Juan A. Lagos señala que Piñera debe ir a prisión como principal responsable político de las graves violaciones a los DD.HH. en el marco del estallido social

Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista, fue enfático en sostener que Sebastián Piñera debe ir a prisión por ser el principal responsable político de las violaciones permanentes y sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas a partir de la revuelta popular, y que han sido condenadas internacionalmente.

En ese sentido, el analista acusó a sectores de oposición de blindar al mandatario a partir de su respaldo a proyectos de ley de seguridad que están orientados a legitimar judicialmente la represión en Chile.

 

Juan Andrés Lagos dijo que hay que presionar en la dirección de que el Estado libere a los presos de la revuelta social, en paralelo a que vaya en ayuda de quienes sufrieron secuelas, producto de la violencia de Carabineros durante las jornadas de protestas.

 

A juicio del analista, se requiere con urgencia de la intervención de organismos internacionales, dada la indefensión de la ciudadanía frente a una serie de montajes, abuso policial e infiltración de agentes del Estado en las movilizaciones sociales.

 

Juan Andrés Lagos consideró evidente que el gobierno busca generar un clima de terror en medio del proceso constituyente que cursa Chile, y para esos efectos, se ha gestado el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas  en el sistema de represión chileno.

 

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que se requiere con suma urgencia de la intervención de organismos internacionales y de países que puedan garantizar que el proceso constituyente en Chile se realice en paz y no en medio de una atmosfera marcada por la violación de Derechos Humanos permanente.




Lautaro Carmona: «Aplastante triunfo de la opción apruebo viene a confirmar la derrota de Piñera frente al enemigo poderoso que dijo tener»

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el aplastante triunfo de la opción apruebo viene a confirmar la derrota de Sebastián Piñera, frente al enemigo poderoso que dijo tener, a partir de su declaración de guerra en el marco de la revuelta popular.

En su diagnóstico, el hecho de que la Convención Constitucional arrasara con casi un 80 por ciento de los votos, también da cuenta del fracaso del oficialismo, frente a su intento de confundir a la ciudadanía.

 

El dirigente comunista acusó oportunismo de Sebastián Piñera al manifestar que el resultado del plebiscito es una victoria de todo el país, ya que desde un inicio su estrategia estuvo orientada a conformar el gabinete del rechazo.

 

Lautaro Carmona afirmó que el principal anhelo ciudadano radica en la construcción de una sociedad de derechos, desmarcándose de la postura del oficialismo a favor de la mercantilización en todos los planos.

 

El secretario general del PC explicó que la elaboración de un nuevo marco constitucional, responde a la búsqueda de terminar con las razones que causaron el golpe de Estado, es decir, la refundación capitalista neoliberal.

 

A juicio de Carmona, el mandatario debió haber tenido el valor de asumir la derrota política de su sector, tras el triunfo del apruebo y la convención constitucional, lejos de adjudicarse el resultado.




Violación generalizada de los Derechos Humanos se dio a partir de las declaraciones de Sebastián Piñera apuntando a un supuesto enemigo poderoso que había que combatir señaló Juan A. Lagos

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, denunció una grave vulneración del Estado de Derecho, por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, tras constatarse la falsedad de su informe sobre venezolanos y cubanos que estarían involucrados en la quema de estaciones de Metro hace un año.

El analista político remarcó que el propio fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, ha descartado de plano que existiera una concertación de organizaciones extranjeras y nacionales.

 

Juan Andrés Lagos recordó que la violación generalizada de los Derechos Humanos en Chile, se dio a partir de las declaraciones de Sebastián Piñera, apuntando a un supuesto enemigo poderoso que había que combatir.

El profesional sostuvo que los dichos del mandatario se respaldaban en información que acabó siendo desmentida, respecto a la intervención de Aparatos de Inteligencia de Cuba y Venezuela en la quema de Metro.

 

El dirigente comunista calificó como “extraordinariamente grave” que no existan sanciones ejemplificadoras contra quienes buscaron legitimar la represión sobre la base de información falsa que involucra a Aparatos de Inteligencia de otros países.

