Proyecto de integración social del ministerio de Vivienda y Urbanismo logró avanzar en la comisión homóloga en la Cámara de Diputados, pero con grandes dudas de algunos parlamentarios que apuntan a materias estructurales del proyecto.

La iniciativa del ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ingresó en diciembre pasado al Congreso Nacional, pretende modificar los principales cuerpos normativos en pos de la integración social y urbana. Fue en la jornada de este miércoles que se decidía la idea de legislar cuando surgieron interrogantes al proyecto, el que ya había vivido extensas jornadas de exposiciones en la comisión por parte del ejecutivo,  de organizaciones territoriales, de allegados, profesionales, académicos, fundaciones, entre otros. Si bien se aprobó en general el avance del proyecto, se espera una intensa tramitación.

El diputado Guillermo Teillier, integrante de la Comisión de Vivienda, expresó que este proyecto propone crear zonas de integración urbana donde personas de diferentes capacidades económicas puedan convivir en un mismo lugar, algo que ya se trabajó en el gobierno anterior. Pero en esta ocasión sostuvo que a pesar de que pueda existir una buena intención del ejecutivo en legislar, la iniciativa suscita una serie de dudas.

En este sentido. la decisión del parlamentario comunista fue abstenerse en la idea de legislar. “Yo me abstuve porque quiero ver aclaradas mis dudas por parte del ministerio y de la propia discusión en la comisión”. Las razones del diputado se basan en algunas interrogantes como la concesión a privados en caso de edificar integrando subsidios de arriendo: “Estamos de acuerdo con el arrendamiento,  pero el hecho es que en la Región Metropolitana sabemos que los sitios fiscales son pocos, que hay miles de personas, de allegados que están en comités que están aspirando a tener una vivienda, que están mirando hacia esos sitios. Entonces el problema es si estos proyectos de integración social van a mermar las soluciones  para esa gente, y en ese caso no estaríamos de acuerdo”.

Otras de las aprensiones del parlamentario van en relación la permisividad que podrían llegar a tener las empresas para construir. “Este proyecto plantea una serie de exenciones a las empresas, tanto para la construcción en sitios fiscales como en sitios privados y tienen que ver con medio ambiente, con altura, con densidad. Lo que plantea la ley es que todas estas normas se pueden flexibilizar para las inmobiliarias que estén de acuerdo con hacer este negocio: construir edificios en que un porcentaje sea para gente de bajos recursos, o sea,  vivienda social, y con el resto puedan hacer negocio”.

Otro de los aspectos a observar es si estos incentivos llegarán a quienes quieran construir otro tipo de proyectos que no sean habitacionales. En efecto, la ley indica que la concesión será para quienes construyan, operen o mantengan viviendas u otras edificaciones bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Al respecto, Guillermo Teillier manifestó que “la ley también tiene imprecisiones respecto a si estos beneficios, a estas exenciones que se dan a las empresas van a ser sólo para viviendas (…) entonces queda la duda si alguien quiere construir un supermercado, un parque, y construye muy poquitas viviendas”, y por otro lado se realiza un negocio con otro tipo de fin. “Esas son las dudas que el Ministerio tiene que aclarar totalmente”,manifestó el parlamentario.

Sobre la no incorporación de la participación ciudadana en el proyecto, el diputado Teillier declaró que es un factor importante: “Al menos creemos que estos proyectos de zonas inmobiliarias deben pasar por los concejos municipales y debe haber una mayor consulta y participación de las personas”.

El diputado que representa a seis comunas de la zona sur de Santiago, territorio con amplia organización de comités de allegados, consignó finalmente que “se aprobó la idea de legislar, lo que está bien y por lo tanto nosotros también  vamos a preparar indicaciones, vamos a conversar”.

Los principales cambios que contempla el proyecto a la ley de Vivienda y Urbanismo es cambiar el nombre de la actual cartera por Ministerio de Ciudad y Vivienda, propone la integración social como criterio base para los instrumentos de planificación, establece incentivos a empresas por adoptar los proyectos de integración, faculta al SERVIU para concesionar el uso o goce del inmueble en el que se utilice para subsidio de arriendo, ente otros aspectos.

