Bárbara Figueroa: «Gobierno apunta a precarizar el empleo y mantener brechas de desigualdad»

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó que todas las políticas laborales impulsadas por el gobierno apuntan a precarizar el empleo y mantener las brechas de desigualdad en Chile.

En ese sentido, Bárbara Figueroa se mostró confiada en que la CUT junto al Parlamento pueda revertir la propuesta de 7 mil pesos impuesta por Hacienda como reajuste de salario mínimo, ya que dicho monto es una burla si se busca superar la línea de la pobreza.

 

Además, la presidenta de la CUT advirtió que el estatuto laboral para jóvenes viene a precarizar la mano de obra estudiantil, sin dejar espacio para la organización sindical.

 

Bárbara Figueroa aclaró que los intereses de clase de la derecha siguen estando con el gran capital; es decir, a favor de la acumulación de riquezas a costa de una mayor precarización del empleo.

 

La presidenta de la multisindical concluyó que Latinoamérica está viviendo una ofensiva neoliberal, basada en imponer políticas de precariedad y explotación laboral a gran escala.

 

Finalmente, Bárbara Figueroa indicó que el Gobierno no ha hecho ninguna presentación concreta, respecto a las negociaciones por salario mínimo, lo que deja espacio para generar un acuerdo más coherente.




Familiares de detenidos desaparecidos se reunieron con Presidente de la Suprema por beneficios carcelarios a violadores de DD.HH.

La Agrupación de Familiares de Desaparecidos, encabezada por su presidenta Lorena Pizarro, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para expresarle su preocupación y rechazo ante las recientes libertades a violadores de derechos humanos otorgadas por la Sala Penal del máximo tribunal del país.

Concluida la cita, Lorena Pizarro anunció la presentación de una carta de reproche dirigida al pleno de la Corte Suprema, en donde manifestaran su preocupación por esta doctrina aplicada por la segunda sala penal que beneficia a los criminales de Estado, desestimando los criterios aplicados por el Derecho Internacional en este tipo de hechos.

 

La activista por los D.D.H.H no descartó recurrir a organismos internacionales para denunciar esta práctica de impunidad judicial, la cual precisó, ha sido favorecida por la ausencia de una legislación y una voluntad política al respecto.

 

Sobre la revocación de la libertad condicional al piloto del helicóptero en la denominada “Caravana de la muerte “Luis Felipe Polanco por parte de esta segunda sala penal, Lorena Pizarro sostuvo que esto lejos de ser un gesto de parte de los ministros sólo corresponde al cumplimento de su labor, a diferencia del fallo anterior en que si hubo un claro abandono de deberes.

 

Del mismo Lorena Pizarro, afirmó que el actuar ilegitimo de algunos ministros de la Corte Suprema en torno a los temas de D.D.H.H, obedece a un plan concebido por un gobierno como el actual, el cual desde el primer minuto se ha coludido con el Poder Judicial –tal como ocurrió en Dictadura ,para sellar la más alevosa impunidad.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos comentó finalmente, que, dentro de la reunión sostenida con el titular de la Corte Suprema, le expusieron sus impresiones respecto a que lo obrado por la segunda sala penal esperan corresponda sólo a un cambio de criterio y no doctrina, ya que resultaría muy grave que un poder del Estado no priorice la protección de los D.D.H.H.




Oposición ratifica intención de acusar constitucionalmente a jueces de la Suprema

Partidos de oposición ratificaron su intención de interponer una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema que concedieron beneficios carcelarios a reos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Consultado sobre esta situación, el Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmona sostuvo que el origen de esta acción constitucional de la que será parte su colectividad , busca evidenciar el incumplimiento por parte de los jueces de la Suprema con esta resolución  de los tratados internacionales suscritos por Chile que limitan este tipo de beneficios para criminales de Estado.

 

Lautaro Carmona valoró que se haya concretado la unidad de la mayoría de las fuerzas de oposición en torno a esta acusación, surgida luego de lo que consideró una infracción del Estado de Derecho nacional por parte de algunos ministros de la Corte Suprema.

 

En tanto para el abogado penalista Alfredo Morgado cuestionó esta resolución surgida desde la segunda sala de la Corte Suprema, pues quienes solicitaron este beneficio carcelario no han demostrado un ápice de arrepentimiento y colaboración, lo cual es un requisito mínimo para  iniciar cualquier petición en este sentido.

