Amplían querella contra Carabineros por joven alojado al río Mapocho tras nuevos antecedentes y videos de los propios uniformados

El abogado Fernando Monsalve solicitó ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de la querella por homicidio frustrado presentada contra el exCarabinero Sebastián Zamora, quien se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su responsabilidad en la caída del joven de iniciales A.A.A. al lecho del Río Mapocho el pasado 2 de octubre. La petición fue presentada luego de que se filtrara un nuevo video que habría sido grabado por una cámara que portaba en ese momento Zamora.

Para el profesional que representa a la familia del adolescente, los nuevos antecedentes en la causa van en la línea de comprobar los indicios que daban cuenta de la existencia de un posible encubrimiento por parte del personal de Carabineros.

 

Asimismo, el abogado pidió al Ministerio Público que se oficie a Carabineros para que dé cuenta de todo el personal que participó en la represión que culminó con la víctima en el lecho del río Mapocho.

 

Fernando Monsalve expresó que más allá de la argumentación que pueda plantear la defensa del ex uniformado, existió un deber legal de Carabineros de auxiliar a la víctima, el cual jamás de concretó.

 

El profesional del derecho cuestionó que Sebastián Zamora pretenda tener un trato judicial privilegiado, pues su condición corresponde al de un ex agente del Estado que cometió un grave delito.

 

Consignar que la ampliación de la querella solicitada por el abogado Fernando Monsalve implica el eventual procesamiento de otros funcionarios de Carabineros por encubrir las circunstancias  de este delito, así como también la obstrucción a la investigación, delitos tipificados en nuestro Código Penal.




Mundo político, social, de DD.HH. repudió decisión de mantener a general Rozas al mando de Carabineros

Distintos personeros del mundo político, social y de los Derechos Humanos, repudiaron la decisión del gobierno respecto a continuar con la permanencia del director General de Carabineros, Mario Rozas, en su actual cargo. Esto, debido a las múltiples acusaciones y denuncias de violaciones a los DD.HH. cometidas por Carabineros bajo su mandato, incluidas muchas querellas criminales.

El diputado Hugo Gutiérrez consideró grave que en una sociedad democrática, sea un general director de Carabineros quien direccione la seguridad pública, y no el ministro del interior.

 

Hugo Gutiérrez aseguró que el respaldo de Sebastián Piñera al director general de Carabineros, obedece a que el mandatario busca escudarse en la figura de Mario Rozas, en caso de ser inculpado por hechos delictivos.

 

La abogada de Derechos Humanos, Julia Urquieta, calificó como un “despropósito” que todavía se mantenga a Mario Rozas en el cargo, habiendo querellas pendientes en su contra.

 

Julia Urquieta repudió que Sebastián Piñera se siga negando a pedir la salida del general director de Carabineros, siendo uno de los principales responsables de las violaciones a los Derechos Humanos junto al presidente de la República.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, acusó complicidad entre el Gobierno y Carabineros, respecto a los crímenes cometidos a partir del estallido social.

 

Lorena Pizarro indicó que la postura del presidente es propia de quien encabeza un régimen autoritario, y sólo sabe responder con represión frente a las demandas del pueblo soberano.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, explicó que si Mario Rozas sigue al mando de Carabineros, es porque su gestión se ajusta a las políticas criminales represivas que ha mantenido el Gobierno.

 

Alicia Lira aclaró que no basta con remover a Rosas del cargo, pues la solución pasa por terminar con la doctrina del enemigo interno, aún presente en las Fuerzas Armadas y de Orden.

 

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, sostuvo que la reestructuración de Carabineros es una medida urgente, pero que en ningún caso puede ser liderada por Mario Rozas, en su condición de querellado en múltiples procesos penales.

 

Carlos Margotta se mostró a favor de una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y de Orden, en concordancia con los planteamientos del representante regional del alto comisionado de Naciones Unidas, Jan Jarab.