 

Juan Andrés Lagos consideró igualmente grave que sectores de oposición estén respaldando la ley “antibarricadas” y otras iniciativas del Gobierno que entregan más poder a la policía militarizada.

 

El analista Juan Andrés Lagos aclaró que las leyes de seguridad impulsadas por el ejecutivo, vienen a legitimar por la vía legal la intervención de aparatos de inteligencia contra el movimiento social.




Abogado Carlos Margotta: «Piñera incumplió su mandato constitucional al recurrir a la represión en vez de impulsar los cambios que el pueblo exigía en su calidad de soberano»

La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que las «justas y legítimas demandas» que dieron origen al denominado estallido el 18 de octubre de 2019 siguen plenamente vigentes un año después del inicio de la crisis, la peor desde el término de la dictadura de Augusto Pinochet y, por lo tanto, el conflicto social aún no ha concluido.

Al mismo tiempo afirmó que la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descrédito y falta de legitimidad de las instituciones políticas y la mantención de un modelo de sociedad impuesto durante 30 años, que niega los derechos humanos más elementales como la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneración justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema político actual.

El presidente de Comisión Chilena de Derechos Humanos, abogado Carlos Margotta, sostuvo que dicho se apunta a denunciar que Sebastián Piñera incumplió su mandato constitucional al recurrir a la represión, en vez de impulsar los cambios que el pueblo exigía en su calidad de soberano.

 

Carlos Margotta acusó al Estado de vulnerar sistemáticamente los pactos y convenios internacionales que ha suscrito en materia de Derechos Humanos, y muy especialmente a partir del estallido social.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, hizo una comparación entre el proceso de transformaciones iniciado por el presidente Salvador Allende, y el que cursa actualmente Chile, el que ha estado marcado por una política de violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, por parte del Estado.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos  concluyó que, en un nuevo 18 de octubre, llama al gobierno a terminar con la represión de la protesta social y, a los habitantes de nuestro país, a no caer en provocaciones que impidan la realización del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente.




Juan A. Lagos alertó que Piñera busca aprobar leyes para el fortalecimiento de la militarización policial

Distintos expertos se han mostrado críticos frente al llamado de Sebastián Piñera al Congreso, a aprobar la reforma a Carabineros y otras iniciativas ligadas al resguardo del orden público. Esto, luego de que los integrantes de la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros se reunieran con el presidente de la República para abordar las iniciativas legales y administrativas que buscan agilizar la modernización de dicha institución.

Ad portas de conmemorarse un año desde la revuelta popular en Chile, Piñera insiste en vincular la reforma a Carabineros que la ciudadanía exige, con las reformas a la Ley Antiterrorista y a la Ley de Inteligencia, las cuales apuntan a otorgar mayores atribuciones a la policía.

Al respecto, el integrante de la comisión política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, denunció que el mandatario busca el fortalecimiento de la militarización policial, lejos de dar cuenta de una voluntad política real de reformar Carabineros, en pos de promover su apego irrestricto a los Derechos Humanos en el marco de la grave situación tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

 

Juan Andrés Lagos fue enfático en sostener que la reforma a Carabineros propuesta por el mandatario está orientada a aplacar la protesta social por la vía del terrorismo de Estado.

 

El dirigente comunista aclaró que también hay complicidad del Estado, respecto a fenómenos como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, y el no respeto y violación a los Derechos Humanos.

 

En ese sentido, Juan Andrés Lagos afirmó que el Estado ha sido históricamente cómplice de la delincuencia y la represión ejercida a partir de la militarización policial.

 

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que es urgente modificar las doctrinas y protocolos de las Fuerzas Armadas y de Orden, o de lo contrario, en Chile se seguirá fortaleciendo la estructura de represión de la policía militarizada sobre los movimientos sociales.




Abogado Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia

Ramón Sepúlveda, abogado patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabría al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Coronavirus, valoró que la Corte Suprema decidiera acoger parcialmente la solicitud del Ministerio Público para acceder a los correos electrónicos de autoridades del Minsal, en virtud de la investigación sobre posibles responsabilidades en el manejo de la pandemia.

