Varias denuncias han surgido en contra de la Municipalidad de Providencia por torturas, abuso de poder, detención ilegal y persecución en contra de los vendedores ambulantes o de quienes los defiendan.

Es el caso de Óscar Ardila, ciudadano colombiano que en un video aparece identificándose con pasaporte en mano y es tomado por personal de seguridad comunal que no está con uniforme.

Por su parte, la dirigenta de los comerciantes ambulantes  de Providencia,  Maria Jose Vergara,  sostuvo que pese al deseo de trabajar honestamente  y en forma legal mediante el acceso a una patente  municipal, la Alcaldesa Evelyn Matthei inste en enviar efectivos policiales  a reprimirlos con inusitada violencia.

Sobre el mismo punto, la ex alcaldesa de Providencia Josefa Errazuriz   cuestionó que vehículos municipales  destinados a trasladar a vecinos  de la tercera edad o minusválidos, ahora sean utilizados  para reprimir y perseguir indebidamente  a los comerciantes de la comuna con un claro sesgo racista y xenófobo.

Desde el Concejo municipal de Providencia, los integrantes de oposición acusaron a la alcaldesa Mattehi de engaño, pues solicitó aprobar esta guardia municipal para enfrentar hechos delictuales y denunciar vehículos mal estacionados, pero en la práctica lo que buscaba era crear una policía de choque, cuya violencia ha generado un rechazo incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

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La denuncia del Concejal de la comuna Jaime Parada

Fuertes mecanismo de represión en contra de vendedores ambulantes en la comuna de Providencia y el proceder de guardias municipales contratados para la represión de los trabajadores ambulantes, tienen cuestionada a la alcaldesa de derecha Evelyn Matthei, quien no ha expresado su rechazo a la extrema violencia ejercida por sus guardias municipales.

El concejal Jaime Parada explicó que la gran mayoría de los concejales rechaza la violencia con que operan guardias municipales, no teniendo atribuciones legales para aquello.

El concejal Jaime Parada manifestó que los comerciantes ambulantes desean pagar sus impuestos y ratificar su permanencia en la legalidad del municipio, pero no desean ser tratados como mafias delictuales.

El concejal de Providencia Jaime Parada reparó en el proceder de la alcaldesa en que trata a todos los comerciantes ambulantes como delincuentes y lamentó la forma de operar.

El edil entregó algunas pautas para mejorar la convivencia social.

Al concluir denunció el proceder de la décima novena comisaría de Providencia quien ha estado abultando las cifras que muestran un supuesto mejoramiento de la seguridad ciudadana.

El concejal de Providencia Jaime Parada llamó a la alcaldesa Matthei a no confundir a los trabajadores ambulantes con mafias delictuales y solucionar el principal problema comunal.

Las  organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público, coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores,  convocaron  a un Paro Nacional desde el próximo lunes 26 de noviembre para presionar al Ejecutivo a llegar a un acuerdo con los trabajadores del Estado. Esta determinación se adoptó luego que los funcionarios fiscales rechazaran la primera oferta del Ejecutivo de un guarismo de un 2,9% de reajuste salarial entregada  el miércoles pasado.

A este respecto, la  presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, si bien reconoció los avances en materias laborales, en particular sobre la estabilidad laboral, insistió en que éstos son insuficientes para concretar un posible acuerdo, considerando que mientras la economía da señales de crecimiento, esto no se traduce en un mejoramiento salarial para los trabajadores.

Bárbara Figueroa afirmó que el gobierno lamentablemente  ha optado por replicar la política laboral del sector privado en torno a precarizar el valor que se le asigna al trabajo, no concurriendo además  los ministros a las reuniones con la mesa del sector público pese  a la voluntad de los dirigentes fiscales por seguir avanzando.

La timonel de la CUT hizo un llamado al gobierno a terminar con la estigmatización negativa en contra los dirigentes de la multigremial y acercar posiciones, entendiendo además que la única herramienta de presión que tienen los trabajadores en pos de sus demandas es la movilización.

Señalar finalmente, que desde la mesa del Sector Público insistieron  en que la paralización  de actividades del próximo lunes no significa que las negociaciones  con el gobierno estén cerradas, sino que representa  una forma de presión y rechazo a la última propuesta del Ejecutivo  constituida por un 3,1% de reajuste salarial, un 0,2% de reajuste real, lo cual está muy lejos del 7% que pretenden los funcionarios fiscales.

La Conferencia Pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, también se sumó a las críticas en torno al homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el apremio físico, privación de libertad y amenazas que sufrió el joven de 15 años que lo acompañaba en la Comuna de Ercilla.