 

La exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, afirmó que no existe ninguna justificación para mantener al general Rozas en el cargo, y en consecuencia, la postura del gobierno sólo se explica en su búsqueda de coartar el derecho a la libre expresión.

 

Claudia Pascual dijo que los protocolos de las Fuerzas Armadas y de Orden deben ser reestructurados desde su origen, basándose en el compromiso con los Derechos Humanos y el abordaje de la violencia de género en distintos ámbitos.

 

Cabe consignar que pese a los múltiples cuestionamientos en su contra, y a la salida de tres ministros del Interior a causa de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de Carabineros, el general director  Mario Rozas se ha mantenido en su cargo.




Diputados comunistas señalan como grave situación de Carabinero infiltrado “¿Hasta cuándo el gobierno mantiene al general Rozas y avala estos actos?»

Los parlamentarios del PC criticaron duramente la noticia revelada por CIPERCHILE sobre un Carabinero que se infiltró en la Población Lo Hermida y que incitaba constantemente a los vecinos y vecinas a realizar ataques sorpresa a una comisaría de carabineros. Los diputados apuntaron a la responsabilidad del General Director de Carabineros Mario Rozas y exigieron al gobierno que tome acciones en el tema, dada la gravedad de los hechos que avalan el necesario cambio en el carácter de la institución.

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier calificó esta denuncia como “gravísima” y criticó el rol que está teniendo el aparato de inteligencia de Carabineros.

“Es gravísima la denuncia que hace Ciper de un carabinero infiltrado en una organización social solidaria que repartía alimentos a través de ollas comunes, pero que finalmente, lo que hacía era incitarlos a asaltar una comisaría en Peñalolén y agredir a funcionarios policiales. Los servicios de inteligencia, los agentes encubiertos están hechos para perseguir a los narcotraficantes y a los terroristas, no para infiltrarse en organizaciones sociales”, indicó el timonel del PC.

 

Para Teillier, el gobierno no debe seguir haciendo oídos sordos sobre el  criticable actuar de carabineros, más aún, cuando existen dictámenes de la Contraloría al respecto.

“¿Hasta cuándo el gobierno mantiene al general Rozas, hasta cuando avala estos actos, hasta cuando hace oídos sordos a lo que ha planteado la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que pide intervenir carabineros y  hasta cuando aceptamos que carabineros se burlen de los dictámenes de Contraloría General de la República?, Yo espero que este gobierno que tanto hace por repudiar la violencia , pero que acepta que otro ente del Estado esté incitando a la violencia llevando a la gente , azuzándola para que cometa actos de violencia actúe”, puntualizó.

El diputado apuntó además a que tanto desde el Ministerio Público como desde el parlamento se castiguen estos hechos que calificó como “delitos que atentan contra los derechos de las personas”.

“Estos son actos repudiables y yo espero que el Ministerio Público y ojalá también en el parlamento podamos hacer todo por esclarecer y de una vez por todas castigar a los culpables de estos delitos, porque eso es lo que es, un delito que atenta contra los derechos  de las personas y espero además que en el proceso constituyente logremos cambiar el carácter de esta policía de carabineros por otra más acorde con las necesidades de una democracia que queremos construir entre todos y todas”, indicó.

Por su parte, la diputada Karol Cariola indicó que este caso está “fuera de todo orden democrático” y lamentó que el alto mando de Carabineros justifique los hechos.

“Me parece absolutamente inaceptable, fuera de todo orden democrático que existan agentes policiales infiltrados en organizaciones sociales y que carabineros intente justificar esta situación”, expresó Cariola.

La diputada apuntó a la victimización de Carabineros que busca criminalizar el movimiento social y donde las autoridades de gobierno tienen responsabilidad.

 

¿Cómo es posible que viviendo en democracia existan carabineros infiltrados que se hagan pasar por dirigentes sociales, que se impriman identidades falsas y además que convoquen a las poblaciones, a la ciudadanía a manifestarse de forma violenta contra la institución de carabineros? Eso es una victimización provocada en la búsqueda finalmente de la criminalización del movimiento social y me parece que esto es inaceptable e insisto en el punto que no creo que esto sea responsabilidad personal del infiltrado, esta es una responsabilidad de la institución de Carabineros de Chile y por tanto, también del Estado de Chile y de las autoridades políticas que están a cargo de ello”, finalizó la parlamentaria comunista.




