La ex subsecretaria de previsión social, Jeannette Jara, afirmó que el gobierno ha desenmascarado su voluntad política de destinar la cotización extra del empleador a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, tras retirar del debate legislativo el proyecto de reforma constitucional que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo.

La dirigenta comunista dijo esperar que el ejecutivo recapacite, porque hay una clara deslegitimación social, política y económica de este modelo de AFP, que lo hace inviable en el largo plazo.

La ex subsecretaria de previsión social llamó al mundo progresista a avanzar en la construcción de las mayorías necesarias para impulsar leyes y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía

En ese sentido, Jeannette Jara aseguró que el gobierno de Piñera le tema a la unidad de la centro izquierda, que al ser mayoría en el Parlamento, aprueba proyectos como el de bono único reparatorio a víctimas sobrevivientes de la Dictadura y el que crea el consejo de ahorro colectivo, ambos retirados por el ejecutivo.

Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, aseguró que la primera gran señal que está dando el Gobierno es que no va a existir competencia para las AFP, y en segundo lugar, que el problema no se resuelve con políticas de seguridad social.

La presidenta de la CUT aclaró que la solidaridad no es el debate principal para el Gobierno en materia de pensiones, ya que la propuesta de la anterior administración consistía en el apoyo de los cotizantes para efectos intergeneracionales e intra-generacionales.

Finalmente, Bárbara Figueroa remarcó que el ejecutivo se va a abocar a seguir construyendo condiciones para que el debate empresarial marque la agenda.

La iniciativa apunta a suprimir aquellos aspectos redactados por la empresa de Ponce Lerou  y que quedaron plasmados en la legislación a través de indicaciones firmadas, entre otros, por la actual ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, cuando era parlamentaria y por el actual senador RN, Francisco Chahuán.

Tal como se anunció en la reunión sostenida con la ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos, finalmente los diputados de la bancada del Partido Comunista, Amaro Labra y Boris Barrera, ingresaron este miércoles 30 de mayo la moción parlamentaria que busca derogar aquellas normas que fueron ideadas en las oficinas de SQM durante la tramitación del proyecto que creó el Ministerio del Medioambiente.

Un reportaje de Ciper evidenció que en la tramitación de la Ley 20.417 -que creó el Ministerio y la Superintendencia del Medioambiente-, SQM logró introducir 41 indicaciones que tenían como finalidad flexibilizar las normas relativas a las facultades  sancionatorias de la institucionalidad medioambiental contra empresas que incurrieran en faltas.

La iniciativa suprime los cambios promovidos por la empresa minera de Julio Ponce Lerou, permitiendo reivindicar el rol del Congreso como órgano representativo del interés general y la soberanía popular.

Según sostuvo el diputado Amaro Labra, miembro de la comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, “tenemos el convencimiento de la influencia del mega empresario Ponce Lerou en esta legislación y lo que nosotros queremos es poder revertirla y poder llegar al proyecto original”.

Respecto de las conversaciones con la ministra Cubillos, quien fuera individualizada por el reportaje como unas de las patrocinantes de las “indicaciones SQM”, el diputado Labra sostuvo que ella tenía la disposición de avanzar en la discusión del proyecto.

“La vamos a citar para que explique cuáles son los planes que tiene de descontaminación y seguramente vamos a tratar este tema en la comisión. Ella está dispuesta a participar. Nos manifestó que tenía la mayor disposición para venir, así que la vamos a citar para que conversemos sobre este tema, porque es muy grave lo que se descubrió, con evidencias claras del actuar de Ponce Lerou sobre la legislación”, agregó el diputado Labra.

Por su parte, el subjefe de la bancada PC, diputado Boris Barrera, señaló que “esto no es solamente algo que nos preocupa por el tema medioambiental, sino  por la forma en que se hizo. Cualquier persona o  empresa puede dar su opinión sobre la ley, pero la forma cómo lo hizo SQM, a través de un correo que no es institucional, que se llama “grillo”, y de acuerdo al prontuario del dueño de esta empresa, es para sospechar cualquier cosa. En post de la transparencia, es que queremos que esta situación se revierta y volver al proyecto original”, concluyó.