 

Alfredo Morgado justifico esta decisión de algunas bancadas de oposición de acusar a parte de los integrantes del Poder Judicial tras esta resolución, pues claramente estos últimos han hecho casi omiso no sólo a tratados y convenios internacionales  en el ámbito de los D.D.H.H, sino además se quebrantan los principios de una sociedad que debe estructurase en base a la justicia, enfatizó.

 

Por su parte, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual,  consideró este  fallo de la Suprema como una afrenta hacia nuestra propia democracia, así como a la lucha abnegada de muchos compatriotas que luego de 40 años no han podido  lograr la justicia ni la reparación debida.

 

Claudia Pascual dijo que  esta situación de impunidad surgida desde el Poder Judicial es un precedente nefasto para las nuevas generaciones, al enviar un mensaje relativista  en torno al sufrimiento y la lucha de un país afectado por una de las dictaduras más feroces del Continente y la infracción alevosa a los tratados relativos a los D.D.H.H.

 

El principal argumento de la acusación patrocinada por parlamentarios  PC , PPD, PS,PR, se basa en que ambos tribunales no respetaron los tratados internacionales ratificados por el Congreso , los cuales no permiten otorgar beneficios carcelarios sin arrepentimiento, teniendo  estos cuerpos normativos una obligación de ley en nuestro país .

Existen  además –a juicio de los requirentes, un claro abandono de deberes constitucionales por parte de los ministros cuestionados, propiciando en definitiva la impunidad.

Escuche entrevista a Subjefe de Bancada Socialista reafirma presentación de Acusación Constitucional contra jueces que otorgaron beneficios carcelarios a violadores de DD.HH. El diputado Marcos Ilabaca espera que otras bancadas de la oposición apoyen la iniciativa.




Gobierno con postura en salario mínimo busca seguir aumentando las brechas de desigualdad señala Jaime Gajardo

El vicepresidente del Colegio de Profesores y Consejero Nacional de la Cut, Jaime Gajardo, acusó que el gobierno propone seguir aumentando las brechas de desigualdad laboral y la precarización del empleo, mediante guarismos muy por debajo de los montos requeridos para superar la línea de la pobreza en Chile.

Esto, en el marco de la propuesta sobre salario mínimo, que el ejecutivo ingresará sin haber llegado a acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores.

 

El vicepresidente del Colegio de Profesores denunció una fuerte arremetida del Gobierno contra los trabajadores, para generar mayores ganancias al mundo empresarial a costa de la precarización del empleo.

 

Jaime Gajardo criticó que a la hora de implementar políticas salariales, el gran empresariado pase a llevar convenios internacionales suscritos por Chile, con total respaldo del Gobierno.

 

El vicepresidente del Magisterio repudió que el Gobierno se niegue a impulsar un reajuste salarial que permita superar la línea de la pobreza, bajo el pretexto de que afectaría el crecimiento económico.

A juicio del dirigente comunista, ese pensamiento obedece a un modelo neoliberal que no ha dado el ancho para resolver grandes problemas sociales.

Finalmente, Jaime Gajardo lamentó que una vez más el Gobierno pretenda bloquear la acción sindical, en el marco de las negociaciones por reajuste salarial, para reforzar un sistema económico que necesita la precarización del empleo.




Se va generando consenso en parlamentarios para acusación constitucional a ministro de la Suprema por beneficios carcelarios

Representantes de todas las bancadas opositoras  se reunieron con organizaciones en defensa de los Derechos Humanos para intercambiar ideas y propuestas que permitan enfrentar la coyuntura generada por la libertad condicional otorgada por la Segunda Sala de la Corte Suprema a criminales de lesa humanidad.

La indignación generada por la libertad condicional a siete condenados por violaciones a los Derechos Humanos sigue creciendo en la ciudadanía, que desde hace una semana se ha manifestado en el frontis de la Corte Suprema.

Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Daniel Núñez, es muy importante que las bancadas puedan actuar unidas para llevar adelante una acusación constitucional.

 

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró los esfuerzos de las bancadas para avanzar en una acusación constitucional, al que se pueden sumar otras iniciativas parlamentarias que vayan en la dirección de terminar con acciones que avalen la impunidad.

