(Vicepresidente nacional del Colegio de Profesores). Para comprender los objetivos que persigue la derecha al intentar reponer la selección por mérito en el sistema escolar es preciso comprender cuál fue el objetivo fundamental de la ley de Inclusión. Dicho objetivo fue someter los intereses privados al interés público, emparejando la cancha para terminar con los problemas de segregación.

Los cambios
impuestos en dictadura implicaban la convicción de que el sistema educativo en
su conjunto sería de mejor calidad y más eficiente no gracias a la acción del
Estado, sino como resultado de las acciones que los individuos realizan
libremente en su propio beneficio. Para materializar esta convicción la derecha
destruyó la educación pública e institucionalizó lo que ha sido llamado mercado
educativo, superponiendo los intereses particulares al interés general y
pretendiendo transformar la educación en un bien
de consumo producido por una industria
educacional.

En el mercado los
intereses privados encontrarían libertad para expresarse y generarían
espontáneamente beneficios sociales. El esquema de mercado funcionaría más o
menos así: el empresario, que tiene el interés particular de transformar
recursos públicos y dinero de las familias en ganancias privadas, va a
esforzarse por ofrecer educación de calidad, ya que su negocio depende de la
preferencia de los apoderados. Las familias por su parte persiguiendo el
interés particular de educar de la mejor manera posible a sus hijos van a
elegir la mejor opción a su alcance. Como resultado tendríamos escuelas
impulsadas, por la competencia, a mejorar constantemente, cuestión que a la
larga produciría un mejor sistema educativo. Sin embargo, la promesa neoliberal
jamás se cumplió. La investigación educativa ha demostrado vastamente que la
mercantilización de la educación no ha hecho más que profundizar la
desigualdad. 

En este esquema de
mercado la selección exhibe sus peores características, pues implica
discriminación de estudiantes por parte de los sostenedores para alcanzar fines
particulares, esto es, exhibir mejores resultados en pruebas estandarizadas
para ser más atractivos en el mercado. En este contexto, la selección no es un
reconocimiento del esfuerzo, sino un mecanismo empresarial para asegurar la
calidad de un servicio. 

Sin embargo, la
selección independientemente del contexto (sistema privatizado o completamente
público) privilegia intereses particulares y atenta contra el interés general
que debe perseguir cualquier sistema educativo: ofrecer a todos y todas las
mismas oportunidades educativas independiente del origen socio-económico y
cultural. Ello implica asumir que hay una igualdad intrínseca entre los y las
ciudadanas, expresada en el reconocimiento de un derecho inalienable.  

La selección atenta
contra dicho interés general por dos razones. En primer lugar, la selección (por
mérito o por cualquier otro factor) implica que las oportunidades educativas no
son para todos ni para todos iguales y que, por lo tanto, la segregación
escolar es una característica inherente de los sistemas educativos. En segundo
lugar, en la medida en que la segregación es un hecho, es decir, es inevitable
la desigual distribución de las oportunidades educativas, existirían
distinciones arbitrarias entre los ciudadanos, en virtud de las cuales unos
tendrían derecho a un tipo de educación y otros, a otros tipos. La selección
escolar implica, entonces, discriminar arbitrariamente (distinguiendo entre
ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría) y utilizar recursos
públicos para beneficiar a unos en desmedro de otros, acentuando la desigualdad
de origen y profundizando la desigualdad social.

Como respuesta a
los vicios generados por un sistema educativo orientado por fines particulares
que niegan el interés general del cual hemos hablado, el pasado gobierno dictó
la llamada Ley de Inclusión.  Con esta
ley se ha conseguido por primera vez en casi 40 años que los principios de la
educación pública sean los que orienten el sistema educativo en su conjunto y
no ya intereses individuales que se abrirían paso solo en un contexto de
competencia.

Cuando el Estado
garantiza un derecho no puede perseguir intereses particulares, es decir, no
puede, entre otras cosas, generar ganancias privadas, ni cobrar a las familias
ni discriminar. Esto significa que la educación provista por el Estado debe
necesariamente estar abierta a todos y todas, porque los y las reconoce como
ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. En consecuencia, haber
terminado con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos
privados que reciben financiamiento estatal, significó extender en todo el
sistema educativo principios fundamentales de la educación pública.

Lo que busca hoy la
derecha desde el gobierno (pues ya lo intentó cuando se discutía la ley de
Inclusión, acudiendo al Tribunal Constitucional) es alcanzar un triunfo
ideológico para instalar la idea de que el destino de cada cual depende exclusivamente
del esfuerzo personal, pues lo que está en juego no es “reconocer el valor y
legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país”
ni “devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus
hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos”
(como señaló Piñera en una reciente columna publicada en El Mercurio), sino los
principios normativos del sistema educativo. La derecha busca instalar la idea
de que la desigualdad es una característica inherente de toda sociedad (de allí
que sea legítimo seleccionar) y que no hay nada ni nadie (ni siquiera el
interés general que se puede expresar a través del Estado) que podría
cambiarlo.   