Conozca acá PDL presentado…

Durante desalojo de la toma feminista del Liceo Confederación Suiza de Santiago, efectivos de Carabineros actuaron con excesiva violencia contra los estudiantes.  Carlos Vivanco, joven de 17 años, fue golpeado y estrangulado por la espalda con un lienzo, por lo que debió ser trasladado a la Posta Central con riesgo vital, tras perder la conciencia denunciaron

Marcia Miranda, madre del estudiante estrangulado, advirtió que este hecho pudo ser fatal para su hijo, quien además padece una enfermedad cardiaca.

Marcia Miranda informó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tomó contacto con ella y se hará parte del proceso judicial  que busca identificar y castigar a los responsables de esta brutal agresión.

Este es el caso de violencia policial más grave sucedido en este gobierno. Aunque en forma reiterada, Carabineros abusa de las y los estudiantes golpeándoles, reprimiéndoles y provocándoles serios daños como en el caso de este joven del Confederación Suiza, que fue detenido con cerca de 20 compañeros y compañeras en una situación ajena a los protocolos que debería tener Carabineros.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento dictado respecto del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, uno de los 17 acusados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, por delitos de corrupción en el marco de la investigación por la adjudicación de contratos de recolección y disposición de basura.

Las pericias se realizaron a la empresa KDM, por su labor en las municipalidades de Maipú y Ñuñoa, como de licitaciones públicas y de servicios de honorarios en los municipios de Cerro Navia y Colina.

La resolución unánime del tribunal de alzada también revocó la medida respecto del ex jefe jurídico de la municipalidad de Ñuñoa, bajo la administración de Sabat, Marcial Araya Hernández.

Para el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, la decisión valida la posición de la Ministerio Público en el sentido “que corresponde en sede de juicio oral presentar la teoría del caso y los antecedentes probatorios por parte de fiscalía y por parte de la defensa, y que ellos sean valorados por un tribunal colegiado, a fin de dar, o no, por acreditado el delito de fraude al fisco y la participación de los acusados”.

“La resolución del juez de garantía que ha sido revocada por la corte da cuenta que no estaba conforme a derecho dado que había excedido sus facultades”, añadió el persecutor.

Los alegatos para revocar la resolución del 9° Juzgado de Garantía de Santiago fueron realizados por la jefa jurídica de la Fiscalía Occidente, Claudio Roco y la abogado del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre.

La audiencia de preparación de juicio oral por esta causa, que involucra además al ex jefe comunal de Maipú, Christian Vittori, está fijada para el próximo 18 de junio.

Sin embargo, está pendiente la contienda de competencia trabada entre dicho tribunal, respecto del Juzgado de Garantía de Colina y el 5° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ello, a partir del hecho que el juez del primer tribunal mencionado, separó las aristas de esta indagación según la jurisdicción de las comunas involucradas, posición que no ha compartido el Ministerio Público.

La fiscalía basa su argumento en que la causa debe llevarse a juicio oral como un todo, y no por separado, en atención a que las conductas desplegadas por los imputados formaron parte de un modus operandi que debe conocer y sancionarse en un solo Tribunal Oral, por la naturaleza, circunstancias de los hechos y los imputados involucrados en el contexto de municipalidades.

Tras 4 días (al Martes 29-Mayo) de actividad polideportiva, es Brasil quien ha alcanzado la cima, rebasando a Colombia y Chile en los IX Juegos Suramericanos de la ODESUR en Bolivia.

CHILE ha obtenido en REMO la mejor participación por deporte: 8 oro y 6 plata. Los demás son Natación (2/0/0); KaraTe (1/1/3); Triatlón, Gimnasia Artística y Rugby (1 oro cada una); Esgrima y Vela (0/1/1); Judo (6 bronce); Patín Carrera (5 bronce) y Bádminton (1 bronce). Así totaliza 14/9/17 medallas.

Antonia y Melita Abraham, las mellizas del remo, han conseguido 4 oro cada una. Kristel Köbrich, en el nado, ha sido ganadora de ambas oro de la disciplina.