 

Finalmente, la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de DD.HH aclaró que los ministros están obligados a adecuar sus fallos al orden internacional en materia de protección de los Derechos Humanos.

 

En ese marco se desarrolló una reunión entre la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Comisión Chilena de Derechos Humanos con los representantes de todas las bancadas de oposición, para intercambiar opiniones y sugerencias en torno a las acciones que frenen un camino de impunidad en los tribunales de justicia.

Una idea que ha generado amplio consenso es la acusación constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, por la figura de “notable abandono de deberes” en los siete casos de libertades condicionales concedidas.




Destacan importancia para el tejido social del dirigente vecinal y comunitario

Este 7 de agosto se celebró el Día Nacional del Dirigente Vecinal, Social y Comunitario en reconocimiento al trabajo que a diario y de manera voluntaria realizan miles de hombres y mujeres a lo largo del país, en beneficio directo de sus barrios y comunidades. Sobre esto se refirieron la ex Ministra Claudia Pascual y los diputados Boris Barrera y Karol Cariola

Es así que el diputado comunista por el distrito 9 Boris Barrera consideró como invaluable el trabajo realizado por los dirigentes comunitarios, pues estos últimos ha sido capaces de lograr avances y un mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos.

 

Por su parte, la también parlamentaria PC, Karol Cariola, aprovechó la instancia para agradecer el esfuerzo y compromiso que demuestran día a día los miles de chilenas y chilenos que postergan muchas veces sus intereses personales, en beneficio de su entorno inmediato.

 

En tanto la ex ministra de la Mujer y Equidad de género, Claudia Pascual, indicó que los gobiernos locales deben facilitar las instancias de diálogo con los dirigentes vinculados a cada territorio, para contribuir a la labor de las organizaciones sociales.

 

Por otro lado, Claudia Pascual aclaró que en Chile no existen leyes de rango constitucional que garanticen la participación vinculante de los dirigentes comunitarios.

 

La ex secretaria de Estado añadió que la ley de presupuestos no contempla recursos para financiar los viajes o actividades de las organizaciones a nivel territorial, lo que limita la labor en los ministerios en ese ámbito.

 

La fecha escogida para celebrar el aporte de las y los dirigentes vecinales recuerda la publicación de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, promulgada en agosto de 1968, durante el mandato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. La normativa que opera en la actualidad significó un notable impulso a la organización social de sectores populares del campo y la ciudad y que hoy reconoce la labor que cumplen éstos servidores de sus comunidades en el Día Nacional del Dirigente Vecinal y Comunitario.




PS aprobó en último pleno de su Comité Central protocolo contra violencia de género

Partido Socialista aprobó en el marco del compromiso adquirido como colectividad con la igualdad de género y la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer, en la V sesión del Pleno del Comité Central se acordó por unanimidad, la aprobación del Protocolo contra la Violencia de Género, Acoso y Abuso Sexual.  

Se informó a través de su página web que tras los aplausos de los asistentes y al término de la jornada, la vicepresidenta de la Mujer, Karina Delfino, destacó el acuerdo y explicó que “este protocolo tiene por objetivo promover un ambiente libre de discriminación y violencia al interior del partido socialista, y fijar un procedimiento claro ante situaciones de denuncia de violencia de género, abuso y acoso sexual”. 
Cabe recordar, como señala el protocolo aprobado, que la violencia de genero es una forma de discriminación e implica una violación a los derechos humanos, ya que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho a desarrollo de las personas, siendo las mujeres las principales víctimas.
Revisa e infórmate aquí sobre el #ProtocoloContraViolenciaDeGénero:

https://drive.google.com/file/d/1jtGMyVMr3aISP7HHJra5gfb-_cAx6lc3/view




Cut del Maule desmiente a ministro del Trabajo y acusa al gobierno de bajar perfil a grave situación laboral tras cierre de Iansa

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de la región del Maule, Soraya Apablaza, criticó que el ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, le baje el perfil al cierre de la empresa Iansa, que dejó a 4 mil personas sin su fuente laboral, en un contexto donde la tasa de cesantía en la zona va en aumento.

La dirigenta sindical aseguró que el secretario de Estado miente al anunciar que los trabajadores afectados serán destinados a la planta de San Carlos.

