Dirigentes políticos Lautaro Carmona y Alejandro Navarro cuestionaron el principio de acuerdo al que habrían llegado una parte de senadores de oposición con  el gobierno, en torno a la polémica reforma tributaria.

Para el senador del partido Progresista, Alejandro Navarro, el Ejecutivo tras esta aparente apertura al dialogo, encierra un interés de agilizar su propia agenda social, la cual no representa ningún avance para la ciudadanía.

En tanto, el Secretario General del partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que precisamente  lo que las mayoría de las personas  rechazan en estas movilizaciones, son estos diálogos a puertas cerradas, que propicia el ministerio de Hacienda con algunos parlamentarios que si bien se  dicen ser de oposición, parecen no entender el sentir popular.

Del mismo modo, el dirigente comunista emplazó a los senadores que han negociado con el ministro de Hacienda a marcar en forma clara su posición respecto al petitorio que han entregado las distintas  organizaciones sociales a Sebastián  Piñera.

Lautaro Carmona sostuvo que todos estos pactos suscritos entre personeros de oposición  con el gobierno van a cambiar tras una modificación en la Constitución, pues ya no podrán conformase sólo con lo posible, debiendo lograr avances concretos y sustanciales para todos los chilenos.

Finalmente el Secretario General del Partido Comunista se refirió a una de las demandas más sensibles  en este escenario de efervescencia ciudadana como  es un ingreso salarial, mínimo de 500 mil pesos, señalando  que si el Estado o los empresarios creen que esto es fomentar un derroche, incurren  ambos, en una profunda injusticia para con los trabajadores.