Así lo expresó el pastor de dicha congregación Marcos Garrido , quien condenó además la violencia permanente desatada entre el Estado y el pueblo Mapuche mientras se revelan  nuevas acciones y encubrimiento, que dan cuenta como miembros del GOPE o Comando Jungla, han llevado a efecto en esta situación, justificándolas en  razón de este supuesto  “Plan Araucanía”.

El representante de la Iglesia Luterana además insistió en que hay deudas históricas con el pueblo Mapuche que no han sido solucionadas, tales como la negación de su derecho ancestral a la tierra, su reconocimiento en derecho como pueblo con identidad propia, y la justicia que le ha sido tantas veces privada  ante hechos de abuso y violencia tanto por parte del Estado chileno como de empresas nacionales y transnacionales que han invadido y robado su territorio

Desde la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, llamaron finalmente  al gobierno a cesar en la provocación de la violencia en el sur del país, para evitar así más violencia y más enfrentamientos entre personas, pues la represión y el miedo nunca será la respuesta para construir una sociedad justa, concluyeron.

(Conozca íntegra la Carta Pastoral Conferencia Pastoral IELCH)

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales entregaron una carta dirigida a los presidentes de ambas ramas del Congreso, solicitando la inhabilitación de la UDI de toda sesión o actividad parlamentaria relacionada con los derechos humanos, al denunciar que este Partido ha sido históricamente cómplice activo y pasivo de la dictadura cívico – militar que encabezó Pinochet.

Así lo expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, quien justificó esta petición en la inconsecuencia de la UDI al insistir en una estrategia de persecución judicial en contra de luchadores sociales, pero al mismo tiempo no ha hecho nada por extraditar desde Estados Unidos al Coronel Pedro Barrientos, uno de los autores de la muerte de Víctor Jara tras ser torturado y acribillado.

Alicia Lira agregó que la UDI además carece de idoneidad moral, pues por años defendió y avaló la figura de Paul Scheffer, jerarca de la polémica Colonia Dignidad, enclave alemán en donde se cometieron torturas, desaparición y muerte durante la Dictadura,

Por su parte, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, adhirió a esta petición, señalando que la verdadera cara de la UDI se manifiesta no sólo en la forma en que han apoyado históricamente la imagen de Pinochet, sino en su actuar en el Congreso, en donde de manera insistente se han opuesto a iniciativas de justicia y reivindicación para los familiares de los mártires de la represión.

Desde la Fundación Víctor Jara, su Director ejecutivo Cristian Galaz respaldo esta solicitud de la AFEP, al considerar que la UDI representa un sinónimo de Impunidad en nuestro país, recordando que el autor de la muerte de Víctor Jara sigue disfrutando de una vida tranquila en Miami, sin que nadie del gremialismo levante la voz condenando este hecho.

Pese a que inicialmente a las organizaciones de D.D.H.H se les prohibió injustificadamente el ingreso a dependencias del Congreso en Santiago, finalmente pudieron entregar la carta en donde rechazaron la actitud de la UDI al insistir en una defensa corporativa de los criminales de lesa humanidad, manteniendo  un permanente conflicto de interés, dañando a la democracia, al pueblo de Chile y especialmente  a los sectores más marginados y vulnerados del país.

La ANEF y las organizaciones sindicales de la Mesa del Sector Público (MSP), coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se volvieron a reunir, este miércoles 21 de noviembre, con el gobierno para continuar con el proceso de negociación por el reajuste, luego que la MSP-CUT rechazara la primera oferta del Ejecutivo de un guarismo de un 2,9% de reajuste salarial realizada ayer.

En esta oportunidad, el gobierno efectuó una propuesta de un 3,1% de reajuste salarial, un 0,2% de reajuste real. Oferta a la que respondió la MSP-CUT con un 7%. Sin embargo, la negociación se estancó en ese punto. Además, señalar la nueva ausencia de los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, Felipe Larraín, y Nicolás Monckeberg, respectivamente.

Todo ello motivó a la MSP-CUT a convocar a un Paro Nacional desde el próximo lunes 26 de noviembre para presionar al Ejecutivo a llegar a un acuerdo con los trabajadores del Estado.

El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, manifestó que la Mesa del Sector Público reconoció los avances en materias laborales, en particular sobre la estabilidad laboral, pero que éstos son insuficientes para concretar un posible acuerdo.