Jefe de la bancada PC – independientes criticó el apoyo del ministro de justicia al ex senador UDI, Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca. “No resulta aceptable que el Ministro de Justicia, Hernán Larraín,  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que hemos conocido y que sigue indignando a la inmensa  mayoría de los chilenos y chilenas”.

Así lo expresó este miércoles en la hora de incidentes de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PC, Boris Barrera, al cuestionar el apoyo que el secretario de Estado entregó al ex senador Jaime Orpis, imputado por los delitos tributarios, cohecho y fraude al Fisco en el llamado caso Corpesca.

El ministro Larraín afirmó: “tengo plena confianza en Jaime Orpis, en su  conducta, y espero dar testimonio de ello”, al respaldar al ex senador UDI que no solo reconoció haber recibido millonarios aportes de Corpesca durante la tramitación de la Ley de Pesca, sino también de otras seis empresas.

La tramitación de dicha normativa, señaló Barrera, “fue aprobada a través de la compra de votos por parte de las grandes empresas pesqueras. Por la misma razón, dos comisiones de esta Cámara aprobaron declarar la nulidad de esa ley y esperamos que pronto la Sala pueda discutir y respaldar la moción que anula una norma corrupta”.

 En su alocución, Barrera afirmó que el apoyo del ministro de justicia  al imputado es de suma gravedad, “porque el solo hecho de efectuar estas declaraciones implica una presión indebida respecto de los magistrados que deberán resolver sobre la culpabilidad  del ex senador Orpis”.

“El Ministro de Justicia es precisamente la persona que tiene la facultad, en definitiva, de nombrar a los jueces, por lo que una sentencia  en contra de lo expresado por él podría ser interpretado como un obstáculo a la hora de obtener nombramientos en cargos más altos dentro de los escalafones de las respectivas magistraturas y constituyen un atentado al principio de independencia de los poderes del Estado”, señaló el legislador.

Barrera afirmó que la actitud del Ministro no constituye un hecho aislado, ya que en abril de 2018, expresó que “la mayoría de los jueces son de izquierda”.

“Estas declaraciones también importaron en su momento un intento por afectar la independencia del poder judicial, toda vez que condiciona la legítima aspiración de ascenso en la carrera judicial, al pensamiento político y al contenido mismo de los fallos, cuestión que a simple vista escapa la competencia del señor Ministro y aún más, implica una intromisión ilegítima en la independencia de los tribunales de Justicia”, precisó el jefe de la bancada PC.

Por ello, afirmó que no es aceptable que Larraín  intervenga públicamente en favor del principal acusado en uno de los casos de corrupción más graves que se han registrado en el país.

A una semana de que el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, fuera suspendido de sus funciones, gremios de la salud y del profesorado se manifestaron a las afueras del municipio para exigir el pago de sus cotizaciones previsionales y descuentos variables de varias instituciones.

El secretario general del Colegio de Profesores Metropolitano, Jorge Abedrapo, lamentó que a los funcionarios de la salud no se les permitiera plantear sus demandas ante el concejo municipal.

Asimismo, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, dijo que esta manifestación se realizó con la finalidad de solicitar el pago que les corresponde a los trabajadores de la atención primaria.

En ese sentido, la dirigenta sindical repudió que los protestantes fueran agredidos por guardias municipales por exigir derechos laborales.

A su vez, la concejala Marcela Abedrapo afirmó que el proceder del alcalde Carter ha sido errante y fuera del marco legal, ya que no está acatando las sanciones dictadas por el Tribunal Calificador de Elecciones.

El concejal Nicolás Hurtado también rechazó  que Rodolfo Carter no acatara la sentencia que lo imposibilita de ejercer el cargo durante un mes, debido a una serie de irregularidades.

Cabe consignar que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió suspender por un mes de sus funciones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. De esta manera respondió el organismo al requerimiento presentado por un grupo de concejales de la comuna, quienes acusan “notable abandono de deberes” de la autoridad por el no pago de cotizaciones previsionales a funcionarios del municipio.