Junto con mostrarse conforme con este resultado, el experto indicó que el Ministerio Público debe seguir abogando por que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

 

Asimismo, Ramón Sepúlveda se mostró confiado en que la justicia penal va a encontrar los resultados que la política le ha negado a muchos chilenos que han perdido familiares a causa de la mala gestión de la pandemia. Esto, a propósito del rechazo a la acusación constitucional contra el ex ministro de salud, Jaime Mañalich.

 

El abogado patrocinante de la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, detalló que dicha acción fue extendida a dos figuras penales; diseminación imprudente de gérmenes patógenos y de falsificación ideológica de instrumento público.

La ampliación de la querella, añadió el jurista, se sustenta en la indagación realizada por la Fiscalía, de manera objetiva y a partir de negligencias del propio organismo.

 

El abogado Sepúlveda remarcó que en Chile Constituyen delito aquellos errores y negligencias cometidas por funcionarios públicos que tenían en su poder la decisión del manejo de la salud pública y la vida de las personas.




Denuncian que Piñera pretende mantener la posición de privilegios de su sector mediante el uso irracional de la fuerza, valiéndose para ello del apoyo policial, militar y económico

Abogados vinculados al ámbito social y de los DD.HH.  condenaron la conducta del gobierno en el episodio que terminó con un menor lanzado al lecho del rio Mapocho en  medio de una manifestación social. Para los profesionales del Derecho, esta grave situación confirma que Sebastián Piñera pretende mantener la posición de privilegios de su sector mediante el uso irracional de la fuerza, valiéndose para ello  del apoyo policial, militar y económico.

Así lo expresó el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. Carlos Margotta, agregando que lo ocurre en Carabineros no es un hecho aislado, sino que corresponde a una política permanente de represión que desoye las recomendaciones hechas por organismos humanitarios internacionales.

 

Carlos Margotta acusó a Sebastián Piñera de no cumplir su rol de garante civil del actuar de Carabineros, recordando  el llamado a la impunidad hecho por el General Director de la institución Mario Rozas ,quien afirmó hace un tiempo que ningún funcionario sería dado de baja pese a estos actos criminales.

 

Por su parte, el abogado Daniel Stingo sostuvo que haber dado de baja al carabinero que atacó a este menor de edad, sólo porque el efectivo policial  no portaba la cámara institucional y no por los delitos que se le imputan, demuestra el absurdo actuar del Gobierno y su rama de seguridad pública.

 

El abogado Stingo manifestó que Sebastián Piñera sigue demostrando que no tiene ningún pudor en su accionar, confirmando que su único interés en lograr terminar su periodo presidencial, aunque esto signifique  aplicar una política de sangre y fuego en contra de sus compatriotas.

 

Daniel Stingo reflexionó respecto a la fragilidad de nuestra democracia, pues hoy no existen las herramientas legales para que las personas puedan resguardarse ante estos abusos, confirmándose la necesidad de cambiar la Constitución.

 

Los abogados Carlos Margotta y Daniel Stingo expresaron que las sanciones penales y políticas a Carabineros y las autoridades que conducen a esta institución, no son suficientes  si no se reformula este cuerpo policial de manera efectiva. Además coincidieron que ante una eventual Convención Constituyente, esta debe redactar la nueva Constitución  con apego irrestricto a los tratados y convenios de D.D.H.H internacionales, para evitar sucesos como los ocurridos desde el 18 de octubre del año pasado en adelante.




Abogado Ramón Sepúlveda sobre avance de querella contra Piñera, Mañalich y subsecretarios por el delito de denegación de auxilio y de abandono

Siguen avanzando las querellas en contra de Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los dos actuales subsecretarios de Salud, por la responsabilidad que les cabría en la muerte de cientos de personas por causa de la pandemia, producto de la negligencia en las políticas sanitarias aplicadas y el ocultamiento de información clave respecto al avance de los contagios.

Para el abogado Ramón Sepúlveda, querellante en varias de estas causas, uno  de los fundamentos de esta presentación judicial, es la omisión e imprudencia  inexcusable por parte de las autoridades, al utilizar un criterio de cuarentenas arbitrarias, lo que derivó en consecuencias fatales para  la población.