“Vamos a iniciar este proceso de paro el día lunes. Vamos a evaluar con el conjunto de las organizaciones los pasos que vamos a seguir dando. Y quiero manifestarle al gobierno y a ambos ministros que no se equivoquen, que las organizaciones tienen voluntad de acuerdo, pero que tiene que avanzar el gobierno en sus propuestas en concretar en materias sociales y laborales, y en avanzar hacia un rango distinto, en que evidentemente en materias económicas sea posible visualizar un acuerdo concreto”, expresó el presidente de la Agrupación.

De esta forma desde el próximo lunes la ANEF y las organizaciones de la MSP-CUT iniciarán una paralización a nivel país.

La Cámara de Diputados aprobó por 71 votos a favor y 65 en contra la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, por su desempeño en la crisis desatada tras el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca cometido hace una semana en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

El jefe de la bancada del PS, Manuel Monsalve, informó que el interrogatorio al ministro estará a cargo de la diputada socialista de origen mapuche Emilia Nuyado y la sesión se realizará el próximo 11 de diciembre, a las 16 horas.

Como un hecho histórico, calificó Manuel Monsalve, que por primera vez una diputada mapuche tendrá la oportunidad de expresar las verdaderas reivindicaciones de su pueblo al interior de la Cámara de Diputados.

A juicio del jefe de la bancada PC-PRO, diputado Daniel Núñez, más allá de la interpelación que se realizará el próximo 11 de diciembre, el tema de fondo es saber cómo el Gobierno va a encarar el conflicto mapuche a partir de ahora.

Para la diputada del PRO, Marisela Santibáñez, la interpelación contra el ministro del Interior es un paso importante para esclarecer los hechos que terminaron con el asesinato del joven de 24 años.

La diputada del PPD, Loreto Carvajal, valoró que la oposición en su conjunto respalde esta interpelación, subrayando que la salida de Luis Mayol no soluciona ni extingue las responsabilidades políticas e institucionales del Gobierno. 

Con esta aprobación, la interpelación al ministro del interior, Andrés Chadwick, debiera llevarse a cabo entre los próximos 10 y 15 días, instancia que estará a cargo de la diputada PS Emilia Nuyado. La interpelación se realizará el próximo 11 de diciembre a las 16.00 horas.

La directiva de la Central Unitaria de Trabajadores se reunió con los dirigentes de la Coordinadora Nacional del Movimiento NO+AFP, con el objetivo de estudiar caminos conjuntos para enfrentar la reforma previsional  impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.

En la oportunidad, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa expresó que existe un interés real por dar a conocer a las bases sindicales de todo el país los alcances de la propuesta de pensiones del Ejecutivo, para así analizar con fundamentos técnicos el impacto que podría generar su implementación.

Bárbara Figueroa reconoció que existe una línea de trabajo conjunta entre la multigremial y la Coordinadora NO +AFP en torno a construir una propuesta alternativa a las diseñada por el oficialismo, y que se aleja del principio de seguir entregando recursos públicos y privados a las actuales administradoras quienes han demostrado su incapacidad de asegurar pensiones dignas a la ciudadanía.

Por su parte, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina advirtió que la lucha sostenida por las organizaciones sociales y políticas, más allá del ámbito previsional, pretender además poner freno a un gobierno que ha utilizado el autoritarismo y el chantaje como fórmulas para imponer su criterio mercantilista y neoliberal.

Luis Mesina comentó que hoy Sebastián Piñera y su gobierno han demostrado su verdadera cara al país, la cual se refleja en la represión que significó el asesinato de un comunero mapuche en la Araucanía, una inminente reforma laboral que precariza los derechos del mundo de los trabajadores, y la mantención de un modelo previsional que sólo perpetúa el enriquecimiento de los grandes grupos económicos.

Desde la CUT anunciaron que el próximo 29 de noviembre tendrá lugar un consejo directivo ampliado el cual fijará como foco del debate, las observaciones y alcances que la coordinadora NO+AFP tiene respecto al proyecto previsional del Gobierno.

Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor de prensa radio Nuevo Mundo

Llama la atención que la diputada Pamela Jiles exprese en forma escrita y oral su apego a la legalidad a través de un decálogo, y descalifique la legitimidad, de sus colegas parlamentarios Maite Orsini y Gabriel Boric, que tienen para conversar con el ex frentista Ricardo Palma Salamanca.

Debe saber la diputada Pamela Jiles que los cambios culturales involucran también cambios a la legalidad, y de aquello dio cuenta perfectamente la dictadura al silenciar las conversaciones en las plazas, en los sindicatos y todo tipo de reunión política, cambiando la legitimidad por aquella legalidad de muerte. Además la legalidad nos dice que Palma Salamanca es refugiado político, por tanto, qué problema habría en charlar con él.