Hoy es el momento de frenar a la derecha, defender lo
avanzado y profundizar los cambios. Los triunfos en el ámbito educacional nos
pueden abrir paso para lograr definitivamente que sean los intereses de la
inmensa mayoría de la población y no los de los grandes grupos económicos
(encabezados por un puñado de familias) los que orienten el destino del país.  

Una grave denuncia realizó el Partido Por la Democracia en contra del  Seremi de Gobierno de la Séptima Región, Jorge Guzmán, luego que el Intendente del Maule, Pablo  Milard, entregara asignaciones de funciones a un estudio jurídico local  en que el que participaba  el propio Guzmán, militante -junto a sus socios- del partido oficialista Evópoli .

Alertados por sus dirigentes locales de esta grave e irregular situación, el PPD a través de su Secretario General, Sebastián Vergara, expresó que más allá del ámbito legal, la designación arbitraria por parte del intendente Milard de una empresa asesora sin establecer los principios  mínimos de transparencia, constituye un hecho que se aleja de los estándares de probidad y ética que hoy demanda la ciudadanía.

El dirigente nacional del PPD además cuestionó fuertemente
que los profesionales contratados –y que son parte del estudio jurídico en que participaba
 el Seremi Jorge Guzmán ,hayan recibido
altas sumas de dinero por esta labor encomendado por la intendencia Maulina,
aprovechando presumiblemente  la
influencia política del Secretario Regional Ministerial  de Gobierno ,designado por Sebastián Piñera.

Sebastián Vergara expresó que esta denuncia que ha
promovido su colectividad en la Región del Maule, evidencia un capítulo más de
la historia de nombramientos irregulares y nepotismo que han marcado la gestión
de la Derecha a cargo del país, la cual ha sido repudiada por la ciudadanía,
tal como la reflejan las exiguas cifras de aprobación que recibe actualmente el
Ejecutivo.

Finalmente el Secretario General del PPD anunció que junto a los directivos locales del Maule, solicitaran explicaciones al gobierno y en particular a la portavoz de la Moneda Cecilia Pérez, no descartando recurrir a la Contraloría General de la República para que se pronuncia sobre esta hecho claramente irregular, y de cuya resolución puede surgir la petición de destitución del Intendente de la Séptima Región Pablo Milard, así como del Seremi Jorge Guzmán.

El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó el llamado a la unidad de la madre de la ex presidenta Michelle Bachelet, expresado durante la tradicional Fiesta de los Abrazos realizada por el PC durante el pasado fin de semana, pese a los complejos momentos por lo que se atraviesa tras la votación de la ley de migraciones de Piñera-

En ese sentido, el analista político valoró que todos los asistentes a dicha festividad coincidieron en la necesidad de generar la más amplia unidad del mundo progresista, sin trabas ni exclusiones.  

El dirigente comunista se mostró preocupado por la dispersión de la centro-izquierda en el parlamento, donde sectores de la Democracia Cristiana y el Partido Radical votaron a favor del proyecto de ley sobre migraciones, favoreciendo así que el Gobierno siga cursando políticas retrogradas en la materia.

Juan Andrés Lagos afirmó que el debate generado en la Fiesta de los Abrazos viene a reafirmar la voluntad mayoritaria de las distintas fuerzas progresistas, de avanzar hacia una convergencia social y política que les permita derrotar electoralmente a la derecha, para responder a las grandes demandas ciudadanas.

Además, el analista político indicó que la Fiesta de los Abrazos dejó abierto el debate en torno a las demandas históricas del pueblo mapuche, planteadas en la oportunidad por Marcelo Catrillanca, padre del comunero asesinado por efectivos del GOPE. 

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que cada fuerza política debe asumir que postura adoptar frente al llamado del PC a la unidad, considerando que si la oposición sigue fragmentada, la derecha podría ganar las elecciones municipales, de gobernadores regionales y Cores.

Ya está por presentarse el proyecto “Admisión Justa” con que el gobierno pretende cambiar la forma de postular a los colegios y liceos, volviendo al antiguo sistema que prioriza las calificaciones. La oposición se ha manifestado en contra de este proyecto de ley, incluso afirmando que rechazarán la idea de legislarlo. El Colegio de Profesores también ha fijado posición sobre la materia.

Ante esto, el Vicepresidente del magisterio  rechazó tajantemente este proyecto, así lo manifestó el histórico dirigente gremial Jaime Gajardo quien se explayó sobre la materia.

La ley de inclusión fue promulgada por Michelle Bachelet en 2015, y Sebastián Piñera argumenta que esta tiene falencias y es por eso que debe ser cambiada. Gajardo comentó que el presidente está ocupando mal el concepto.

Esta semana, Piñera se refirió a la “industria” de la educación, rectificando dicho término después de miles de críticas en el congreso, Twitter y la ciudadanía, cambiando el término a comunidad un día después. Aquí Jaime Gajardo cree que no fue un error ocupar la palabra Industria.

El rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, se mostró a favor de la ley que impulsa el gobierno. Mientras que los diputados Jaime Bellolio de la UDI y Giorgio Jackson de Revolución Democrática, tuvieron un duro encuentro a través de Twitter por centrar el debate el talento de los jóvenes y los colegios emblemáticos. En este sentido, Jaime Gajardo cree que ese no es el camino.

Se proyecta que se presente en los próximos días el proyecto a la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia, así los parlamentarios tendrán un plazo de sólo 15 días para despacharlo.

Con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) una pareja gay con 19 años de relación – el periodista Ramón Gómez y el diseñador gráfico Gonzalo Velásquez – presentaron un recurso de protección ante tribunales para que se les permita contraer matrimonio. 

Uno de los voceros del Movilh, Diego Ríos, dijo esperar un fallo positivo, ya que la Corte Suprema ha reconocido el matrimonio igualitario como un derecho humano.

Por su parte, la abogada del Movilh, Mónica Arias, aclaró que cumplen con todos los requisitos legales para que el recurso de protección sea declarado admisible a tramitación. Además, explicó los fundamentos de esta acción legal.

En tanto, el periodista Ramón Gómez explicó que solicitan al Estado que se reconozca su relación, tal como ocurre en el caso de las parejas heterosexuales, entregando derechos y protección a los menores que buscan adoptar.

El diseñador gráfico, Gonzalo Velásquez, agregó que buscan la misma dignidad que se entrega a cualquier familia que se quiere y ama.

Cabe recordar que el registro Civil negó este martes una hora de matrimonio a la pareja creadora del cuento “Nicolás tiene dos papás”, argumentando la entidad estatal que tal unión está prohibida por la legislación chilena. Los afectados presentaron un recurso de protección con el patrocinio del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). La pareja explicó que en la actualidad su principal motivación para contraer matrimonio es adoptar un niño o una niña.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, respaldó las demandas salariales y laborales de CGS, una de las empresas de call center más grandes del país, cuyos empleados se encuentran en huelga desde el pasado nueve de enero.

La dirigenta sindical criticó la falta de voluntad de diálogo de la empresa, encabezada por el yerno de Sebastián Piñera, Pablo Rossel. En ese sentido, denunció que los empresarios cuenten con el respaldo del gobierno para intentar destruir los sindicatos, lejos de promover el diálogo entre las partes.

La presidenta de la CUT acusó una fuerte ofensiva empresarial hacia los sindicatos, mediante una serie de presiones que buscan invalidar la acción colectiva, en el contexto de la grave crisis de empleabilidad que golpea al país.

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté impulsando reformas regresivas contra derechos sindicales, en vez de proteger a los miles de trabajadores que se han visto afectados por la ola de despidos cursada en el sector público y privado.

En ese sentido, la líder de la CUT informó que este viernes su consejo directivo nacional ampliado junto a empresarios van a analizar los desafíos en materia de relaciones laborales, junto a concretar la fecha del segundo paro nacional activo, convocado por la multisindical para abril.

Bárbara Figueroa convocó al mundo social y político a enfrentar de manera unida las contra reformas del Gobierno en el ámbito laboral, de educación y pensiones, así como re posicionar el debate en torno a iniciativas pro empleo.

Siguen las evaluaciones políticas de la trigésima primera versión de la Fiesta de los Abrazos que cada año organiza el Partido Comunista de Chile. A modo de balance de lo que fue este evento político cultural 2019, el Secretario General de la colectividad, Lautaro Carmona, dijo que se logró contribuir al debate programático de la centro izquierda y de los sectores progresistas con miras a construir la más amplia unidad al servicio del país.

Así lo señaló el dirigente político en entrevista con el noticiero matinal de nuestra emisora donde expresó los principales aspectos del balance que hizo la colectividad del evento popular y cultural que congregó en sus dos días a cerca de 20 mil personas.

Respecto a su participación en el foro político central de la Fiesta de los Abrazos, el Secretario General del PC destacó que por ejemplo, junto al presidente del partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, coincidieron en el valor que tiene la unidad programática como instrumento estratégico para conquistar posiciones de poder en los procesos electorales venideros.

Por otro lado, Lautaro Carmona informó que el próximo lunes se reunirá el bloque de los partidos Comunista, Progresista y Federación Regionalista Verde Sopcial, con las colectividades que integran Convergencia Progresista: radicales, socialistas y PPD.

El encuentro, según detalló Carmona, busca poner al centro la exigencia de unidad, en un contexto donde la dispersión de fuerzas progresistas termina beneficiando a la derecha.

Consultado por la interpelación de la oposición hacia el ministro del interior, el secretario general del PC indicó que la exigencia permanente de que renuncie Andrés Chadwick, devela ante la comunidad internacional, las responsabilidades políticas del Gobierno en el caso Catrillanca.

El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aclaró que los organismos internacionales están al tanto de la tensión cada vez mayor de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado, producto de la política de militarización y violencia con que el Gobierno sigue esquivando las demandas del pueblo mapuche.