Unidad Para el Cambio, a través de sus parlamentarios, presentaron un Proyecto de Reforma Constitucional que crea un procedimiento para elaborar una nueva Constitución, que incluye entre otros aspectos: un mecanismo para zanjar diferencias en el órgano constituyente; paridad de género; cuota para pueblos originarios; voto obligatorio y participación de jóvenes a partir de los 14 años; y que la nueva Constitución tenga como base los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que esta moción recoge las principales aspiraciones que la ciudadanía ha expresado a través de cabildos auto convocados a lo largo y ancho del país.

Lautaro Carmona aclaró que el movimiento social de forma participativa es quien debe definir los quórum y funcionamiento de una Asamblea Constitucional, resguardando tanto paridad de género, como la proporcionalidad de los pueblos originarios.

El secretario general del PC añadió que este proyecto de Reforma Constitucional está representando plenamente las exigencias del bloque sindical de Unidad Social.

En ese sentido, Lautaro Carmona valoró el rol que ha jugado la mesa de Unidad Social en el nuevo escenario político del país, marcado por el proceso constituyente en curso.

Un proyecto legislativo elaborado por los parlamentarios de los partidos que son parte de Unidad Para el Cambio se presentó este martes, en el marco del debate nacional respecto de la nueva Constitución.

La propuesta busca que el pueblo, como soberano y titular de la potestad constituyente originaria, debe decidir si quiere darse una nueva Constitución y cómo debe ser su mecanismo de cambio.

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Unidad Para el Cambio propone que la propia Asamblea Constituyente defina su quórum

Este martes 26 de noviembre, los parlamentarios de Unidad Para el Cambio, presentaron un Proyecto de Reforma Constitucional que crea un procedimiento para elaborar una nueva Constitución, que incluye entre otros aspectos: un mecanismo para zanjar diferencias en el órgano constituyente; paridad de género; cuota para pueblos originarios; voto obligatorio y participación de jóvenes a partir de los 14 años; y que la Nueva Constitución tenga como base los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Un proyecto legislativo elaborado por los parlamentarios de los partidos que son parte de Unidad Para el Cambio se presentó este martes, en el marco del debate nacional respecto de la nueva Constitución.

La propuesta busca que el pueblo, como soberano y titular de la potestad constituyente originaria, debe decidir si quiere darse una nueva Constitución y cómo debe ser su mecanismo de cambio.

La diputada Camila Vallejo (PC) señaló al respecto que pese a que el bloque no es firmante del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, como Unidad para el Cambio “tenemos pleno convencimiento de que es necesario avanzar hacia un proceso constituyente que lo inició el movimiento popular, el movimiento social de Chile”.

En ese sentido, Vallejo adelantó que las propuestas presentadas recogen las percepciones de los alcaldes mapuche, pueblos originarios, organizaciones feministas, estudiantes secundarios, las que “hemos querido materializar en una iniciativa legislativa que la ponemos a disposición del debate”.

“Uno de estos elementos tiene que ver con tener la alternativa de la Asamblea Constituyente con plenos poderes constituyente y no con limitaciones en materia de quórum; tiene que ver con la posibilidad de que los jóvenes desde los 14 años puedan participar de todos los procesos; que el voto sea obligatorio; paridad de género en la constitución de la Asamblea Constituyente; con escaños reservados para los pueblos originarios, entre otras materias”, apuntó la parlamentaria.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, señaló que lo que buscan también es “poder aportar una mirada territorial que ha sido el énfasis nuestro desde las regiones, pues esta Unidad para el Cambio viene siendo partes de cabildos desde hace mucho rato, no solamente porque en algún momento lo declara el gobierno, y desde ahí que es tan importante esta propuesta que hoy día estamos haciendo, pues estamos recogiendo lo planteado por  los territorios, cuestión que había estado ausente hasta ahora”.