Diputada Sepúlveda frente a grave situación de Carabineros y el perdonazo a Ponce Leroú

Frente la acción violenta  de Carabineros, avalada por el gobierno,  justificada en resguardar supuestamente el “mobiliario público”, la diputada regionalista Alejandra Sepúlveda señaló que existe una profunda incongruencia en la autoridad.

A juicio de la legisladora de la Federación Regionalista Verde Social, el Ejecutivo no actúa con la misma severidad frente a la vergonzosa pérdida de recursos fiscales que representó la rebaja en la multa que recibió el empresario Julio Ponce Lerou por su responsabilidad  en el caso  Cascadas.

 

Alejandra Sepúlveda recordó que desde la época de la Dictadura, el ex yerno de Pinochet se ha enriquecido con los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, sin que hasta ahora haya sido forzado a devolver una mínima parte de sus obscenas ganancias.

 

Así mismo, la legisladora regionalista expresó que el origen de las manifestaciones y los daños al mobiliario del Estado, surge por una ciudadanía  que se rebela contra una práctica surgida en Dictadura, que consistió en regalar empresas fiscales a particulares para su único y propio beneficio.

 

La molestia de la parlamentaria Alejandra Sepúlveda surge por la rebaja concedida por la Corte Suprema a Julio Ponce Lerou controlador de  SQM, luego de que la Corte Suprema redujo de 62 a 3 millones de dólares la multa por las acciones que, al margen de la Ley, realizó el empresario en el llamado Caso Cascadas.




Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero protestó en frontis de edificio institucional de Carabineros exigiendo fin a la represión

El Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero entregó una carta dirigida al Director General de Carabineros, Mario Rozas, exigiendo una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos el 2 de octubre en relación al joven de 16 años arrojado desde el Puente Pio Nono, además de estudiar y redefinir el rol que cumple dicha institución.

Jaime Gajardo, vicepresidente del Colegio de Profesores, informó que mediante esta nota, exigen a Carabineros, cesar con la doctrina del enemigo interno aplicada contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

 

Paulina Cartagena, vicepresidenta del Colegio de Profesores Metropolitano, sostuvo que Carabineros tiene que terminar con su política de represión sistemática a partir de un debate estructural sobre el rol de la institución.

 

Ambos dirigentes del Movimiento Pedagógico y Gremial Manuel Guerrero, emplazaron a Carabineros y el gobierno a realizar una refundación institucional, con miras a erradicar su política de represión contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social.




Carabineros sigue actuando fuera del Estado de Derecho; una institución que perdió el norte señala Marcos Barraza

El dirigente político y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, denunció que Carabineros sigue actuando al margen del Estado de Derecho, incumpliendo protocolos que fueron establecidos por la propia institución para efectos de resguardar el orden público.

En su diagnóstico, ya se ha instalado en Chile una percepción negativa, respecto al actuar policial, tanto por la violación sistemática de Derechos Humanos, como numerosos hechos de corrupción que siguen impunes.

 

Marcos Barraza sostuvo que Carabineros perdió completamente el norte desde el estallido social en adelante, priorizando la defensa de los intereses de grupos dominantes, por sobre la protección de la ciudadanía.

 

El dirigente comunista señaló que Carabineros está lejos de ser una institución policial democrática, apegada a los principios de probidad, transparencia y respeto a los Derechos Humanos.

 

Asimismo, Marcos Barraza sostuvo que hay que erradicar el racismo que históricamente se ha ejercido contra el pueblo mapuche a partir de la militarización de La Araucanía, y una serie de montajes policiales.