Ante las masivas denuncias de violación de derechos humanos que han sido conocidas y reportadas por la ciudadanía en las últimas semanas, en el contexto de crisis social que vive nuestro país.
Ante las declaraciones públicas de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, que buscan ocultar y/o minimizar los graves hechos de violencia ejercidos por parte de agentes del Estado.
Constatando, con preocupación, que la institucionalidad de protección de los derechos humanos se encuentra sobrepasada y que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar que cuente con los recursos humanos y materiales suficientes para ejercer su misión.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales – ANEF – y las Asociaciones de Funcionarias/os Públicas/os abajo firmantes, representativas de las instituciones del Estado que cumplen funciones y responsabilidades directas en la promoción y protección de los derechos humanos, en nuestra condición de representantes sindicales, hemos decidido organizarnos y constituir el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, como espacio de diálogo y trabajo colaborativo, que nos permita relevar conjuntamente las problemáticas estructurales, así como las falencias en la gestión de coyuntura que afectan a nuestros servicios y que hoy limitan el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile de proteger a las personas que habitan nuestro país, frente a los abusos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Afirmamos que nuestro país vive la peor crisis de violación masiva e indiscriminada de derechos humanos desde el término de la dictadura cívico-militar. Y, en este contexto, expresamos nuestro tajante rechazo y máxima preocupación por las declaraciones de autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas, y las de Orden y Seguridad Pública que minimizan, relativizan o niegan la gravedad de la situación.
Denunciamos estas actuaciones, que provienen desde el propio Estado, que invisibilizan y respaldan los graves hechos de violencia estatal ocurridos en contra del conjunto de la población, y particularmente los que han afectado a los sectores más vulnerados de nuestras sociedad, como lo son las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes al pueblo mapuche, personas migrantes, entre otros.
Alertamos que las conductas de estas autoridades lindan peligrosamente con el incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales que recaen sobre ellas, que debieran ser las primeras en tomar acciones para detener estas prácticas inaceptables y garantizar el que sean investigadas, sancionadas y, sus víctimas, reparadas. De lo contrario, nuestra sociedad corre el riesgo de permitir no sólo su continuidad y normalización, sino que se construya un camino de completa impunidad, repitiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país, como lo fue la dictadura cívico-militar.
Nuestra decisión es organizarnos y movilizarnos para alzar la voz y exigir a nuestras autoridades una actuación activa y a la altura de lo que internacionalmente se exige aplicar ante hechos de vulneración de derechos humanos, así como también denunciar las falencias institucionales de las que hemos sido testigos durante estas semanas de movilización social, porque entendemos que aquel es nuestro deber como funcionarios/as públicos/as al servicio de la ciudadanía.
Hemos identificado barreras que se vinculan directamente con la falta de canales confiables de información y denuncia; publicación de cifras sensibles cuya rigurosidad metodológica se desconoce; dificultades para entregar orientación, información y defensa jurídica a víctimas que además tienen calidad de imputadas; retrasos y dificultades para la plena aplicación de convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos; ausencia de coordinación interinstitucional y canales más expeditos para facilitar posibles denuncias; entre otras.
De acuerdo a las cifras entregadas públicamente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, se registran 4.316 personas detenidas en comisarías, 1.574 personas heridas en hospitales, grupo dentro del cual se registran 157 registran heridas oculares y 5 con pérdida ocular. Asimismo, se han presentado 18 acciones judiciales por violencia sexual, cuyas víctimas han sido en su mayoría mujeres y personas LGBTI.
Las cifras señaladas son altamente preocupantes, más cuando diversos organismos como la Defensoría Penal Pública, han expuesto cifras propias significativamente mayores, y nos obligan a mantenernos alerta para impedir que violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Compartimos la necesidad de máxima responsabilidad de todos los actores que difundan y publiquen información en la materia, pero esta exigencia no debe ser usada como medio para invisibilizar la gravedad de la situación que vive la población.
En este contexto, y asumiendo plenamente su gravedad y complejidad, el Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos, hace el siguiente llamado a la ciudadanía, pero con particular urgencia a las autoridades responsables:
1. Expresamos nuestro respaldo a la denuncias que se han realizado y hacemos un urgente llamado a la población para que toda persona cuyos derechos humanos han sido vulnerados, en el contexto de la movilización social, formalice la denuncia, a fin que los hechos sean debidamente investigados.
2. Proponemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a requerir al gobierno se traslade en comisión de servicio a los/as funcionarios/as públicos/as de otras reparticiones que estén dispuestos a ser voluntarios/as en las tareas del INDH y cuenten con las competencias técnicas y profesionales para apoyar sus tareas en esta situación de crisis. Asimismo, proponemos que se amplíen estas medidas a los/as profesionales abogados/as voluntarios/as que se ofrezcan para la presentación de querellas y seguimiento de los procesos que implican.
3. Instamos al Ministerio Público a tomar las medidas institucionales pertinentes para incentivar la realización de denuncias, acercando este procedimiento a la población, como por ejemplo a los lugares de primera llegada de las víctimas, como lo son los hospitales, consultorios, y comisarías. En el caso de las dependencias de Carabineros, resulta indispensable que los fiscales actuantes no sólo procesen las denuncias entregadas por dicha institución, sino que establezcan procedimientos que garanticen el derecho de cada persona a denunciar las vulneraciones de derechos a las que pudiera haber sido sometida.
4. Instamos asimismo a la Defensoría Penal Pública a tomar medidas institucionales para instruir en la misma dirección recién mencionada, respecto del rol institucional que les corresponde en la provisión de la defensa penal, garantizando que efectivamente se realicen y se continúe con el procedimiento de seguimiento de las denuncias de las personas que representan cuando estas se han puesto en conocimiento del juez de garantía.
5. Requerimos al Servicio Médico Legal para que active de forma plena los Protocolos de Minnesota y de Estambul, particularmente respecto de las instalación de supervisión imparcial y de acceso a la prensa para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. Asimismo, resulta indispensable el fortalecimiento del equipo que realiza este tipo de peritajes, y que se garantice la celeridad de las atenciones.
6. Exigimos a las autoridades del Ministerio y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, las Sras. Isabel Plá y María Carolina Plaza respectivamente, así como a la del Instituto Nacional de la Juventud, el Sr. Mirko Salfate, que terminen con el silencio que han mantenido y actúen en concordancia con su mandato institucional y tomen medidas activas para proteger a las víctimas de violación de derechos humanos.
7. Finalmente, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional para el año 2020, demandamos a los/as parlamentarios/as que incorporen partidas presupuestarias que fortalezcan la institucionalidad de derechos humanos, particularmente, como una lección de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo, proponemos que se instauren partidas presupuestarias especiales asignadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que permitan a esa institución gatillar recursos adicionales para enfrentar situaciones de crisis cuyo uso sea resorte exclusivo y autónomo de dicha institución y no dependan de la definición del Ejecutivo.
Asimismo, resulta indispensable que se garanticen los recursos necesarios para los largos procesos de denuncia, investigación, sanción y reparación que vendrán por delante.
Finalmente, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a todos/as los/as funcionarios/as del Estado a movilizarse y trabajar conjuntamente para que estos hechos no sigan produciéndose y reafirmemos nuestra convicción de ser participantes activos de la lucha social por reivindicar nuestros derechos, y los de las mayorías de nuestro país, que hoy se han levantado como banderas de la Movilización Ciudadana.

