El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, acusó una reacción de manada, por parte de sectores anticomunistas que buscan excluir políticamente a todos quienes han planteado la necesidad de introducir reformas sustantivas al modelo neoliberal.

En su diagnóstico, esta arremetida apunta a generar conflictos que permitan reponer la lógica de los “grandes consensos” entre la vieja Concertación y la derecha política – económica.

Juan Andrés Lagos explicó que esta “reacción de manada”, cuenta con el patrocinio de los grandes consorcios mediáticos, en su búsqueda por debilitar las posiciones ideológicas que representa el partido Comunista junto a otras fuerzas progresistas.

El dirigente del partido Comunista consideró de mucha hipocresía política que los presidentes de la Democracia Cristiana y el PPD utilicen la situación de Venezuela para tratar de aislar y excluir a su colectividad.

El profesional de las comunicaciones  denunció que algunos medios han apelado a falsas divisiones políticas dentro del PC, ya que en términos hegemónicos, el sistema mediático está dirigido a golpear a las fuerzas emancipadoras de izquierda.

El periodista destacó la coalición “Unidad Para el Cambio” como un nuevo sujeto político con amplia representación parlamentaria y sustento programático para derrotar a la derecha en los próximos desafíos electorales.

En ese sentido, Juan Andrés Lagos aclaró que “Unidad Para el Cambio” no va a alcanzar acuerdos con la Democracia Cristiana y el PPD, si esos partidos insisten en aprobar las contrarreformas del Gobierno.

Finalmente, el analista Juan Andrés Lagos descartó que puedan generar acuerdos con aquellos sectores que han respaldado las contrarreformas del Gobierno, en beneficio del gran empresariado.

Paulina Cartagena, dirigenta del Colegio de Profesores, afirmó que el paro nacional docente estuvo marcado por la tozudez de la ministra de educación, Marcela Cubillos y el desgaste que sufrió el movimiento producto de los errores de conducción dentro del magisterio.

Sin embargo, Cartagena destacó la amplia participación y unidad con que se desarrollaron las marchas durante los 50 días de paro indefinido.

La dirigenta del magisterio informó que el acuerdo alcanzado no contempla demandas fundamentales como son la deuda histórica y la defensa de la educación pública, en un contexto donde 400 establecimientos corren el riesgo de ser cerrados.

Paulina Cartagena aclaró que la última oferta del Gobierno no ayuda a evitar el cierre de colegios públicos, aún tratándose de los que atienden a jóvenes de menores recursos.

Paulina Cartagena añadió que la crisis de la educación pública se agrava aún más con la ley Aula Segura, la cual criminaliza al movimiento estudiantil, legitimando la violencia policial en vez de propiciar el diálogo y la convivencia democrática al interior de los establecimientos.

El diputado Hugo Gutiérrez, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara, ingresó en junio de 2018 una reclamación ante la Contraloría General de la República por la falta de fiscalización y control sobre los procesos de alimentación en Junaeb. El parlamentario sostuvo que el informe final del ente fiscalizador es sumamente delicado y espera el pronto pago de las multas asociadas a estas irregularidades.

La Contraloría General de la República dio a conocer el informe final de la auditoría a las empresas que se adjudicaron las licitaciones para la entrega de raciones alimenticias a los niños beneficiarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según el dictamen tanto Junaeb como Junji mantenían una serie de deficiencias en el manejo sanitario de los alimentos que reciben escolares y párvulos en la región Metropolitana. Además se detalla el no pago de multas por un monto cercano a los $20 mil millones, los que Junaeb no ha cobrado a empresas proveedoras entre 2012 y 2018.

En ese marco, el diputado Hugo Gutiérrez, quien inició la reclamación ante la Contraloría, valoró que desde la Cámara de Diputados se esté analizando la creación de una comisión investigadora, dada la gravedad de los antecedentes expuestos por el dictamen.