BRASIL ha ganado 28 oro, 21 plata y 23 bronce; y COLOMBIA, 25/22/24. El cuarto puesto lo tiene ARGENTINA con 13/19/20, siguiéndole VENEZUELA con 12/15/16, ECUADOR con 9/2/10, PERÚ con 5/9/12, URUGUAY con 1/3/8, y SURINAM con 1/0/0. Ya más lejos en este instante, PARAGUAY con 0/3/5, BOLIVIA con 0/2/2, PANAMÁ con 0/2/1, y ARUBA con 1 plata. Solamente GUYANA no se ha adjudicado medalla alguna, que llevó 11 deportistas para 6 deportes.

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Este Miércoles concluyen las pruebas de Natación, de Polo Acuático, de Bowling, de Futsal, de Gimnasia Artística, de Judo y de Triatlón. Habrá, premiación en Levantamiento de Pesas y de Esgrima; además de partir el Ciclismo en Pista con entrega de los honrosos metales.

Este lunes se conformó la “Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas” durante una masiva reunión de dirigentas —75 mujeres de 35 organizaciones distintas—, compuesta por líderesas sociales, pobladoras, sindicales, migrantes, de pueblos originarios y de asambleas feministas de distintas universidades, con el objetivo de generar un petitorio común en materia de derechos de las mujeres.

Dentro de los primeros objetivos trazados por la coordinadora, está la redacción de un pliego de demandas para entregarlo al Presidente Sebastián Piñera previo a su cuenta pública del 1 de junio, con motivo de darle a conocer la diversidad de demandas que existen dentro del movimiento feminista a raíz de lo que consideran “una sociedad patriarcal que nos oprime en todos los ámbitos de la vida”, como son la educación, el trabajo, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las trabajadoras sexuales, de migrantes, entre otros.

Dicho pliego de demandas será entregado este jueves a La Moneda y estará dirigido al Presidente Sebastián Piñera.

En este sentido, la vocera de la CONES —Amanda Opazo—, manifestó que “nuestras demandas no se agotan en los colegios o universidades, somos mujeres y nos persiguen injusticias en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos pagan menos por el mismo trabajo, se nos asignan roles injustos, no tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos, y todo esto, se agrava aún más entre las mujeres pobres”.

Asimismo, la secretaria de la asociación de Coordinadoras de Comités de Allegados “Los sin tierras”, Karen Guzmán, aseguró que “ayer nos reunimos juntos a diferentes organizaciones donde el liderazgo lo llevan las mujeres, en este movimiento feminista damos a conocer nuestra problemática, el derecho a la vivienda digna; un hogar donde las mujeres mas pobres tengan donde acobijar a sus hijos”. Asimismo, señaló que “queremos cambiar la constitucion para que exista la parabra ‘derecho a’ y no ‘accesibilidad’; tanto para la vivienda como para la educacion, la salud, etc”.

Dentro de las organizaciones que conforman la coordinadora, se encuentran: Comités de Allegados, voceras de las tomas feministas de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, CONES, Marca AC, CORPADE, Criar Estudiando, ANEF, Coordinadora Nacional de Migrantes, Tejiendo Aquelarre (mujeres migrantes), Abofem (abogadas feministas), Lesbianas Visibles, Iguales, Mujeres por la Memoria y la Vida (organización de derechos humanos), Colegio de Matronas, Comisiones de Género de la Universidad de Chile y Colo Colo, entre otras.

El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado, Roberto Rojas, señaló que no fueron convocados por el gobierno a la mesa que discutió durante dos meses el proyecto de ley “Pago Oportuno” que busca reducir el tiempo de pago de proveedores a pequeñas y medianas empresas en Chile.

El titular de la CONUPIA aclaró que la opinión de su sector no fue considerada en el debate respecto al problema financiero que atraviesan las PYMES.

Roberto Rojas miró con preocupación que las empresas del sector público tendrán tres años para acomodarse a la ley “Pago Oportuno”, ya que miles de Pymes podrían desaparecer producto de la deuda acumulada en ese periodo.

El presidente de la CONUPIA cuestionó las declaraciones del ministro de economía, José Ramón Valente, respecto a que si aumenta la inversión, las Pymes van a tener acceso a ejecutar parte de los 250 mil nuevos empleos que se creen.

Para el dirigente sindical, el Gobierno los hace parte del plan Pro Inversión sólo por la vía del empleo subcontratado.

