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Federación de Funcionarios del Ministerio Público denuncia discriminación de parte de ministro Hernán Larraín

La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público acusó al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, de discriminación al excluir de reuniones a más del 80% de la planta del  órgano persecutor y juntarse sólo con representantes de un sector de la entidad.

Así lo detalló Paulina Ruiz, presidenta de la Federación de los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, señalando que si bien no cuestionan que el Secretario de Estado  se reúna con representantes de los Fiscales, lo reprochable es que, al mismo tiempo, responda por escrito que a los funcionarios no los puede recibir por pertenecer a un servicio autónomo, siendo  esto una  evidente segregación.

 

La dirigenta máxima de FENAMIP aseguró  que este tipo de situaciones son las que le han hecho mal a nuestro país, especialmente, cuando se trata de  una institución de servicio público, donde resulta  imprescindible escuchar y acoger  la voz de todos sus trabajadores.

 

En cuanto al proceso constituyente, Paulina Ruiz advirtió que además de contar con propuestas claras de reformas para este órgano persecutor, el directorio de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, no cederá  su representación a ningún grupo o jefatura de la institución y tampoco al Fiscal Nacional.

 

Finalmente la presidenta de los trabajadores del Ministerio  Público reiteró que propósito  de la nueva elaboración constitucional, no debe utilizarse de manera ilimitada el concepto de autonomía, para justificar diversas anomalías que existen al interior del Ministerio Público que de ser fiscalizadas, no afectarían en lo absoluto las facultades para investigar penalmente, concluyó Paulina Ruiz.




Ratifican denuncias por nulo avance en investigación por violaciones a los DD.HH. en la excolonia Dignidad

La Coordinadora de agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región del Maule, que reúne a la mayor cantidad de víctimas de los crímenes ocurridos en la excolonia Dignidad, emitió un comunicado de prensa en el que apuntan a la responsabilidad del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el nulo avance de la investigación sobre estos hechos.

El documento fue publicado luego de que un reportaje de la emisora germana Deutsche Welle consideró a Larraín como «un obstáculo» para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos al interior de Colonia Dignidad durante la dictadura militar.

Para Mirna Troncoso, vocera  de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Talca, la actitud del gobierno de Chile ha sido nefasta ya que jamás han recibido una respuesta a sus demandas.

 

Mirna Troncoso recordó han sido los familiares de las víctimas quienes han dado una tremenda batalla en búsqueda de la verdad y justicia.

Valoró al mismo tiempo que el senador Alejandro Navarro exija al ministro de justicia su presencia en la comisión de DDHH del senado para que explique su postura frente a la denuncia del medio de comunicación.

 

Al concluir, la dirigenta humanitaria se refirió al plebiscito del mes de abril y el cambio a la constitución.

 

La coordinadora detalló además que «pedimos, hace dos años, al ministro Mario Carroza, quien instruye la última causa vinculada a los crímenes de Colonia Dignidad, para que se buscara ADN en los sedimentos de las fosas donde estuvieron enterrados las personas asesinadas en el recinto de alemanes» y que «requerida por el juez, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, subalterna del ministro de Justicia, respondió que nosotros y nosotras, las víctimas -que no somos especialistas en genética- , debíamos buscar por el mundo alternativas de laboratorios y que no financiarían estos peritajes con fondos públicos chilenos porque Alemania había ofrecido financiarlo completamente».

 




Aprobada interpelación a ministro Larraín que será realizada por Carmen Hertz

Finalmente por 67 votos a favor, 54 en contra y una abstención, la cámara de diputados aprobó la interpelación  al  ministro de Justicia, Hernán Larraín, la cual tendrá lugar el próximo 6 de junio a las 10:30 de la mañana. Esta acción promovida por las bancadas PC, PS y PPD-PRO tiene por objeto que el secretario de Estado responda las consultas sobre el retiro del proyecto que entrega una reparación a las víctimas de la Dictadura.

Concluida la votación, el jefe de la bancada socialista Manuel Monsalve justificó esta acción parlamentaria por cuanto el gobierno y en particular su ministro de Justicia han tenido una conducta errática en materia de D.D.H.H al retirar el proyecto de indemnizaciones a las víctimas de la represión.

 

La diputada del partido Comunista Carmen Hertz –quien será la parlamentaria interpeladora en esta oportunidad, lamentó que una reparación  que ya resulta tardía y mezquina para quienes sufrieron la violencia y la tortura en nuestro país, sea retirado por el Ejecutivo, pese a su aprobación en la comisión de D.D.H.H  de la cámara .