Frente de Trabajadores/as Estatales para la Protección de los Derechos Humanos

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ANFUDDHH
Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, AFFINDH
Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del INDH, ANDEDH
Asociación Nacional de Funcionarios/as del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ANFUSEM
Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ANFUMEGG
Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, AFINJUV
Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, ANFUMIP
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte, AFFREMCEN
Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, ANFMSL
Asociación Nacional de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, AFUDEP

El economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Andrés Solimano, sostuvo que la Constitución chilena es una anomalía, respecto a las transiciones post dictatoriales del mundo.

En ese contexto, el profesional respaldó la demanda ciudadana de un nuevo modelo de desarrollo para el país, sobre la base de una Constitución nacida en democracia.

A juicio del economista, una nueva Constitución debiera romper con la lógica del Estado subsidiario que por 40 años ha favorecido la concentración de la riqueza en el sector privado.

Andrés Solimano dijo que el tema de fondo es cómo el Gobierno se hará cargo de la crisis del modelo neoliberal, más allá de las medidas parciales que ha anunciado.

Por otro lado, el presidente del CIGLOB afirmó que más allá del aumento de la pensión básica, es necesario dar el debate sobre pisos mínimos para salarios y pensiones.

El economista Andrés Solimano concluyó que la Constitución actual se transformó en disfuncional y un obstáculo a los cambios que Chile exige.

El presidente del partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, acusó una campaña mediática del gobierno para impedir que se realice un plebiscito ciudadano en torno a elaborar una nueva Constitución.

A juicio de Teillier, existe un interés del oficialismo  de privilegiar sus intereses  de clase, tras la negativa a cambiar la Carta Fundamental aprobada en Dictadura.

El timonel comunista advirtió  que el Ejecutivo busca ganar tiempo  para favorecer sus propuestas, las cuales excluyen absolutamente  la opinión del mundo social.

Guillermo Teillier sostuvo que la oposición no debe caer en este diálogo de sordos que propone Piñera, sino más bien escuchar las demandas  surgidas desde los movimientos ciudadanos.

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier reveló que el gobierno busca aprovecharse de la situación política que vive el país para imponer su agenda al parlamento, la cual como es habitual encierra elementos de profundo retroceso para las gran mayoría  de las personas.

Finalmente el presidente del partido Comunista, Guillermo Teillier, calificó como interesante , la propuesta que busca realizar la elección de una Asamblea Constituyente e   forma paralela a los comicios municipales, al considerar que gran parte de las injusticias  sociales y los cambios que requiere Chile pasan necesariamente  por una nueva Constitución , concluyó Guillermo Teillier.

Como insuficiente calificó el alcalde Cerro Navia, Mauro Tamayo, el balance obtenido tras la reunión de la mayoría de los ediles de la región Metropolitana con el recién asumido ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Para el jefe comunal de Cerro Navia  el gobierno carece de la voluntad para propiciar  los cambios estructurales que requiere el país, al eludir un debate tan necesario como es una nueva Constitución.

Mauro Tamayo sostuvo que este malestar ciudadano que hoy vive el país persistirá, mientras  no se enfrente el centro del problema cual es la enorme desigualdad en la entrega de recursos por parte del Estado a los distintos municipios.

Así mismo, el alcalde de Cerro Navia expresó que la lucha especialmente de las comunas más vulnerables no es obtener algunos privilegios, sino más bien igualar los beneficios y oportunidades a las que acceden municipios con más ingresos.

Finalmente, Mauro Tamayo reivindicó la experiencia de los cabildos comunales, pues es la única forma de lograr poner atención respecto a las demandas más urgentes de los vecinos, las cuales también deben ser acogidas por el gobierno central, concluyó la máxima autoridad de Cerro Navia.

El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, anunció que como parte de la Mesa por la Unidad Social seguirán movilizados  ante un gobierno que insiste su negativa al dialogo.

Del mismo  modo, el dirigente sindical  enfatizó que seguirán en la lucha por frenar la agenda legislativa de Sebastián Piñera, al no contener ésta demandas tan relevantes como es, entre otras, un cambio a la Constitución por medio sw una Asamblea Constituyente.

Nolberto Díaz denunció que hoy el país carece de una conducción, al existir un gobierno que les miente descaradamente a los chilenos, propicia montajes policiales  y promueve reuniones con gente afín de su  ideología para crear así un falso clima de normalidad.

