Juan A. Lagos: «Adelanto de elecciones presidenciales es la única salida democrática a la crisis política marcada por la guerra que declaró Piñera a su propio pueblo»

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, repudió que con votos de la oposición se haya garantizado la impunidad del exministro del interior, Víctor Pérez, quien fue acusado constitucionalmente por transgredir el Estado de Derecho durante el paro de camioneros y al mismo tiempo, profundizar la impunidad en temas de violaciones a los DDHH.

En su diagnóstico, el actuar de sectores de centro-izquierda no sólo deja a Pérez en la impunidad, sino que también da cuenta de un respaldo a las violaciones masivas y sistemáticas contra los Derechos Humanos de miles de civiles y que se corona con el ataque con disparos a niños de un centro del SENAME.         

 

Juan Andrés Lagos advirtió que la ciudadanía está ante una política generalizada y planificada de violaciones a los Derechos Humanos de primera categoría, es decir, la vida y la pervivencia.

 

El dirigente comunista apeló a la urgencia de adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, frente a la profunda crisis de credibilidad que enfrenta el sistema democrático en Chile.

 

Juan Andrés Lagos fue enfático en aclarar que el adelanto de las elecciones presidenciales es la única salida democrática a la crisis política nacional, marcada por la guerra que declaró Sebastián Piñera a su propio pueblo.

 

Del mismo modo, el analista Juan Andrés Lagos afirmó que “en Chile se requiere con urgencia, una intervención de organismos internacionales, porque la indefensión del pueblo es muy profunda”.




Amplían querella contra Carabineros por joven alojado al río Mapocho tras nuevos antecedentes y videos de los propios uniformados

El abogado Fernando Monsalve solicitó ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de la querella por homicidio frustrado presentada contra el exCarabinero Sebastián Zamora, quien se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su responsabilidad en la caída del joven de iniciales A.A.A. al lecho del Río Mapocho el pasado 2 de octubre. La petición fue presentada luego de que se filtrara un nuevo video que habría sido grabado por una cámara que portaba en ese momento Zamora.

Para el profesional que representa a la familia del adolescente, los nuevos antecedentes en la causa van en la línea de comprobar los indicios que daban cuenta de la existencia de un posible encubrimiento por parte del personal de Carabineros.

 

Asimismo, el abogado pidió al Ministerio Público que se oficie a Carabineros para que dé cuenta de todo el personal que participó en la represión que culminó con la víctima en el lecho del río Mapocho.

 

Fernando Monsalve expresó que más allá de la argumentación que pueda plantear la defensa del ex uniformado, existió un deber legal de Carabineros de auxiliar a la víctima, el cual jamás de concretó.

 

El profesional del derecho cuestionó que Sebastián Zamora pretenda tener un trato judicial privilegiado, pues su condición corresponde al de un ex agente del Estado que cometió un grave delito.

 

Consignar que la ampliación de la querella solicitada por el abogado Fernando Monsalve implica el eventual procesamiento de otros funcionarios de Carabineros por encubrir las circunstancias  de este delito, así como también la obstrucción a la investigación, delitos tipificados en nuestro Código Penal.




Bárbara Figueroa y paro de la salud: «Gobierno no da respuesta y reprime el movimiento»

Desde este jueves comenzaron a correr las 48 horas del paro nacional al que adhirieron 15 gremios de la salud y que tiene como objetivo exigirle al gobierno cumplir sus compromisos con el sector, tras el nulo avance de la reunión sostenida el pasado martes con el ministro de la cartera, Enrique Paris.

Junto con respaldar dicha manifestación, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, aclaró que las materias del petitorio fueron señaladas con antelación y sin embargo el ejecutivo aún no ha dado ninguna respuesta.

 

Bárbara Figueroa denunció que los dirigentes de la salud fueron víctima de represión desproporcionada, cuando acompañaron a sus directivas a reunirse con el ministro Paris.

 

La presidenta de la CUT relató que el abuso policial ejercido contra varios dirigentes viene a ratificar la nula disposición de la autoridad a buscar entendimientos con los gremios de la salud.

 

Bárbara Figueroa anunció que van a hacer una queja formal al ministro de Salud, debido al maltrato injustificado hacia los dirigentes del área, junto con exigir una respuesta concreta frente al petitorio expuesto.

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Mundo político, social, de DD.HH. repudió decisión de mantener a general Rozas al mando de Carabineros

Distintos personeros del mundo político, social y de los Derechos Humanos, repudiaron la decisión del gobierno respecto a continuar con la permanencia del director General de Carabineros, Mario Rozas, en su actual cargo. Esto, debido a las múltiples acusaciones y denuncias de violaciones a los DD.HH. cometidas por Carabineros bajo su mandato, incluidas muchas querellas criminales.