 

El profesional sumó como antecedente a su acción, la no entrega a la red primaria de salud por  parte del Minsal, de las ficha de los pacientes contagiados con Covid 19, lo cual impidió que los municipios pudieran tomar a tiempo medidas efectivas de prevención y trazabilidad.

 

Ramón Sepúlveda denunció que los personeros de gquobierno incurrieron en el delito de denegación de auxilio y de abandono, ya que pese  a informar diariamente  la dotación de camas y respiradores, finalmente era muy dificultoso y burocrático para la población contagiada, acceder a estas prestaciones sanitarias.

 

Del mismo modo, el abogado Ramón Sepúlveda advirtió que el Código Penal es explicito en las sanciones que le caben a las autoridades cuando permiten de manera negligente la propagación de gérmenes patógenos y enfermedades, ocasionando la muerte a las personas, situación en la que a su juicio, se encuadran Sebastián Piñera y sus colaboradores  en el marco de esta crisis sanitaria.

 

Finalmente el profesional, lamentó la actitud adoptada por la defensa de los querellados, pues junto con cuestionar la labor de la Contraloría y Ministerio Público, han obstaculizado la investigación  judicial al impedir el allanamiento al Ministerio de Salud para conseguir información  esencial para resolver estas causas.




A pesar de las presiones prosigue investigación de Fiscalía en querella contra Piñera y Mañalich

Pese a los cuestionamientos de los que ha sido víctima, el fiscal Marcelo Carrasco  prosigue la investigación por muertes  por COVID 19 en el marco de la querella presentada  en contra del presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los actuales subsecretarios  de Salud Paula Daza y Arturo Zúñiga, dada su eventual responsabilidad  en los hechos

Es por esto que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ofició a diversos centros de Salud   para que entreguen al Ministerio Público  la ficha clínica respecto de los pacientes fallecidos  por la pandemia.

Conocida esta resolución, el alcalde de Recoleta y querellante en una de estas causas Daniel Jadue , sostuvo que es una noticia positiva que la justicia siga su labor, dada la gravedad  de los hechos denunciados.

 

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, quien también es parte requirente  en causas similares, agregó que la resolución del Tercer Juzgado de Garantía  de Santiago  apunta en la dirección correcta.

 

Del mismo modo, el abogado penalista Ramón Sepúlveda, patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabria al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Covid , detalló los Centros de Salud a los cuales se les exhortó para entregar información  fundamental  para resolver esta acción  judicial.

 

Los centros de salud a los que se solicitó entregar los datos corresponden a: Posta Central, Hospital de Trabajador (ACHS), Posta 3, Posta Central, Hospital San Juan de Dios, Hospital San José, Hospital Clínico J.J. Aguirre, Clínica Vespucio, Hospital del Tórax.




Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular: «Falta mucha justicia aún y también los responsables políticos»

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva al coronel Claudio Crespo, imputado como el autor de los disparos que dejaron ciego al joven estudiante Gustavo Gatica. El teniente coronel (R) de Fuerzas Especiales fue formalizado tras cerca de nueve meses de investigación, por parte de la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Derechos Humanos y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, que determinaron su responsabilidad como percutor de dicho ataque con escopeta antidisturbios.

Sin embargo, desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, su vocera, Marta Valdés, aclaró que también hay responsabilidades políticas del presidente de la República y sus exministros del interior; Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

Del mismo modo, la dirigenta calificó como impresentable que Mario Rozas siga siendo el general director de Carabineros, pese a su responsabilidad institucional en numerosas violaciones a los Derechos Humanos.

 

En ese sentido, Marta Valdés exigió que los responsables políticos y de dar las ordenes en este caso, paguen como una señal de justicia y no impunidad frente a la violencia de Estado.

 

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular se mostró igualmente preocupada ante el riesgo de que este tipo de mutilaciones se vuelvan a repetir producto de las leyes represivas que el gobierno busca aprobar en el Congreso.

 

Finalmente, Marta Valdés informó que al interior de la Coordinadora hay más de 60 querellas que se han visto ralentizadas debido a la pandemia, y a la poca colaboración de Carabineros para que las investigaciones avancen rápido.