la Asamblea Constituyente, una vez constituidos, tendrán un plazo de 6 meses para elaborar y aprobar el texto final de la Nueva Constitución.

Una vez elaborado el proyecto, con su texto final, ya sea por una Asamblea Constituyente o por el Congreso Pleno, éste será sometido a Plebiscito para su aprobación o rechazo, dentro de los 60 días siguientes al de su entrega al Presidente de la República. La opción que obtenga mayor número de votos se entenderá como aprobada por la ciudadanía, conforme a la calificación que efectúe el Tribunal Calificador de Elecciones. Para estos efectos, los votos en blanco y nulos se considerarán como no emitidos.

Una vez aprobada en plebiscito por la ciudadanía la Nueva Constitución, el Tribunal Calificador de Elecciones comunicará al Presidente de la República dicha aprobación, el cual deberá promulgar la nueva carta fundamental dentro del plazo de 20 días contados desde dicha comunicación y su publicación en el Diario Oficial se efectuará en el plazo de 5 días siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio”.

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, sostuvo que la derecha junto a sectores de la exconcertación se han resistido a realizar las transformaciones que hoy reivindica la ciudadanía.

El parlamentario recordó que durante 20 años su colectividad fue excluida de la vida política por querer romper con los enclaves dictatoriales de la Constitución aún vigente.

El diputado Hugo Gutiérrez explicó que la actual Constitución está mandatada a resguardar el modelo neoliberal, promoviendo la desigualdad y la acumulación de la riqueza.

Asimismo, el congresista aclaró que la única salida a este conflicto es una nueva constitución nacida en democracia, ya sea por la vía de un plebiscito, cabildos y otro mecanismo.

El diputado Hugo Gutiérrez repudió que la Constitución permita a dictar estados de excepción en virtud de la Dictadura, pues eso sólo ha traído muertes y graves violaciones a los Derechos Humanos.