“Hay una ciudadanía, son varios millones de chilenos y chilenas que están en la calle y eso no se reflejó en el acuerdo de hace un par de semanas, cuya puesta en escena remontaba más bien con la política de hace 30 años, y hoy día lo que es necesario tiene que ver con como recogemos la información, el aporte del ciudadano y la ciudadana, de Arica a Punta Arenas, en el valle, en la zona rural, en el mundo mapuche y en el mundo andino. Es hacia allá a donde apuntamos, intentado recoger en gran medida como un aporte lo que los ciudadanos que han estado en la calle en las últimas semanas han expresado”, concluyó.

Finalmente, el senador Alejandro Navarro (PRO-PAÍS), sostuvo que “esta propuesta lo que hace es retomar que el poder constituyente radica en la ciudadanía y no radique en los partido políticos. Este es un debate al que no vamos a renunciar y es un debate que no está en el acuerdo que firmaron los partidos  y que la ciudadanía ha reclamado en la calle.

“El parlamento no puede cerrarse, no puede haber predestinado una forma constituyente sin haber consultado a la ciudadanía de manera plena, amplia y natural”, detalló el senador.

Dentro de las propuestas, se señala respecto del quórum para dirimir diferencias: “En el caso que el órgano constituyente establezca un quórum superior a mayoría absoluta para sus decisiones sobre el texto constitucional, deberán someterse a referéndum aquellas decisiones que haya logrado reunir una votación equivalente a mayoría absoluta y menor al quórum establecido en particular tratándose de los derechos fundamentales, tanto en su ejercicio como en su protección”.

En tanto, sobre la incorporación de los tratados internacionales sobre DDHH, el texto señala: “Ninguna Constitución Política podrá emplearse de forma supletoria para la elaboración de la nueva Constitución. Sin perjuicio de ello, se tendrán por incorporados todos los tratados internacionales de derechos humanos”.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único: Añádase la siguiente disposición transitoria a la Constitución Política de la República:

VIGÉSIMA NOVENA:

Numeral 1) Sobre el órgano constituyente El Presidente de la República deberá convocar al pueblo, en abril del año 2020, a Plebiscito para preguntarle sobre la elaboración de una Nueva Constitución. El voto contendrá dos preguntas, formuladas en los siguientes términos:

1.- “¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una nueva Constitución Política de la República?” Las opciones serán “apruebo o rechazo”.

2.- “Usted prefiere que la nueva Constitución Política sea redactada por:” Las opciones serán

       “a) Una Asamblea Constituyente

1. b) Una Convención integrada por ciudadana/os y parlamentaria/os.”

 El resultado del plebiscito obliga a la elección de los integrantes del órgano constituyente en un plazo mínimo de seis meses y máximo de ocho. La elección de los delegados constituyentes no será incompatible con otros procesos electorales ya previstos.

Numeral 2) El voto será obligatorio en todos y cada uno de los actos electorales a que se refiere esta disposición transitoria, para todos los chillenos mayores de 16 años, y voluntario para las y los mayores de 14 y menores de 16.

Numeral 3). De pronunciarse la ciudadanía por una Asamblea Constituyente, esta estará formada por 340 delegados, estará representada por un 50% de hombres y 50% de mujeres y garantizporcentaje de escaños reservados para todos los Pueblos Originarios, conforme a los tratados internacionales suscritos por Chile.

Una ley establecerá el procedimiento de elección de los delegados constituyentes, garantizando la debida participación de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales e independientes.

Dicha ley deberá considerar a lo menos los siguientes criterios:

1. Deberá establecer los procedimientos para garantizar paridad de género en la composición de la
2. Deberá establecer los procedimientos para garantizar la elección de las y los representantes de los pueblos originarios, en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por
3. Podrán ser candidatos al órgano constituyente todos los mayores de 14 años.
4. Los chilenos que residen en el exterior, deberán participar en todos y cada uno de los actos electorales del proceso referido en esta disposición transitoria, ejeerciendo este derecho conforme a la ley.

Numeral 4) El Presidente podrá contemplar en cada órgano constituyente propuesto en el plebiscito dispuesto en el numeral 1), la existencia de un número de ciudadanos que serán integrados por sorteo de personas habilitadas para votar excluyendo a quienes tengan militancia legal en partidos políticos, quienes ejercen cargos de elección popular y demás autoridades señaladas en el numeral siguiente. Este número deberá estar establecido en el decreto que convoque a Plebiscito.