“Nunca había leído un dictamen tan contundente y tan delicado como el que se realizó sobre Junaeb y Junji, porque inciden en dos temas que son gravísimos”, señaló.

El diputado Gutiérrez detalló que “al decir que la cadena de frío no se respeta, que no hay ningún tipo de plan de contingencia para los residuos de esa alimentación; que hay cuestionamientos a la forma de entregar esos alimentos de niños y niñas; eso amerita una preocupación mayor por parte del país”.

Respecto de las multas no cobradas, el parlamentario agregó que “hay multas por cerca de 20 mil millones de pesos incobrables. Es decir que se le cobró principalmente a una empresa, el consorcio Merkén, y que no se han cobrado. Esos son dineros y recaudación para el Estado chileno. Todas las multas son extinguibles, porque hay un periodo en que todo crédito se debe cobrar, por eso es que la Contraloría da un plazo perentorio de 60 días hábiles desde que se emitió este dictamen, para que tanto Junji como Junaeb puedan dar señales de que se respeta la cadena de frío y que se van a cobrar esas multas”.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, denunció una fuerte ofensiva por parte del gerente general del Cono Sur de Walmart, Horacio Barbeito, luego de que éste acusara al sindicato de trabajadores de LÍDER  de levantar una “huelga artificial”.

Bárbara Figueroa repudió las reiteradas prácticas anti sindicales que tuvo la empresa durante el proceso de negociación colectiva, principalmente la rebaja del bono de término de conflicto.

Asimismo, la presidenta de la CUT rechazó que la Dirección del Trabajo atente contra derechos laborales, en vez de garantizar que sean respetados, en el marco del proceso de automatización de servicios.

Bárbara Figueroa dijo que las declaraciones de Horacio Barbeito dan cuenta de una amplia arremetida del mundo empresarial, la cual se ha visto reflejada en la relativización constante del derecho a huelga.

La presidenta de la multisindical apuntó a la remoción del director del trabajo, Mauricio Peñaloza, como parte del cambio sustantivo requerido para fortalecer espacios de acción sindical y respeto de éstos.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa llamó a reforzar el trabajo con la mesa social y los actores sindicales a objeto de actuar de conjunto ante esta arremetida empresarial.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.

Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.

En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los DD.HH. en cualquier parte del mundo.

Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter democrático y participativo de la revolución bolivariana en curso, así como destacan el sistema de votación directa promovido por el gobierno venezolano y las continuas elecciones y plebiscitos.

El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro.

En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa a Michelle Bachelet ante la coyuntura.

Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y Fuad Chaín.

El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad de hacer grandes cambios institucionales.

El diputado Mulet (FRVS), autor de la medida, explicó que “buscamos ser más severo con las empresas que están hoy día entregando un servicio básico como el agua, pudiendo quitarles la concesión frente a situaciones como lo ocurrido en Osorno, pero evitando la judicialización”.

La Bancada de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes, presentó un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios, ampliando las causales de caducidad y las obligaciones de las concesiones de este tipo de servicios y aumentando las multas por infracciones e incumplimientos.

Al respecto, el diputado y autor del proyecto, Jaime Mulet, explicó que “este proyecto lo que establece son nuevas causales de caducidad para las empresas concesionarias de servicios sanitarios y también eleva las multas que hoy día tiene la Ley General de Servicios Sanitarios, hasta 10 mil UTA en los casos más graves. Y asimismo, establece también la obligación legal de las sanitarias de tener plan de contingencia, de emergencia, que hoy día esto no está establecido en la ley, sino solamente a nivel reglamentario”.

Es este sentido, el parlamentario explicó que “la ley actual considera causales bastante genéricas, lo que hacemos nosotros es especificar algunas de ellas que nos parecen susceptibles para que se provoque la caducidad de la concesión, y frente a situaciones como las vividas en Osorno, impliquen sin dudar que la empresa pierda la concesión, evitando la judicialización”.