 

La presidenta de la CUT del Maule, aclaró que el cierre masivo de empresas en la región alerta que hay un problema estructural que el Gobierno no está sabiendo abordar de manera estructural.

 

Soraya Apablaza, dijo esperar que los anuncios del Gobierno de dar el tema por pasado, vayan acompañados de una fuerte inversión local y apertura de nuevas empresas.

 

La presidenta de la CUT del Maule hizo un llamado al Gobierno a dar soluciones estructurales a los trabajadores afectados y no limitar su ayuda a medidas de caridad.




Denuncian que Corte Suprema crea condiciones para instalar la impunidad tras aprobar beneficios carcelarios

El abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, denunció que La Corte Suprema dicta penas muy bajas a criminales de lesa humanidad, respecto a la gravedad de los delitos cometidos. A modo de ejemplo, Cristian Cruz comparó la baja sentencia de uno de los reos indultados con los 6 años y un día de cárcel que pesa contra un lonco mapuche por fracturar el dedo de un oficial de Carabineros.

 

Por otro lado, Cristian Cruz descartó que la libertad condicional se niegue por razones políticas más que jurídicas, como señala el diputado UDI Osvaldo Urrutia, en defensa de los criminales condenados.

 

El abogado de derechos humanos aclaró que La Corte Suprema cometería un grave error si pretende mediante beneficios carcelarios vulnerar las obligaciones legales, reglamentarias e internacionales.

 

A su vez, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, criticó que se entregue libertad condicional a genocidas que cometieron los peores crímenes, contraviniendo todas las normas chilenas e internacionales.

 

El diputado Tomás Hirsch dijo que estos indultos obedecen a un plan orientado a la impunidad de los violadores de derechos humanos, poniendo en entredicho la existencia de un Estado de Derecho efectivo.

 

Tomás Hirsch explicó que desde el término de la Dictadura, se viene validando a quienes estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos, donde muchos civiles también participaron en los crímenes cometidos y ostentan cargos públicos.




Trabajadores de la minería exigen al gobierno ratificación de convenio 176 de OIT sobre seguridad en el trabajo

Dirigentes sindicales de la minería exigieron al gobierno de Sebastián Piñera la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y trabajo precisamente en la minería, dado que las actuales condiciones en que se desarrolla este tipo de faenas, no entregan seguridad para la vida de los trabajadores, tal como lo demuestran cifras que hablan de más de 500 fallecidos en este tipo de actividades extractivas en menos de 15 años.

En la oportunidad, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre Manuel Ahumada recordó que fue el propio Piñera quien se comprometió a ratificar este instrumento se protección laboral a propósito de lo ocurrido con los 33 trabajadores de la mina San José el 2010, sin que a la fecha haya realizado ninguna gestión al respecto.

 

Manuel Ahumada explicó que la tesis sostenida por la industria en torno a que esta ratificación del Convenio 176 podría significar una excusa para detener la producción no tiene ningún fundamento, pues otros cuerpos normativos internacionales entregan este recurso a los trabajadores frente a un peligro inminente, sin que esto haya ocurrido.

 

Para el presidente de la Federación de supervisores de la minería, Ricardo Calderón resulta impresentable que un país como Chile, el cual posee el 30% de la producción del Cobre a nivel mundial y sea portador de importantes yacimientos de Litio entre otros valiosos minerales, no cuente con un protocolo de seguridad acorde los estándares internacionales.

 

La seguridad y la salud no se tranzan, así lo expresó Carlos Zurita presidente de la Federación der supervisores de la minería privada, quien insistió en la necesidad del dialogo y el entendimiento como una forma de que Chile ratifique un convenio, el cual recordemos ya es parte de la normativa minera en países como Perú o Bolivia.

 

En tanto el presidente de la Federación Minera de Chile Gustavo Tapia afirmó que lejos de buscar beneficios económicos lo que persigue su gremio es definir un plan de seguridad y salud frente a una labor ingrata y dificultosa, en donde además existe un riesgo latente para quienes trabajan en la extracción minera.

 

Consignar que el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de la OIT, consagra un derecho elemental en su Artículo 13. 1., el cual dice relación con que la legislación nacional, deberá conferir a los trabajadores el derecho a los trabajadores a retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud, precepto que pese a ser de sentido común, aun no es ratificado por el Estado de Chile.