Numeral 5). No podrán ser candidatos a delegados a la Asamblea Constituyente las siguientes autoridades:

1. El Presidente de la República;
2. Ministros de Estado;
3. Subsecretarios;
4. Intendentes, Gobernadores y consejeros regionales
5. Alcaldes
6. Concejales
7. Diputados y Senadores;
8. Magistrados de    los    tribunales   superiores   de    justicia   y delTribunal Constitucional
9. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
10. General Director de Carabineros y Director General de la Policía de Investigaciones
11. Contralor General de la República
12. Tesorero General de la Republica
13. Fiscal Nacional del Ministerio Público

Numeral 6) Las y los delegadas y delegados electos para integrar el órgano constituyente no podrán acceder a cargos de elección popular por los siguientes dos años desde su elección.

Las y los delegados constituyentes, solo podrán ejercer facultades constituyentes las que serán incompatibles con otras facultades ejecutivas, legislativas y judiciales.

El abogado de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, sostuvo que el principal eje de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera radica en su responsabilidad, tanto política como jurídica en las violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos, tras el estallido social en Chile.

Luis Cuello dijo que el mandatario infringió abiertamente la Constitución y las leyes, comprometiendo gravemente el honor de la nación, siendo éste el fundamento de la acción impulsada por su colectividad.

Luis Cuello repudió que Sebastián Piñera siga dando señales de respaldar públicamente a Carabineros, ignorando las consistentes denuncias de tortura, homicidio y lesiones graves.

En ese sentido, el abogado acusó al gobierno de apaciguar la disidencia política por la vía represiva, ejerciendo violencia estatal contra las manifestaciones pacíficas.

Luis Cuello criticó que Carabineros insista en el uso de perdigones, pese al lapidario informe de Amnistía Internacional sobre ataques generalizados y sistemáticos a gente desarmada.

El abogado de la bancada comunista concluyó que la violencia policial fue aumentando desde el primer día del estallido social, tanto en número como gravedad.

En ese sentido, Luis Cuello ratificó que Sebastián Piñera tiene la responsabilidad jurídica y política de las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas durante este periodo.

Asimismo, los parlamentarios reiteraron su solicitud de hacer una distinción en el subsidio de ingreso mínimo entre micro y mediana empresa, a fin que no se aplique a grandes empresas que sí pueden subir el sueldo de sus trabajador@s.

Los diputados de Oposición de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidenta, Gael Yeomans (CS), junto a Alejandra Sepúlveda, Maite Orsini (RD), Gabriel Silber (DC) y Gastón Saavedra (PS), hicieron un llamado al Gobierno a responder su propuesta de Sueldo Mínimo presentado la semana pasada, y que busca llegar a los $430 mil líquidos para todos los trabajadores.

Al respecto, la diputada Yeomans señaló que “Creemos que es necesario avanzar al aumento del salario mínimo a 550 mil pesos bruto, porque es un objetivo que una familia de 4 personas pueda contar con la superación de la línea de pobreza como ingreso y debería ser trazado en esta oportunidad”.

Además, según explicó la carta, que fue entregada ayer a distintos ministros de Estado, considera específicamente una propuesta de salario mínimo de $550.336 bruto, lo que se traduce en $435.536 líquidos, y asimismo, plantea hacer una distinción en el subsidio de ingreso mínimo entre micro y mediana empresa, confirmando el rechazo de la Oposición a que este subsidio se aplique a grandes empresas que sí pueden subir el sueldo de sus trabajador@s.

“Por eso solicitamos con urgencia una respuesta del Ejecutivo a esta carta, creemos que esta es la forma de abordar el aumento de salarios en Chile y esperamos esa respuesta para tener una sesión de hacernos cargo de este tema, pero hacernos cargo en serio y no a través de una subsidio, que ya sabemos es la receta vieja para resolver estos problemas. Ya hemos visto su consecuencias, este subsidio que se paga con la plata de todas las y los trabajadores profundiza la desigualdad”, aseguró la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans.