El diputado Hugo Gutiérrez consideró grave que en una sociedad democrática, sea un general director de Carabineros quien direccione la seguridad pública, y no el ministro del interior.

 

Hugo Gutiérrez aseguró que el respaldo de Sebastián Piñera al director general de Carabineros, obedece a que el mandatario busca escudarse en la figura de Mario Rozas, en caso de ser inculpado por hechos delictivos.

 

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, calificó como un “despropósito” que todavía se mantenga a Mario Rozas en el cargo, habiendo querellas pendientes en su contra.

 

Julia Urquieta repudió que Sebastián Piñera se siga negando a pedir la salida del general director de Carabineros, siendo uno de los principales responsables de las violaciones a los Derechos Humanos junto al presidente de la República.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó complicidad entre el Gobierno y Carabineros, respecto a los crímenes cometidos a partir del estallido social.

 

Lorena Pizarro indicó que la postura del presidente es propia de quien encabeza un régimen autoritario, y sólo sabe responder con represión frente a las demandas del pueblo soberano.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, explicó que si Mario Rozas sigue al mando de Carabineros, es porque su gestión se ajusta a las políticas criminales represivas que ha mantenido el Gobierno.

 

Alicia Lira aclaró que no basta con remover a Rosas del cargo, pues la solución pasa por terminar con la doctrina del enemigo interno, aún presente en las Fuerzas Armadas y de Orden.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo que la reestructuración de Carabineros es una medida urgente, pero que en ningún caso puede ser liderada por Mario Rozas, en su condición de querellado en múltiples procesos penales.

 

Carlos Margotta se mostró a favor de una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y de Orden, en concordancia con los planteamientos del representante regional del alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab.

 

La exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, afirmó que no existe ninguna justificación para mantener al general Rozas en el cargo, y en consecuencia, la postura del gobierno sólo se explica en su búsqueda de coartar el derecho a la libre expresión.

 

Claudia Pascual dijo que los protocolos de las Fuerzas Armadas y de Orden deben ser reestructurados desde su origen, basándose en el compromiso con los Derechos Humanos y el abordaje de la violencia de género en distintos ámbitos.

 

Cabe consignar que pese a los múltiples cuestionamientos en su contra, y a la salida de tres ministros del Interior a causa de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de Carabineros, el general director  Mario Rozas se ha mantenido en su cargo.




Juan A. Lagos señala que Piñera debe ir a prisión como principal responsable político de las graves violaciones a los DD.HH. en el marco del estallido social

Juan Andrés Lagos, integrante de la comisión política del Partido Comunista, fue enfático en sostener que Sebastián Piñera debe ir a prisión por ser el principal responsable político de las violaciones permanentes y sistemáticas a los Derechos Humanos cometidas a partir de la revuelta popular, y que han sido condenadas internacionalmente.

En ese sentido, el analista acusó a sectores de oposición de blindar al mandatario a partir de su respaldo a proyectos de ley de seguridad que están orientados a legitimar judicialmente la represión en Chile.

 

Juan Andrés Lagos dijo que hay que presionar en la dirección de que el Estado libere a los presos de la revuelta social, en paralelo a que vaya en ayuda de quienes sufrieron secuelas, producto de la violencia de Carabineros durante las jornadas de protestas.

 

A juicio del analista, se requiere con urgencia de la intervención de organismos internacionales, dada la indefensión de la ciudadanía frente a una serie de montajes, abuso policial e infiltración de agentes del Estado en las movilizaciones sociales.

 

Juan Andrés Lagos consideró evidente que el gobierno busca generar un clima de terror en medio del proceso constituyente que cursa Chile, y para esos efectos, se ha gestado el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas  en el sistema de represión chileno.

 

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que se requiere con suma urgencia de la intervención de organismos internacionales y de países que puedan garantizar que el proceso constituyente en Chile se realice en paz y no en medio de una atmosfera marcada por la violación de Derechos Humanos permanente.




Como un paso contra la impunidad califican decisión de justicia australiana de autorizar extradición de exDina Adriana Rivas

La Justicia de Australia declaró este miércoles procedente la extradición de Adriana Rivas, exsecretaria de Manuel Contreras y exagente de la DINA, acusada por su presunta participación en la desaparición de siete personas en los primeros cuatro años de la dictadura de Augusto Pinochet.

La decisión fue adoptada por el juez Philip Stewart del Tribunal Local del estado de Nueva Gales del Sur, quien desestimó una solicitud de la defensa de Rivas que había cuestionado la legalidad de la solicitud de extradición de la mujer, quien vive en Australia hace más de 30 años, donde se mantiene detenida desde 2019.