 

Por su parte, el sub jefe de la bancada del PPD Ricardo Celis desestimó los argumentos financieros del gobierno para retirar esta iniciativa de reivindicación  a las víctimas de la Dictadura, pues recordó que en su discusión en las comisiones del Congreso, quedó establecida una partida presupuestaria para este efecto.

 

En tanto, el diputado Comunista Daniel Núñez dijo que  las razones de esta interpelación a Hernán Larraín son claras y nítidas, pues al retirar este último un proyecto que en la comisión de D.D.H.H previamente había asegurado que apoyarían como Gobierno, propicia él mismo con su actuar una crisis de credibilidad como Ministro de Estado.

 

Este próximo 6 de junio a partir de las 10:30 de la mañana, los parlamentarios de oposición esperan además que Hernán Larraín de explicaciones al país por el silencio cómplice  que ha mantenido el Gobierno permanentemente frente a la ultra derecha, al no condenar con firmeza las conductas de personaje como José Antonio  Kast e Ignacio Urrutia, dando  a entender con ello, que podrían tomar medidas para favorecer la impunidad de los criminales que están presos en Punta Peuco.

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Diputada Carmen Hertz:

“Es trascendental esta interpelación al ministro de Justicia”

Con 67 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados dio luz verde a la interpelación contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para que explique las razones del intempestivo retiro del proyecto de ley de reparación a víctimas de la dictadura y dé cuenta de la política de Derechos Humanos del gobierno de Sebastián Piñera.

Para el próximo 6 de junio quedó finalmente la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para que responda las consultas sobre las razones que determinaron el retiro del proyecto que entrega un aporte reparatorio a las víctimas de prisión y tortura.

Será la diputada Carmen Hertz, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la encargada de realizar el cuestionario al ministro, que además incluye las dudas sobre la política del Gobierno de Sebastián Piñera en materia de Derechos Humanos.

“Es trascendental esta interpelación al ministro de Justicia por el retiro intempestivo del proyecto que entregaba un aporte reparatorio, que por lo demás era bastante miserable a las víctimas de prisión y tortura. Nosotros necesitamos consultar cómo este retiro afecta obligaciones internacionales del Estado de Chile. Este no es un tema de reivindicación sectorial, es un tema que tiene que ver con el ADN del pacto social, porque estamos hablando de las víctimas de prisión política y tormentos atroces por parte de agentes del Estado”, sostuvo la parlamentaria.

En cuanto a las razones enunciadas por el ministro Larraín, quien ha sostenido la falta de financiamiento para llevar adelante el proyecto, la diputada Hertz fue categórica en señalar que se demostrará lo contrario durante la interpelación.

“Nosotros vamos a demostrar que la falta de financiamiento es una falacia, en primer lugar existe el financiamiento de este proyecto de ley que por lo demás era complementario de una ley anterior (Ley 20.584) y va con el informe financiero correspondiente, estaba muy claro que existe una partida del Tesoro Público que tiene que ver con los financiamientos comprometidos”, agregó.

Finalmente, la diputada Hertz sostuvo que este es un tema del Estado de Chile, “en que el Estado no puede pretender que no tiene fondos para reparar, incluso de forma mezquina y tardía a quienes vieron truncadas sus vidas por la prisión y la tortura”.




Familiares de ejecutados políticos clausuran simbólicamente el Ministerio de Justicia

Una acción  simbólica de clausura al Ministerio de Justicia  como  reacción en contra de las nuevas estrategias que buscan la impunidad a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Dictadura, realizaron diversas organizaciones gremiales y de Derechos Humanos  encabezados por la Presidenta de la Agrupación de familiares de Ejecutados políticos Alicia Lira.

En la oportunidad, la dirigente anunció la conformación de un gran movimiento social  el cual en colaboración con parlamentarios del progresismo buscaran impedir que se mantengan los pactos de impunidad y silencio en Chile, así como también la consecución de medidas urgentes de defensa de los Derechos esenciales en el país.

Como integrante de este nuevo referente de defensa de los Derechos Humanos, Manuel Ahumada, Presidente de la CTC  señaló que en una época en donde parece naturalizarse la represión y el daño  hacia el pueblo, es necesario articular un eje social que impida que hechos que parecían propios de la Dictadura vuelvan lamentablemente a ocurrir.