Por su parte, la diputada de la federación regionalista verde Social, Alejandra Sepúlveda, recalcó que “este subsidio es absolutamente regresivo, y nadie puede entender que se le esté entregando a las empresas más grandes también que son quienes tienen los recursos, en desmedro de las micro y pequeñas empresas.

“Nosotros lo único que queremos es que el ministerio del Trabajo, y la ministra Zaldívar en particular, entienda que tiene que subir el salario mínimo a las grandes empresas sin subsidio, y de esa manera priorizar los recursos para subsidiar a las pequeñas y medianas empresas. Ojalá que el gobierno entienda y no se siga haciendo el sordo como lo ha hecho hasta ahora”, concluyó.

Gael Yeomans:

Alejandra Sepúlveda:

Este martes se vivió una multitudinaria jornada de huelga nacional convocada por el bloque sindical de Unidad Social, en repudio a las violaciones de Derechos Humanos cometidas tras el estallido social, así como la forma en la que se han realizado los acuerdos entre el Congreso y el Ejecutivo, sin responder a la demanda de transformaciones estructurales.

Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP, destacó que el eje central de este movimiento es garantizar un paquete de medidas sociales que contemplen la instalación de un verdadero sistema de seguridad social.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, destacó la masiva movilización de las organizaciones sociales, exigiendo una Asamblea Constituyente sin trampas, agenda social profunda y término de las violaciones a los Derechos Humanos.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo esperar que el pliego de los trabajadores se pueda concretar, paralelamente a poder resguardar el carácter democrático del proceso constituyente.

Además, Bárbara Figueroa dijo que su petitorio debe ir de la mano de un Plan de Retención del Empleo, porque de lo contrario sólo se garantiza el ingreso de los empresarios.

Decenas de organizaciones sociales que conforman el colectivo, llamaron a la ciudadanía a participar de la paralización en diversas actividades productivas y de servicios en todo el país, junto con caceroleos y acciones para presionar al Ejecutivo y la clase política, con el objetivo de que las autoridades consideren la agenda social emanada desde la población movilizada.

Palabras de nuestra presidenta Bárbara Figueroa (@Barbara_figue) en el cierre de la masiva marcha convocada por #UnidadSocial en el marco de la #HuegaGeneral del día de hoy 📺 Puedes ver en vivo lo que pasa en el escenario aquí 👉 https://t.co/4O1UgjXAbz pic.twitter.com/4wSXe0PeIG

— CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) November 26, 2019

✊ Avanza la marcha de las y los trabajadores movilizados en el marco de la #HuegaGeneral convocada por el #BloqueSindical de #UnidadSocial 📺 Mira la transmisión en vivo del escenario ubicado en Plaza Los Héroes aquí 👉 https://t.co/4O1UgjXAbz #ParoNacional pic.twitter.com/8kdyFw4Vdm

— CUT Chile ✍️🗳 (@Cutchile) November 26, 2019

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Declaración Pública

Unidad Social rechaza anuncio Presidencial de Ley que pretende involucrar a las FF.AA. en el orden público

Unidad Social rechaza categóricamente el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de presentar un proyecto de Ley para que las Fuerzas Armadas protejan la “infraestructura crítica” del país sin necesidad de que exista un estado de emergencia o de excepción. Quienes acepten la idea de legislar la militarización de las calles del país, serán cómplices de la represión que se desatará sobre nuestro pueblo movilizado. Esta acción es contradictoria incluso con la actual Constitución rechazada por la ciudadanía y atenta contra la democracia y los derechos de las y los ciudadanos de Chile. el anuncio del presidente es aún más grave cuando el Estado de chile enfrenta hoy 6 demandas interpuestas por Walmart (propietarios de Líder y otros) donde esa empresa indica que el gobierno no ha reprimido lo suficiente y exige aún más represión. ¿Será que en el futuro tendrán que salir los militares a nuestras calles por presión de las grandes corporaciones transnacionales?