(Por: Sergio Reyes Tapia / Editor general de prensa / Radio Nuevo Mundo). Llama la atención que en las últimas semanas se diera el caso de la irrupción en el debate público de la esposa de Piñera, Cecilia Morel.

Cecilia Morel ha manifestado su interés para incidir en las acciones de políticas públicas del gobierno y que no han logrado mayormente el interés de la ciudadanía como son las contra reformas tributaria y laboral, pero que sí tienen intereses gravitantes para el sector socio-económico que ella y su marido representan.

Efectivamente, la esposa del presidente concluye, junto a éste, que se debe independizar, a través de decretos, el debate ético-público de cualquier ser colectivo o del pueblo representado en el Congreso Nacional, dejando de esta forma en el abandono a la gran mayoría de la población, y sólo buscando acreditar las promesas de campaña que benefician a su clase social.

Concluyendo de esta forma que los muros de la pobreza participativa ciudadana se levantarán aún más alto, para que la población no permita observar sus propios intereses de clase, es decir, Cecilia Morel junto a Piñera, se revalorizan a sí mismos quedando el debate público sólo en el espacio individual; por tanto, existe una nueva revalorización de sí mismos, y no revalorización del mundo ciudadano popular.

Lo anterior se posibilitó ante la falta de identidad, y la espectacularización de lo que hacen públicamente sus ministros, quienes no han logrado estar a la altura de las exigencias ciudadanas y sociales.

La desesperada acción de Cecilia Morel evidencia que los ministros de Piñera no han tenido la capacidad de desarrollar las políticas públicas encomendadas, y no lo logran por las constantes contradicciones que levanta una y otra vez Piñera al ver como empeora en las encuestas.

Así, y ante la incapacidad del gobierno, Cecilia Morel desde el espacio de actor social popular se ha ido transformando en un actor  institucional que defiende las privaciones que desde el gobierno se ejecutan en contra de los trabajadores en general.

Al igual que Piñera, Cecilia Morel nos explicita una vida sobre abundante de sentidos y contradicciones negativas en el propio seno de su gobierno, y que no logran asentar y comprender los espacios de participación ciudadana.

Por otra parte, encontramos en los discursos de Morel un rechazo al espacio público de la oposición, fragmentando los valores de la mayoría de los vecinos, los que le dieron el mandato a los parlamentarios para fiscalizar al gobierno de Piñera.

Morel y Piñera han caído en el descrédito, ya que no han logrado, a pesar de los años de experiencia, poner sus responsabilidades finales al servicio de la población, y no de intereses industriales transnacionales.

Piñera-Morel no nos abren las puertas al debate público, al contrario, sus intereses golpean sus convicciones últimas para beneficios institucionales, porque de esta forma manifiestan su verdad final, ante que el desarrollo de espacios colectivos.

Claro que sí, Piñera y Morel deben expresar sus convicciones políticas porque están en su derecho y en espacios de privilegio social, político, económico, comunicacional entre otros, y eso es lo que hace finalmente Morel, expresa su verdad, y que es contraria al interés de la gran mayoría de la población que ve que sus pensiones y jubilaciones no se reajustarán porque Piñera, su esposo, ha rebajado los impuestos a los más ricos, incluido él.

Max Weber nos habló en su política como vocación, que en esta condición moderna es exigencia principal la ética de la responsabilidad.

Morel no está atenta a las consecuencias de su espacio de valor, de responsabilidad y de convicción, lo que hace es tratar de intervenir directamente en las decisiones y opiniones de la población, pero estableciendo desde qué términos del discurso político deben los demás fijarse para emitir sus juicios en contra del adversario: Una oposición antipatriota y obstruccionista; el mismo discurso de Piñera.

Sergio Reyes Tapia es periodista y editor general de prensa en radio Nuevo Mundo

El secretario general del partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que la opinión pública instale con visibilidad el abuso que cometen las Isapres mediante el alza indiscriminada de sus planes de salud que pretenden implementar los próximos meses.

El dirigente político repudió que el modelo económico instale el lucro, transformando el derecho a salud en una mercancía.