“En definitiva, este proyecto lo que busca precisamente es ser más severo con las empresas que están hoy día entregando el agua potable, alcantarillado o la prestación de servicios sanitarios, porque obviamente la legislación es muy blanda, es una legislación hecha a fines de la dictadura, reformada en democracia, pero que obviamente es muy blanda con las empresas de servicios sanitarios. Y a nuestro juicio, hay que establecer penas duras, altas, porque los hechos son muy graves”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Públicas, diputado René Alinco señaló que “lo que queremos hacer con este proyecto, es darle más facultades al Estado, concretamente al ministerio de obras públicas, para terminar con el abuso de estas empresas, que se aprovechan de la poca fiscalización y bajas sanciones, terminando siempre perjudicadas las familias y las personas, que confían en ellas. Porque estas empresas deben entregar si o si, de la mejor manera este servicio, que es el más primordial en las necesidades básicas que tiene el ser humano, que es el derecho al agua y a la higiene en sus hogares”.

Esta semana fue celebrada la quinta Cuenta Pública del Congreso Nacional. El acto realizado en el Salón de Honor del parlamento en Valparaíso, contó con la presencia del Presidente de la República y de ambas Cámaras.

Luego de la ceremonia, el diputado comunista del distrito 13, Guillermo Teillier, sostuvo que en este periodo se evidenció un esfuerzo por modernizar ambas cámaras, pero que también existe la contradicción de la labor del Congreso, donde no puede enviar ciertas leyes ya que dependen  de la voluntad del Ejecutivo.

La Cuenta Pública también trató  la rebaja de la cantidad de parlamentarios.  La propuesta del gobierno fue rechazada en ese entonces por el Parlamento y fue reafirmada en este acto público. En este sentido, el diputado Teillier valoró estas afirmaciones, así como también las materias relacionadas al reconocimiento de los pueblos originarios, y la trascendencia de retomar el cambio a la Constitución.

Con respecto a las cifras entregadas por el Congreso Nacional y la necesidad de apurar los procesos legislativos, el diputado Teillier manifestó que debe existir una salvedad, ya que no debe ser a costa de la calidad de las leyes.

Finalmente, en este periodo se celebraron 108 sesiones de Sala, 20 sesiones especiales y 10 extraordinarias que permitieron dar curso a varios proyectos. Además existen 133 proyectos despachados de la Cámara de Diputados al Senado en primer trámite, 13 proyectos se encuentran en comisiones mixtas, 26 esperan aprobación presidencial y 170 han sido despachados totalmente.

La cuenta, liderada por el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores y el presidente del Senado, Jaime Quintana tuvo diversos matices y tópicos de importancia.

En la ceremonia se evaluó la gestión que han hecho ambas cámaras durante el último año, destacando los proyectos aprobados, los acuerdos generados y los desafíos que tienen por enfrentar.

El presidente de la Cámara Baja, Iván Flores, hizo un llamado a responder las demandas más urgentes y requeridas por la ciudadanía.

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, destacó el compromiso institucional por mejorar el funcionamiento del Congreso, desde la perspectiva de rebajar la dieta parlamentaria y terminar con los privilegios en el ejercicio de la política.

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, valoró que se insistiera ante Sebastián Piñera que no es necesario reducir el número de parlamentarios.

El diputado Humanista, Tomás Hirsch valoró la cuenta pública, pero dijo que también es necesario discutir un sistema unicameral, junto con avanzar hacia uno de carácter semipresidencial.

Durante su respectivas cuentas públicas, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Iván Flores y Jaime Quintana, cuestionaron la reforma constitucional que busca disminuir el número de legisladores y limitar las reelecciones.

En la instancia, Flores comentó que “podemos mejorar nuestra eficiencia y eficacia, sin tener que perder diversidad o representatividad, solo por disminuir parlamentarios como propone el Ejecutivo”.