El Presidente Piñera enfrenta una Acusación Constitucional presentada en la Cámara de Diputados por su directa responsabilidad política en las graves violaciones individuales y colectivas perpetradas en contra de la población chilena por parte de agentes del Estado durante el estado de emergencia decretado para hacer frente a las multitudinarias movilizaciones pacíficas en todo el país. El Presidente Piñera, su ex Ministro del Interior Chadwick y el Ministro Blumel, enfrentan, hasta la fecha 3, querellas y denuncias criminales en los Tribunales de Justicia por sus responsabilidades en contra de los derechos humanos individuales y/o colectivos de quienes se han movilizado.

La paz y el orden público pasan por el fin de la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos del conjunto de la población, los que han sido gravemente vulnerados desde el 18 de octubre pasado, como lo han denunciado públicamente, organismos de Derechos Humanos nacionales como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el INDH y el Centro de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y organismos como Amnistía Internacional.

En consecuencia, las organizaciones y movimientos sociales integrantes de Unidad Social rechazamos la propuesta de Piñera que busca establecer una fachada legal para gobernar bajo un estado de emergencia permanente.

Chile atraviesa una profunda crisis social, institucional y de representación y, en ese contexto, llamamos a las y los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados a rechazar activamente el Proyecto de Ley propuesto por Piñera.

Convocamos al pueblo de Chile ha rechazar con activa movilización el mencionado Proyecto que atenta contra la democracia y la verdadera Paz social que Chile necesita.

Unidad Social

Santiago, 26 de noviembre de 2019.

En el marco de la votación de la Ley de Presupuesto 2020, la parlamentaria criticó la negociación en el Senado que eliminó la indicación aprobada en la Cámara.

La jefa de la Bancada Regionalista, diputada Alejandra Sepúlveda, criticó la eliminación por parte del Senado de la indicación aprobada en la Cámara de Diputados, que planteaba aumentar la Pensión Básica Solidaria en un 50%.

En este sentido, la diputada e integrante de la Comisión de Trabajo, apuntó directamente al Ejecutivo quien “insiste en su postura de aumentar en dicho porcentaje solo las pensiones a partir de los 80 años”.

“Nosotros lamentamos que el Ejecutivo todavía no entienda que el 50% de aumento solo a los mayores de 80 años, es absolutamente insuficiente, postura que por cierto ha sido mal recibido por la comunidad, sobre todo por los adultos mayores que veían veían con mucha esperanza el aumento que habíamos hecho en la Cámara de Diputados y que sinceramente esperábamos que el Ejecutivo entendiera dada la crisis que hoy día tenemos y pudiera haber respaldado la propuesta en el Senado”.

La ley de presupuesto 2020, pasará ahora a Comisión Mixta, para concordar, entre otras materias, una propuesta sobre el aumento de las pensiones básicas solidarias y el subsidio al transporte público para adultos mayores.

Cinco partidos políticos de oposición suscriben documento “Propuesta soberana: Chile decide”, que pretende sumar apoyos para impulsar un gran acuerdo entre el mundo político, social y ciudadano, para salir de la crisis política e institucional que atraviesa el país.

El Partido Progresista, el Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Regionalista Verde Social y el Partido Igualdad, suscribieron un documento que recoge las principales demandas de la “agenda social” que se han plateado en las movilizaciones ciudadanas; exige un compromiso por la verdad y justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la semanas de movilizaciones y plantea la necesidad de una política de reparación a las victimas; y realizan una serie de propuestas para renovar el acuerdo suscrito por algunos partidos de oposición y la derecha la semana pasada en materia constitucional, poniendo el acento en el papel soberano que debe tener todo proceso constituyente, y que en el caso del acuerdo ya firmado, no se cumpliría.

En materia constitucional, proponen que, en el plebiscito de abril del 2020, se incluya la alternativa de una Asamblea Constituyente Soberana, que no sea cercenada desde su origen por los acuerdos entre los partidos políticos en el parlamento, ya que estos carecen de legitimidad. Para ello, plantean la conformación de una comisión política-social-académica, incluso con la posibilidad que la integren expertos internacionales, que proponga un sistema electoral propio para la elección de los delegados constituyentes, que asegure representatividad, proporcionalidad e igualdad en la competencia.