Roberto Rojas sostuvo que esta ley debe cautelar los derechos de los trabajadores, fijando normas para que los proveedores paguen en un plazo máximo de 30 días.

El presidente de la CONUPIA aclaró que no pueden esperar que una ley entre en vigencia en tres años, en vista del des-financiamiento por la vía del endeudamiento, que afecta al sector.

Más de 36 millones de colombianos asistieron a las urnas el pasado domingo para elegir a su próximo presidente, tratándose de los primeros comicios en los que votaron miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tras el cese del conflicto armado entre este antiguo grupo insurgente y el Estado colombiano.

Desde Bogotá, los analistas internacionales Juan Alberto Sánchez Marín y Luis Eduardo Celis abordaron la polarización sobre el acuerdo de paz con las FARC, en el contexto de dos candidatos que representan líneas contrarias, el candidato derechista Iván Duque y el candidato progresista Gustavo Petro.

Juan Alberto Sánchez Marín subrayó que por primera vez en más de 5 siglos, el proceso electoral colombiano se lleva a cabo en un ambiente tranquilo, marcado por en proceso de paz con las FARC, donde esta última ha cumplido sus anuncios de cese al fuego unilateral.

Juan Alberto Sánchez Marín destacó los cerca de 19 millones de votantes, de un censo electoral de más de 36 millones de personas, ya que representa la menor abstención electoral de los últimos 20 años.

Luis Eduardo Celis calificó como un hecho histórico que haya segunda vuelta entre dos posiciones, donde la derecha representa  la defensa de un orden de inequidad y violencia, además de solventar la corrupción y verse beneficiada de los recursos públicos.

Luis Eduardo Celis sostuvo que el 17 de junio, los colombianos tendrán la posibilidad de optar entre la postura tradicionalista de Iván Duque, y la mirada de cambio de transformación que representa Gustavo Petro.

En la segunda vuelta electoral, programada para el 17 de junio, se enfrentarán dos fuerzas políticas distantes: el uribismo de claro sentido militarista pro norteamericano con Duque y la izquierda con Petro.

Diputados de oposición impugnaron ante la Contraloría la designación de Juan Benavides como presidente de Codelco. Los parlamentarios invocaron la norma que establece la ley de Codelco para los nombramientos de autoridades, apelando además a principios de probidad, ya que recordemos que Benavides fue sancionado en el marco de la investigación sobre la colusión de las farmacias.

Así lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana Raúl Soto quien insistió en que el recién nombrado presidente de la principal cuprífera nacional por parte de la Derecha no cumple ni los requisitos éticos ni jurídicos para asumir dicho cargo.

Por su parte el también parlamentario falangista Matías Walker lamentó la poca consideración expresada por el Gobierno al nombrar en un cargo de absoluta relevancia, a quien no tuvo la capacidad de informarse y enfrentar un acuerdo de precios entre las farmacias, originando un verdadero abuso principalmente hacia el sector más vulnerable de la población.

En tanto el Diputado socialista Leonardo Soto aclaró que la propia norma que regula Codelco exige que sus directores no registren antecedentes comerciales, lo cual no se cumpliría en el caso de Juan Benavides al presentar estas dos sanciones financieras aplicadas por la Superintendencia de valores producto de su actuar negligente a cargo de farmacias Ahumada al permitir el acuerdo de precios de los fármacos en perjuicio de los usuarios.

Así mismo, el Diputado DC Gabriel Silber exigió a Piñera que reconsideré el nombramiento de Benavides a cargo de Codelco, pues más allá de sus cuestionamientos éticos resulta riesgoso que replique su accionar deficiente ante la colusión farmacéutica en la principal empresa del Estado.

Para los diputados, Juan Benavides Feliú carece de antecedentes comerciales intachables, en tanto, en ejercicio de su nombramiento de Director de Farmacias Ahumada, fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros con 300 UF por el ejercicio negligente de su cargo de director de FASA al no adoptar medidas de fiscalización por los graves hechos investigados. Además, lo sancionó este mismo organismo por tener relaciones comerciales con Farmacias Cruz Verde por su cargo de gerente del Grupo Falabella, cuando aún era director del Farmacias Ahumada. Todos hechos que harían inviable su designación como presidente de Codelco.