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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, alertó sobre el peligro que representa la designación del militante democratacristiano, Sergio Micco como nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Según la dirigenta de derechos humanos, dicho nombramiento obedece a una operación de la derecha para limitar las acciones emprendidas en el ámbito de derechos, tanto en el plano reproductivo, como aquellos vulnerados durante la Dictadura.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos explicó que el nuevo director del INDH fue electo de forma consensuada, debido a su cercanía con posturas que relativizan la defensa de los Derechos Humanos.
Lorena Pizarro apeló a la urgencia de modificar la actual normativa del INDH, para garantizar la autonomía e independencia del organismo, acorde a los principios de Paris, los cuales fueron elaborados en el primer Taller Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1991.
La elección de Sergio Micco, militante de la Democracia Cristiana (DC), como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por el periodo 2019-2022, ha causado controversia en la oposición, que acusó una “operación del gobierno” en contra de la directora saliente, Consuelo Contreras.
Este miércoles 31 de julio, el diputado comunista Hugo Gutiérrez junto al abogado Fernando Monsalve, llegaron hasta la sede de la Fiscalía Nacional para solicitar a su director, Jorge Abbott, que se aboque a la investigación de las denuncias dadas a conocer por investigaciones periodísticas que dan cuenta de la evasión de pago de contribuciones en viviendas consideradas “de lujo”.
Según señalara el diputado, “creemos que hay la ocurrencia de ilícitos penales de fraude al fisco, porque entiendo que si en su oportunidad cuando se denunciaron estos hechos por primera vez y no se hizo nada y siguió hasta el día de hoy, prefiriendo cobrarle a la dueña de un quisco y no ir a a cobrarle los impuesto territoriales a Vitacura, creo que en esa decisión algo huele a delito”.
En esa línea, Gutiérrez remarcó que “cuando se determina que es mejor cobrarle al panadero por no entregar la boleta y no ir a cobrarle a quien hace pasar su territorio como terreno agrícola y así no pagar los impuestos correspondientes, hay delitos que deben ser investigados”.
En concreto, el diputado aboga por la clarificación y responsabilidades de los últimos siete directores del Servicio de Impuestos Internos y otros funcionarios de la entidad, quienes podrían haber generado una política para que los “súper ricos” pagaran montos irrisorios por concepto de contribuciones.
“Hemos estimado que en consideración a los antecedentes entregados por sendos reportajes, en cuanto a que hay cientos de personas que evaden el pago de sus contribuciones, el impuesto territorial, es necesario saber si en lo denunciado hay una política determinada del Servicio de Impuestos Internos. Aquí hay un lucro que debieron haber recibido tanto las municipalidades como el Fondo Común Municipal y eso tiene implicancias en lo presupuestario de las municipalidades”, detalló Hugo Gutiérrez.
Por su parte, el abogado Fernando Monsalve, agregó que “queremos la investigación de los últimos siete directores del SII, por no fiscalizar. La excusa no es la falta de personal, porque el país sabe que se fiscaliza a algunas personas y a otras no. En este caso no se estaba fiscalizando, pese a denuncias previas desde el año 2012 a los denominados súper ricos. Esto implicaría necesariamente dejar de percibir miles de millones de pesos”.
Según lo expuesto por la investigación periodística, en tan solo dos de los casos presentados se habrían dejado de pagar cerca de 30 mil millones de pesos, equivalentes, por ejemplo, al presupuesto total de la municipalidad de Recoleta.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira; la representante del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume, Ida Sepúlveda; el Premio Nacional de Arquitectura, Miguel Lawner; y la coordinadora de la Red de Sitios de Memoria, Shaira Sepúlveda, entre otros activistas de los derechos humanos y el patrimonio, se reunieron para denunciar la compleja situación de protección que enfrentan la Villa San Luis y el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, declarados Monumento Nacional en la categoría de histórico, el 2017 y 2019 respectivamente.
El pasado mes de junio se acordó revocar la declaratoria de Monumento Nacional a la Villa San Luis, cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno. Asimismo, la reciente declaratoria del Cofomap generó una serie de cuestionamientos desde el oficialismo, específicamente de la UDI y RN, por su vínculo con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lugar durante la dictadura cívico militar.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que esta revocación no es al azar, ya que responde a una escalada de atentados contra monumentos y sitios de memoria.
En ese sentido, Alicia Lira acusó una política económica y negacionista por parte de los sectores que fueron cómplices activos de la dictadura militar y pretenden eliminar la memoria histórica del país.
La presidenta de la AFEP ratificó que se sumarán a todas las acciones que emprenda la Red de Sitios de Memoria a nivel nacional, más los integrantes de la Villa San Luis.
Las declaratorias de Monumento Nacional para los sitios de memoria son parte de las obligaciones de los Estados para avanzar en las garantías de no repetición y para la reparación simbólica de las víctimas. El Consejo de Monumentos Nacionales ha ido especializándose en la particularidad de estas declaratorias de monumentos nacionales en la categoría de históricos para los sitios de memoria vinculados con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura cívico militar, aportando con ello a los compromisos adquiridos por el Estado en materia de justicia transicional.