Señalan, además, que la Asamblea Constituyente, al ser un ente soberano, debiese tener la posibilidad de definir por si misma los quórums para adoptar sus acuerdos. No obstante, proponen que no baje de los 3/5 el quórum para la adopción de acuerdos. Y en aquellas materias en que no se logre un respaldo de los 3/5, pero que hayan alcanzado la mayoría absoluta calificada, deben ser objeto de resolución ciudadana mediante plebiscitos intermedios.

Finalmente, y siguiendo la experiencia constituyente en Colombia, proponen un proceso deliberativo previo con amplia participación ciudadana en cabildos locales, y que podría ser organizado por las Universidades Chilenas, y en el cual se prepare un proyecto de Constitución y emanen las propuestas y mandatos a los delegados constituyentes.

Adicionalmente, los partidos que suscribieron la propuesta respaldaron el llamado a Huelga General y Paro Nacional que la Mesa de Unidad Social convocó para mañana lunes 25 y martes 26, y llamaron a la ciudadanía a apoyar esta movilización, masivamente y en paz.

Conozca íntegra la “Propuesta Soberana”

PROPUESTA_SOBERANA (1)

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, justificó la acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera al considerar que el mandatario ha contribuido al clima de conflicto, represión y violencia que ha experimentado el país durante el último tiempo.

Para el timonel comunista, el gobierno de manera irresponsable, justifica la violación a los DD.HH.  en los casos de disturbios y saqueos, olvidando que en un estado de derecho, son los tribunales quienes deben sancionar este tipo de hechos.

Del mismo modo, Guillermo Teillier, advirtió que existe de manera  generalizada un clima de decepción respecto a lo que ha sido la gestión de Piñera al mando de la nación, lo cual ha obligado a su gobierno a cambiar en parte su agenda neoliberal.

Así mismo, el diputado Guillermo Teillier comentó que la Acusación Constitucional en contra de Sebastián Piñera se sustenta además en impedir que prolifere en el país un sentido persistente de impunidad.

Finalmente, el presidente del partido Comunista Guillermo Teillier consideró de extrema gravedad que pese a los sucesos ciertos de violaciones  a los DD.HH. ocurridos en los últimos días en Chile, el gobierno no reciba a los representantes  de Amnistía Internacional, y más aun,  avale el actuar agresivo y brutal de Carabineros y el Ejército en contra de la población.

Desde Amnistía Internacional Chile cuestionaron la postura adoptada por el Gobierno y la FF.AA, al rechazar el informe que da cuenta de graves violaciones a los DD.HH.  ocurridas en nuestro país durante las últimas semanas, surgidas por causa de la represión policial.

Así lo comentó el vocero este dicho organismo, Roberto Morales, quien expresó que es lamentable que tanto el Ejecutivo como las entidades castrenses no perciban este informe como un elemento  determinante  para entender lo que ha ocurrido en  Chile  durante el último  mes, así como para esclarecer las responsabilidad  personales  ante la brutal agresión sufrida por  la ciudadanía.

El activista por los DD.HH, insistió en que Amnistía Internacional no es ni amiga ni enemiga de este Gobierno, si no es una organización  que tiene el deber de denunciar  los múltiples  casos de atropellos a las derechos mas esenciales de las personas ,como son  las agresiones físicas  y por cierto las muertes ocurridas, en este marco de crisis social.

Roberto Morales  se refirió al informe de Amnistía Internacional Chile, detallando algunos de los casos de personas perdieron la vida por causa de la represión de los uniformados, señalando que preliminarmente estos hechos caerían en el tipo penal de asesinato, y por ende deben ser investigados por los Tribunales  de Justicia.

Según el informe de Amnistía Internacional Chile, Sebastián Piñera decidió sacar al Ejército a las calles “a pesar de los nefastos precedentes históricos que ha atravesado el país”. Los ataques de los agentes del Estado, indica este documento, han dejado “un saldo atroz”, que no son “aislados ni esporádicos”, sino “una política de castigo que tiene el objetivo de dañar”.