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La acusación constitucional en si misma fue una acción contra la impunidad sostiene J. A. Lagos

Tras un debate de más de nueve horas, la Cámara de Diputados rechazó por 64 votos a favor y 73 en contra la acusación constitucional que pesaba sobre los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, por haber concedido el beneficio de libertad condicional a un grupo de condenados por crímenes de lesa humanidad.

Pese a este resultado, el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, destacó que la votación inicial permitiera demostrar la legitimidad de la acusación constitucional, desde el punto de vista legislativo.

 

Para el dirigente comunista, la primera resolución del Parlamento a favor de esta acusación dejó establecido que no existe la posibilidad de reinterpretar la legislación para otorgar libertad condicional a reos que no han entregado ninguna señal de arrepentimiento.   

 

El analista indicó que hay una denegación de justicia por parte del Estado chileno, en lo que respecta a quienes violaron los Derechos Humanos mediante tortura, ejecución y desaparición forzada de más de mil compatriotas.  

En ese contexto de impunidad, Juan Andrés Lagos descartó que la acusación constitucional contra la Corte Suprema atentara contra el Estado de Derecho, como señalaron desde la derecha los defensores de la Dictadura. 

 

Por otro lado, Juan Andrés Lagos repudió que diputados del partido radical y democratacristiano votaran en contra de esta acusación, tratándose de los mismos sectores que junto a la derecha se amparan en la idea de que los Derechos Humanos se defienden en cualquier parte del mundo.

A juicio del dirigente comunista, esos parlamentarios no tienen moral, ni ética para seguir jugando al empate político en la materia. 

 

El analista y dirigente Juan Andrés Lagos, aclaró finalmente que el Parlamento no tiene piso para seguir intentando esta suerte de empate, tratando de blindar la impunidad en Chile, paralelamente a defender los Derechos Humanos de otros países, pero sin referirse por ejemplo, a los más de 400 dirigentes sociales, campesinos y militantes de las FARC asesinados en Colombia por bandas paramilitares y agentes del Estado.

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