La abogada Adriana Navarro, quien representa a diversas organizaciones de DD.HH. y a otros chilenos en esta causa, consideró poco probable que Rivas quede en libertad.

 

Asimismo, Adriana Navarro valoró el trabajo que ha realizado la Fiscalía australiana para lograr finalmente extraditar a la ex agente de la DINA, considerando que se trata de un caso entre ese país y Chile, el cual involucra crímenes de lesa humanidad.

 

La diputada del Partido Comunista y abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, recordó la participación de Rivas en el secuestro del secretario general del PC, Víctor Díaz, y de otros dirigentes hace 44 años.

 

Carmen Hertz acusó una suerte de denegación de justicia, tras más de 40 años en que la exsecretaria de Manuel Contreras goza de libertad, pese a haber sido procesada como coautora del secuestro calificado de siete personas.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, destacó que una vez más es la comunidad internacional quien le da una lección al Estado chileno en materia de justicia.

 

Lorena Pizarro señaló que Adriana Rivas fue el brazo armado del aparato represivo contra los opositores a la Dictadura, entre ellos el padre de la dirigenta, Waldo Pizarro.

 

Según la prensa australiana, la decisión se produce después de que el magistrado solicitara reservar su decisión final a fines de septiembre, para sopesar más los 20 volúmenes de material presentados durante el caso, y luego de una audiencia de extradición realizada en junio.




Diputados presentan proyecto de reparación e indemnización para victimas de violencia estatal tras estallido social

La autora del proyecto, diputada Camila Vallejo junto a las parlamentarias de su partido Carmen Hertz y Marisela Santibáñez, y con la firma de Matías Walker (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Emilia Nuyado (PS), Carolina Marzán (PPD), Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (PCS) y Natalia Castillo (RD), ingresó hoy a la Cámara esta iniciativa que beneficiaría a 4.000 afectados por la violencia y a familiares de fallecidos en el contexto del estallido social.

La diputada Camila Vallejo (PC), autora de la iniciativa legal, destacó este proyecto que busca reparar e indemnizar a las víctimas del Estado en el contexto de las protestas a nivel nacional desde el 18-O, afirmando que “Chile sigue en deuda con quienes iniciaron esta movilización histórica”.

“Nosotros estamos plenamente conscientes de que este país sigue en deuda con quienes iniciaron el estallido social, quienes iniciaron esta movilización histórica que nos permitieron el hermoso triunfo del 25 de octubre. Muchas de esas personas que se atrevieron a salir con fuerza a las calles, perdieron sus ojos, muchos murieron, muchos sufrieron daños no solamente físicos, sino también psicológicos que los van a marcar toda su vida. A ellos les debemos mucho y este país y este Estado lamentablemente sigue en deuda con ellos; la justicia no llega o llega tarde. Y no hay nada más injusto que la justicia que llega tarde”, indicó la diputada jefa de la bancada del PC.

Para la parlamentaria, además de las consecuencias en la vida, salud y la integridad física y síquica de los y las afectadas, es importante dar solución al requerimiento urgente de los fondos para costear de manera urgente los tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación para reparar el daño causado, y así reinsertarse en su vida laboral y familiar.

“Lo que queremos hacer con este proyecto es contribuir un poco en algo que es tan necesario como lo es la reparación y a través de un procedimiento civil para acelerar los procesos de demanda hacia el Estado para la reparación, queremos hacer que las víctimas logren cuanto antes una justa reparación. Probablemente no va a ser todo lo que se espera, porque sabemos que los daños probablemente son irreparables, pero sí creemos que es necesario, ético y nuestro deber moral presentar este proyecto de ley”, afirmó Vallejo.

El proyecto indica que de acuerdo a las cifras con las que cuenta el INDH, al 19 de marzo de 2020, se contabilizaban un total de 3838 personas heridas y 460 de éstas con lesiones oculares, mientras que a marzo de este año, se contabilizaban 34 personas reportadas oficialmente como fallecidas producto de las manifestaciones. A esto se suma el gravísimo hecho ocurrido el 2 de octubre de este año cuando un joven fue arrojado desde el Punte Pío Nono por parte de un carabinero, es decir, se cuenta con antecedentes suficientes para justificar la presentación de esta iniciativa.

“Hemos estado trabajando además con las agrupaciones de víctimas de trauma ocular, las familias que han perdido a sus seres queridos, las agrupaciones de presos de la revuelta también, quienes están detrás de este proyecto y esperamos que nos acompañen en todo este proceso para que este proyecto sea ley de la República y no tengan que esperar 8 o 10 años para tener una justa reparación sino que ojala lo antes posible”, finalizó la diputada.