A juicio de Lautaro Carmona, el Estado debe consagrar la salud como un derecho universal vinculado a la calidad de vida de la población, frente a cualquier patología o enfermedad.

El secretario general del Partido Comunista remarcó que la salud es un derecho humano, el cual debe ser garantizado por el Estado, a la par con los avances en materia de medicina e infraestructura.

Lautaro Carmona aclaró que el derecho a la salud está directamente vinculado al derecho a la vida, siendo ambos sistemáticamente vulnerados por la derecha a nivel mundial.

Organizaciones de trabajadores del transporte se reunieron en la Central Unitaria de Trabajadores con el fin de sumar su apoyo y llamar al Paro Nacional Activo de este 11 de abril. A juicio de los dirigentes el actual escenario de precariedad laboral y el anunciado proyecto de pensiones del gobierno son motivos más que suficientes para plegarse a las calles y movilizarse.

En primer término, el presidente de la federación de choferes de camiones de Chile, José Sandoval manifestó que existe un rechazo transversal a los proyectos de Sebastián Piñera, en particular la anunciada reforma previsional, pues a su juicio engaña a los trabajadores con un principio de beneficencia, pero que en la práctica no entrega hoy soluciones de fondo.

En representación de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Lucrecia Flores expresó su legitima desconfianza con un gobierno que ha sido incapaz de cambiar un modelo de pensiones impuesto por la Dictadura y que en la actualidad obliga a los jóvenes a incorporarse a él, sólo con el objeto de engrosar las riquezas de las AFPs.

Desde la Confederación de Trabajadores Aeroportuarios de Chile su director Manuel Álvarez hizo un llamado a todo su gremio a sumarse a este paro nacional de este 11 de abril, ante un gobierno que no escucha las demandas vinculadas a la precarización del trabajo, reforma laboral, automatización y las AFPs.

Luis Higuera dirigente de DHL advirtió especialmente a los jóvenes que proyectos del oficialismo como el teletrabajo –el cual carece a su juicio, de condiciones mínimas de seguridad y salud laboral, no resultan positivos ni generan ninguna conveniencia, que no sea para los grandes empresarios y el gobierno, enfatizó.

A nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, su vicepresidenta Amalia Pereira junto con agradecer el apoyo de los dirigentes del transporte a esta movilización del 11 de abril, insistió que cuando organismos internacionales como la OIT conmina al Estado de Chile a asegurar empleos decentes y de calidad, no se refiere a la precariedad laboral que ofrece Sebastián Piñera con sus fallidos “Tiempos Mejores”, aseveró.

Los dirigentes del transporte justificaron su apoyo a este Paro Nacional Activo de este 11 de abril a raíz de  una política de creciente demagogia de este gobierno, quien arremete con un modelo neoliberal que se nutre del trabajo y el ahorro de los trabajadores, sosteniendo  un modelo previsional deficiente e injusto, además la burla que representa la irrupción de los supuestos medidores inteligentes y la precarización que significa el tele trabajo y el empleo joven, todas iniciativas que representan un gesto de sumisión al gran empresariado, concluyeron.

Jefas y jefes de bancadas fijaron líneas de acción para un trabajo coordinado y avanzar en la profundización de los derechos sociales. “La oposición avanza hacia una mejor coordinación” se titula el documento que este martes firmaron los jefes y jefas de las bancadas opositoras de la Cámara de Diputados, en el que reafirman  su disposición a trabajar de manera más coordinada y comprometida con los intereses del país.

El documento fija 8 líneas de acción para impedir que “el Gobierno de Sebastián Piñera pueda generar retrocesos en el reconocimiento de derechos de las personas”.

“Asumimos la responsabilidad de que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados y Diputadas se traduzca en una herramienta a favor de la profundización de derechos sociales y protección de la ciudadanía” señala el documento.

En primer lugar, se comprometen a “construir una posición compartida en torno a la reforma al sistema de pensiones propuesta por el Gobierno, que asegure la ampliación del pilar solidario, el reforzamiento del rol del Estado y que no entregue ni un peso más a las AFP, si no que abramos paso al desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social”.