El Secretario General de la CUT, expresó que este Ejecutivo  encabezado por Sebastián Piñera desde el principio, ha intentado prescindir de la opinión y voluntad de las mayorías, lo cual en definitiva ha detonado este fuerte estallido ciudadano.

Finalmente, Nolberto Díaz rechazó de manera categórica la violencia policial y la orden de investigar a los distintos dirigentes  sociales,  insistiendo en que en cualquier democracia representativa  esto podría significar  la destitución inmediata de las autoridades causantes de estas acciones de represión.

(* Profesor, miembro de la comisión política del PC de Chile). Esta socorrida consigna hoy adquiere una radiante realidad. A pesar de la pendular conducta del gobierno, por una parte con una atosigante y truculenta campaña  por seguir presentando la protesta social como un conjunto de hechos delictivos  o al revés,  señalando que comprende sus motivaciones y decir que escuchado el mensaje lo asume como propio, lo cierto es que desde el mismo  señor Piñera, no se quiere o no se puede ver la magnitud de la presente crisis. Un cambio de gabinete intrascendente, un conjunto de medidas paliativas en lo social de tono menor, la búsqueda de diálogos con quienes hoy muy poco definen pretendiendo así escamotear al movimiento social que bajo las banderas de Unidad Social  levanta demandas y propuestas, junto a  la intención de seguir desarrollando en el parlamento su plan legislativo con sus proyectos que concitan el rechazo mayoritario, son claros signos que este gobierno nada comprende, nada desea comprender, no asume en definitiva el fracaso de su  gestión en lo particular, pero menos el agotamiento del modelo de desarrollo que impusieron desde fines de los 70, usando la dictadura militar en tal fin.

El pueblo ha seguido en un estado de movilización social, multiforme y permanente. A las grandes y multitudinarias manifestaciones que se han dado a lo largo de todo el territorio nacional, se han sumado cabildos o asambleas populares en las cuales han participado miles de compatriotas, el mundo de la cultura se ha sumado con sus propias expresiones y cuando producto de este largo feriado de fin de semana el gobierno pretendía volver a “su normalidad”, han surgido formas de manifestarse novedosas y creativas, como la marcha de mujeres de luto o la funa que realizan jóvenes ciclistas frente a la casa de Piñera.

Este es, a no dudarlo, el más significativo movimiento popular de las últimas décadas en nuestro país, que ya no cuestiona sólo algún aspecto parcial del sistema, cuál fue por ejemplo la educación el 2011 o las AFP en 2016, sino que es todo el sistema lo interpelado. Una reciente encuesta de Termómetro Social realizada por DESOC  y Centro de Microdatos de la U.  de Chile identifica las motivaciones principales de los movilizados, su percepción de las instituciones y sus demandas centrales. Allí resalta con nitidez la exigencia de una nueva Constitución, elaborada en una Asamblea constituyente y plebiscitada,  como el mecanismo central de salida del conflicto.

Para que esto suceda es vital seguir manteniendo la transversalidad y pluralidad del movimiento social, del cual nadie es dueño por lo cual nadie lo puede instrumentalizar. Dentro de esta Unidad Social el bloque sindical está llamado a jugar un rol protagónico, por la solidez y experiencia histórica del movimiento. Todos los otros movimientos son significativos: el feminismo, el movimiento medioambientalista, los pueblos indígenas, los y las pobladores/as, las demandas de salud y educación,  sin duda las organizaciones de derechos humanos, sobre todo ahora en que el Estado ha mostrado su rostro más represivo. Nadie puede desconocer el carácter profundamente político de este movimiento y en consecuencia, obviar el rol que los partidos políticos pudiesen jugar en su desarrollo, siempre y cuando comprendan este rol y no pretendan reemplazar o suplantar a las/los movilizadas/os.

Será la violación de derechos humanos  un tema central que fundamente la acusación constitucional contra el presidente de la república, que se hará próximamente en el Congreso Nacional, usando un mecanismo validado en el actual marco institucional. Más allá del resultado, lo buscado es que la primera autoridad del país asuma la responsabilidad política y ética por los/las asesinados/as, torturados/as, agredidos/as por la fuerza pública en estos días de movilización popular, reviviendo prácticas que esperábamos hubieran quedado como malos recuerdos de la dictadura. En definitiva, reivindicando el derecho del soberano, o sea, el pueblo del cual emana el poder, a expresarse, sin ser objeto de violencia del Estado o de maquinaciones violentistas destinadas a justificar dicha violencia.