Cabe señalar que adicionalmente, el proyecto disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una falta al no proteger los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica de los manifestantes e incluso, de las personas que se encontraban en los lugares donde se desarrollaban manifestaciones sociales, teniendo así que sólo acreditar la existencia y cuantía del daño.

[En PDF Proyecto de Ley indemn Est Social]




Violación generalizada de los Derechos Humanos se dio a partir de las declaraciones de Sebastián Piñera apuntando a un supuesto enemigo poderoso que había que combatir señaló Juan A. Lagos

Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, denunció una grave vulneración del Estado de Derecho, por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, tras constatarse la falsedad de su informe sobre venezolanos y cubanos que estarían involucrados en la quema de estaciones de Metro hace un año.

El analista político remarcó que el propio fiscal a cargo de la investigación, Manuel Guerra, ha descartado de plano que existiera una concertación de organizaciones extranjeras y nacionales.

 

Juan Andrés Lagos recordó que la violación generalizada de los Derechos Humanos en Chile, se dio a partir de las declaraciones de Sebastián Piñera, apuntando a un supuesto enemigo poderoso que había que combatir.

El profesional sostuvo que los dichos del mandatario se respaldaban en información que acabó siendo desmentida, respecto a la intervención de Aparatos de Inteligencia de Cuba y Venezuela en la quema de Metro.

 

El dirigente comunista calificó como “extraordinariamente grave” que no existan sanciones ejemplificadoras contra quienes buscaron legitimar la represión sobre la base de información falsa que involucra a Aparatos de Inteligencia de otros países.

 

Juan Andrés Lagos consideró igualmente grave que sectores de oposición estén respaldando la ley “antibarricadas” y otras iniciativas del Gobierno que entregan más poder a la policía militarizada.

 

El analista Juan Andrés Lagos aclaró que las leyes de seguridad impulsadas por el ejecutivo, vienen a legitimar por la vía legal la intervención de aparatos de inteligencia contra el movimiento social.




Piden justicia e investigación en profundidad por muerte de joven en población La Victoria

Dirigentes vinculados a los DD.HH. condenaron el asesinato  de un joven vecino de la población La Victoria, Aníbal Villaroel, tras un incidente en donde Carabineros le habría disparado a quemarropa, esto en medio de la conmemoración del primer año transcurrido desde el 18 de octubre de 2019, fecha en que dio inicio la revuelta social.

Para Karen Alanís, integrante de la Comisión Chilena de DD.HH. de la zona sur de la capital se confirma la brutalidad y violencia con que opera Carabineros, amparados por un gobierno cómplice en estos hechos de sangre.

 

La activista social advirtió que las fuerzas policiales actúan con una enorme desproporcionalidad  en sus protocolos, reprimiendo sobre todo a las organizaciones y al pueblo organizado.

 

Karen Alanís exigió la salida inmediata del General Director de Carabineros, Mario Rozas, quien ha demostrado su nula capacidad de control y conducción, dado los reiterados hechos de violencia  y arbitrariedad en que los que está involucrada  su institución.

 

Finalmente la Defensora de la Comisión  Chilena de DD.HH. fustigó los dichos del gobierno al adjudicar esta muerte a un intercambio de disparos, pues esto demuestra la parcialidad con que sigue actuando la autoridad al validar sólo la versión de Carabineros, lo que resulta extremadamente grave , concluyó Karen Alanís.




Teillier sostiene que la derecha y el gobierno busca instalar una falsa disyuntiva entre violencia y democracia

El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, criticó que la derecha busque instalar una disyuntiva entre democracia y violencia, cuando esta última ha sido sistemáticamente ejercida a partir del abuso que se ejerce desde el modelo neoliberal contra la dignidad de las personas.

En ese sentido, Teillier remarcó que los comunistas nunca han llamado a la ciudadanía a manifestarse con violencia.

 

Guillermo Teillier manifestó su preocupación frente a la arremetida del oficialismo, en la búsqueda de subterfugios para burlar el pronunciamiento de la ciudadanía a favor de un nuevo modelo de desarrollo.

 

El timonel del PC denunció que el Gobierno ha querido llevar el debate social hacia una falsa atmosfera de violencia generalizada, a objeto de desviar el tema de fondo por la vía del terrorismo de Estado.

 

El diputado Teillier concluyó que el Gobierno ya no dio el ancho, respecto al momento histórico que cursa Chile, en el marco del proceso constituyente y la demanda de un nuevo modelo de desarrollo que consagre derechos sociales.