Junto con leer una carta en donde se denunció además la brutal persecución del pueblo Mapuche  y  el silencio impune en el que viven miembros de la DINA y la CNI  en el extranjero, desde las organizaciones  de Derechos Humanos convocaron a una gran marcha para el próximo 7 de junio a las 18:30 en Plaza Italia como un llamado de alerta  a la criminalización y el abuso cometido por las fuerzas policiales en contra de los movimientos sociales.

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Coordinadora de Derechos Humanos y Sociales realizaron una acción de clausura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

(Vía confederaciondelcobre.cl)

3Reunidos en la entrada del ministerio y en la voz de Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se dio lectura a una declaración pública titulada “A parar la impunidad”. El documento y la acción, a la que asistieron la Secretaria General y el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC); Ana Lamas y Manuel Ahumada, tuvieron por objetivodenunciar “las nuevas estrategias que buscan darle impunidad  a los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los victimarios de tantos hombres, mujeres y niños de nuestra patria.”

1También criticaron y rechazaron las reformas a la Ley antiterrorista, que son un atentado al derecho de movilizarse de las organizaciones y que, además, con ello, “tratan de criminalizar aún más el movimiento social y en espacial al pueblo mapuche”. Denunciaron la persecución política de la que han sido objeto los luchadores sociales que están fuera del país por razones políticas y que, sin embargo, “se guarda silencio cuando se trata de los genocidas como Pedro Barrientos en EEUU, uno de los responsables del crimen de Víctor Jara, o Adriana Rivas González, secretaria del Mamo Contreras, criminal que fue condenado a más de 500 años”.

2Finalmente y, junto con convocar a una marcha para el día jueves 7 de junio, a las 18:30 hrs. desde Plaza Italia por el fin a la impunidad, denunciaron la utilización del Tribunal Constitucional “que la derecha junto a los abogados de los criminales lo han convertido como trinchera que les asegure la impunidad de que han gozado por más de 44 años.”




Ministro de Justicia responde ante lapidario informe de Corte Suprema sobre hacinamiento carcelario

A propósito del informe emanado de la Corte Suprema que se refiere a las exiguas condiciones en que viven los presos al interior de los recintos penitenciarios, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos se refirió a esta situación.

El Secretario de Estado sostuvo que ya en el mes de abril del año pasado se conformó un equipo pluri-ministerial el cual se abocó a analizar la forma de mejorar las condiciones de hacinamiento y convivencia al interior de los penales, de cuyo proceso emanó un Decreto  prepositivo que fue entregado a las autoridades actuales y a quienes asumirán a partir de marzo, y cuya implementación solo  espera la toma de razón por parte de la Contraloría.

 

El ministro Campos señaló además que la gran mayoría de las situaciones denunciadas por la Corte Suprema en su informe, son resueltas y abordadas en este documento normativo que como Ejecutivo han elaborado, el cual reitero solo espera que se cumplan los canales administrativos correspondientes para entrar en vigencia.

 

Finalmente el Ministro de Justicia si bien reconoció una profunda crisis en el sistema carcelario, la cual se arrastra a su juicio por más de 15 años, aseveró que durante el año y medio que ha ejercido el cargo  no ha eludido el tema , de ahí entonces la importancia de este Decreto que espera sea tomado de razón por la Contraloría ,y que espera solucione en parte los atropellos humanitarios que ocurren en las cárceles chilenas , concluyó Jaime Campos.

Ante esta situación, desde la Corte Suprema manifestaron su preocupación. El presidente de la entidad, el ministro Harold Brito, aseguró que el informe describe graves situaciones que afectan a los privados de libertad e hizo un llamado al Ejecutivo. «Este tema nos parece particularmente grave y lo que la Corte Suprema quiere hacer es convocar a los restantes órganos del Estado que tienen relación con lo carcelario a reunirse con nosotros», manifestó Brito.

Por su parte, el también ministro Arturo Prado, respaldó las declaraciones del presidente del máximo tribunal y señaló que «la situación que informa la fiscalía a nuestra corte es de tal gravedad que requiere de una atención urgente de parte de la autoridad».

El informe concluye que «es imperativo que Gendarmería de Chile proceda a ampliar el período de desencierro, favoreciendo el trabajo y la capacitación de los internos y disminuyan así las horas de inactividad y ocio que viven estos».

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Conozca el informe de la Corte Suprema https://www.scribd.com/document/371891725/Informe-fiscalia-carceles#from_embed