Recordemos que la dictadura amordazo, y con esto eliminó el dialogar y pensar político distinto, que creemos no es lo que pretende la diputada Pamela Jiles. Al contrario, la parlamentaria nos dice que ella comunicaría todas sus acciones que comporten diálogo político, eso realmente es imposible, porque hasta comprar una manzana en la feria denota ese espacio público-político.

Uno cosa es que a Pamela Jiles no le caigan bien las conversaciones de Orsini y Boric, y otra es, al igual que la derecha, negarles los diálogos de participación política. Los mismos que ha entregado el diputado Teillier, a quien también se le requiere, por parte de la derecha, restarse del debate político cuestionando su independencia.

Lo que hace Teillier al decir “yo no me inhabilito” en la comisión de ética del parlamento, para sancionar si han obrado bien o mal Boric y Orsini en su reunión con Palma Salamanca, es develar que su memoria histórica es parte constituyente de su identidad, y eso es legitimidad de su vida y de su independencia.

La comunicación de por sí es perspectiva de cambio, y eso al parecer no lo tolera la derecha, pero las reglas del decálogo o mandamientos o formas de comportarse de Pamela Jiles, no nos deben dejar de impresionar, ante las variedades del escaso reconocimiento hacia los de su sector.

En el diálogo diario existe cultura, diferencias, y para qué empeñarse en llegar a la homogeneidad que busca la derecha, y que al parecer otros también lo requieren. Un mundo así sería absurdo.

Las oportunidades de escuchar a la gente son mínimas y por qué y para qué desperdiciarlas. Hemos escuchado y leído a Pamela Jiles en su decálogo, ahora escuchemos las identidades de los sujetos sociales que son los parlamentarios cuestionados.

Como dijo el conde de Lautréamont hace más de 100 años: vivimos en la era en donde todos escribimos y nadie lee, y donde todos hablamos y nadie nos escucha, como si ya visualizara este tipo de sociedad postmoderna, individualista.

Ahora, más allá que Boric y Orsini hayan faltado a la comunicación de orden legal constitutiva del parlamento, éste debería permitir radicalizar las diferencias, para eso son políticos. Lo que hace Jiles es no profundizar esas diferencias, al contrario, al igual  que la derecha, pareciera buscar un consenso de exclusión política con sus mandamientos.

Chantall Mouffe nos recuerda que ciudadano es quien tiene relaciones y experiencias sociales, culturales, de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, por tanto, los parlamentarios que fueron y conversaron con Ricardo Palma Salamanca permitieron profundizar y ejercer ese espacio, que aunque no lo crea la derecha y otros, son los territorios donde se construye la materia prima de la democracia.

Lo que han hecho –conversar- Boric y Orsini es alejarse de la sociedad “bien ordenada”, cuadrada, lo que creemos permite reconocer al otro en su agonismo.

Teillier, Boric y Orsini no niegan su identidad, al contrario, la refuerzan y eso es prestigio del saberse.

En el marco del caso Catrillanca, el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, indicó que la responsabilidad política es clave por parte del ministro del interior, Andrés Chadwick y del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quienes no deben seguir en los respectivos cargos.

Marcos Barraza dijo que a partir del asesinato del comunero mapuche, queda de manifiesto que el Gobierno ha optado por una política de represión y militarización sostenida en la región de La Araucanía, la cual busca anular las legítimas demandas del pueblo mapuche.

Según Marcos Barraza, la estrategia político-comunicacional del gobierno consiste en aparentar estremecimiento tras el asesinato de Camilo Catrillanca, pero en los hechos seguir legitimando la política de represión ejercida por el Comando Jungla en la novena región.

El ex ministro de desarrollo social advirtió que el Comando Jungla es la expresión más brutal del abuso que ejerce el Estado contra los pueblos originarios, poniendo de manifiesto el proceder ilegítimo del Gobierno en La Araucanía.

Además, Marcos Barraza aseguró que el Plan Impulso Araucanía muestra un rotundo fracaso, ya que se creó sobre la base de subordinar al pueblo mapuche a los intereses de la industria forestal.

A juicio del ex secretario de Estado, es impresentable que el ministro del interior, Andrés Chadwick y el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, no asuman su responsabilidad política en la difusión de información falsa sobre los hechos.

En su opinión, las autoridades actuaron con discriminación, prejuicio y racismo al justifica el asesinato del comunero mapuche en un presunto prontuario penal que nunca existió.

Finalmente, Marcos Barraza reiteró que el país está frente a un abuso a la fe pública, y por tanto,  Andrés Chadwick y Luis Mayol no deberían seguir en sus respectivos cargos, dada la responsabilidad política de ambos.