En materia de reforma tributaria, se proponen impedir que “se lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos indispensables del Estado para abordar necesidades sociales crecientes”.

Tampoco aceptarán “ningún retroceso a la Ley de Inclusión, que devuelva la segregación, afectando el derecho de las familias para elegir el establecimiento escolar de sus hijos e hijas, sin importar su condición socioeconómica”.

En el punto 4 del acuerdo, las bancadas señalan que están dispuestos a “construir acuerdos mínimos frente a la agenda laboral, sobre la base del fortalecimiento de la organización sindical y la negociación colectiva y evitando la precarización de los derechos de los trabajadores”.

En otros puntos, señalan que ejercerán la  mayoría parlamentaria para que el Congreso abra espacios institucionales de diálogo con los Pueblos Indígenas; responder al populismo y demagogia legislativa del Gobierno con la promoción de un debate político riguroso; legislar a favor del combate a la delincuencia, con medidas integrales y efectivas y apoyar aquellas iniciativas que busquen una verdadera Descentralización.

El jefe de la bancada PC, Boris Barrera, afirmó que “esta es una importante partida de las nuevas jefaturas de las bancadas de oposición que llegamos a concretar lo que habíamos  acordado, que era sacar un documento con algunas ideas mínimas en cuanto a la coordinación”.

Frente a los proyectos del gobierno en materia de reforma previsional, tributaria, control de identidad e inclusión, Barrera afirmó que “como oposición vamos a actuar en bloque y eso es lo relevante. Si lo vamos a aprobar o rechazar, esa es una decisión que finalmente vamos a hacer en bloque”.

El documento fue firmado por los jefe y jefas de las bancadas Manuel Monsalve, PS; Gabriel Ascencio, DC; Andrea Parra, PPD; Diego Ibáñez, Convergencia FA; Boris Barrera, PC; Alejandra Sepúlveda, Frente Regionalista Verde y Social; Pablo Vidal, Revolución Democrática; Alexis Sepúlveda, PR, Vlado Mirosevic,  Partido Liberal y Claudia Mix,  Comunes FA.

Con preocupación miran desde la comunidad magallánica la reciente visita de los reyes de Noruega a la zona, pues ven tras este aparente traslado turístico la intención de generar un lobby para instalar empresas salmoneras noruegas en nuestro país, tal como ha ocurrido en Argentina y más recientemente en la zona de Chiloé, generando un impacto altamente negativo en el ecosistema marino.

Así lo expresó el presidente regional del partido Comunista de Magallanes, Dalivor Eterovic, señalando que el rechazo a esta visita tiene que ver no sólo con los monarcas europeos y los actos de sumisión con que el alcalde de Punta Arenas les entregó las llaves de la ciudad, sino además con la comitiva de empresarios que los acompañan- mayoritariamente del rubro salmonero, interesados en enriquecerse a costa de los recursos naturales de Magallanes.

El timonel local del partido Comunista y ex Core de Magallanes, denunció que tras esta visita de los reyes noruegos se esconde un lobby feroz de las empresas de este país europeo por incrementar su producción de salmones en nuestro país a un menor costo y sin ningún tipo de restricciones ambientales, amparados en la libertad que les entrega este gobierno.

Sobre las externalidades que pueden surgir tras esta arremetida de estas firmas salmoneras en Magallanes, Dalivor Eterovic comentó que en Noruega los costos económicos y las exigencias ambientales en la producción pesquera son altas, motivo por el que se trasladan a Chile aprovechando la escasa protección ecológica, dañando el ecosistema marino, efecto que no es compensado de manera alguna por los escasos puestos de trabajo que puedan generarse en esta industria.

Finalmente, el presidente regional del partido Comunista de Magallanes, Dalivor Eterovic. lamentó que en una zona cuya aguas han sido declaradas patrimonio ambiental de la UNESCO, Piñera y su gobierno pongan a disposición de los grandes empresas nacionales y foráneos los beneficios económicos y la institucionalidad ambiental para intervenir y dañar lugares que cuentan con un paisaje y una riqueza marina incalculable, los mismos que hoy se encuentran en peligro, concluyó.