 

El ex ministro de desarrollo social, manifestó que la defensa férrea a Carabineros, por parte del secretario del interior, Víctor Pérez, da cuenta de que el Gobierno ha optado por legitimar la represión con tal de mantener el orden político vigente.

 

Finalmente, Marcos Barraza sindicó al Gobierno como el principal responsable de que Carabineros persevere en una doctrina que colisiona con los parámetros democráticos propios de un Estado de Derecho.




Bancada PC impulsará acusación constitucional, presentará querella y rechazará presupuesto 2021 de Carabineros mientras continúe al mando general Rozas

La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista de Chile repudia la represión violenta y desmedida de Carabineros del viernes 2 de octubre, donde un joven de 16 años fue empujado por un efectivo policial desde un puente sobre el río Mapocho, resultando con múltiples fracturas y TEC cerrado.

Estos gravísimos hechos se suman a las generalizadas violaciones a los derechos humanos, cometidas por funcionarios del Estado desde el 18 de octubre de 2019, como parte de una política deliberada del gobierno para dañar a los manifestantes.

Ante ello, exigimos la salida inmediata del General Director de Carabineros, Mario Rozas. De no ocurrir aquello, nos sumaremos a la oposición y no aprobaremos el presupuesto institucional.

Al mismo tiempo, como Bancada presentaremos una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, por su responsabilidad política en estos graves hechos que, nuevamente, sitúan a Chile como un país donde se atropellan los Derechos Humanos.

Sin perjuicio de ello, demandamos que, esta vez, las instituciones responsables faciliten todos los elementos necesarios para que la justicia lleve a cabo una investigación rigurosa que sancione a él o los responsables de estos delitos.

Finalmente, como Bancada presentaremos una querella por el delito de homicidio frustrado en contra de quienes aparezcan como responsables.

3 de octubre de 2020

 




Víctimas de trauma ocular: Nulo avance en justicia y reparación para quienes sufrieron la mutilación de sus ojos por causa de la represión policial

A menos de un mes de que se cumpla 1 año del estallido social, desde la Coordinadora de Familiares de Victimas de Trauma Ocular acusaron  un nulo avance en justicia y reparación para quienes sufrieron la mutilación de sus ojos por causa de la represión policial.

Así lo denunció, la vocera de esta organización Marta Valdés, señalando que Carabineros  se ha transformado en un verdadero  escudo de este obierno, legitimando la violencia y la represión.

 

La activista social acusó que el anuncio hecho por el ministro del Interior en orden a colaborar con la investigación  de estos crímenes en contra de las victimas de trauma ocular, solo representan una suerte de lavado de imagen  institucional.

 

Marta Valdes señaló que tanto la brutalidad ejercida como los hechos de corrupción, hacen que Carabineros sea una entidad que requiere una profunda reestructuración.

 

Del mismo modo, la vocera de la Coordinadora de Victimas de Trauma Ocular lamentó que a casi un año de la revuelta social, ni  Gustavo Gatica ni Fabiola Campillay o cualquier otra víctima de la violencia policial hayan  sido objeto de reparación por el daño causado.

 

Finalmente Marta Valdes expresó su preocupación  pues carabineros ha seguido todos estos años con sus políticas y protocolos de agresión en contra de la ciudadanía. Hecho que puede replicarse ante una conmemoración de lo que ocurrió en Chile a partir del  18 de octubre del 2019.




Lautaro Carmona valora actuar de Contraloría ante situación de Carabineros y las graves violaciones a los DD.HH.

La Contraloría General de la República emitió una declaración pública para defender su “deber legal” de investigar a Carabineros, saliendo al paso de las quejas de la institución policial –respaldada por el gobierno– tras los cargos que formuló el ente de control contra altos jefes uniformados por su responsabilidad administrativa durante el estallido social.

La declaración del organismo que encabeza Jorge Bermúdez parte señalando que la Contraloría “no se ha referido ni se referirá al contenido del proceso disciplinario iniciado en Carabineros de Chile por tratarse de un procedimiento que fue secreto en su etapa indagatoria y que hoy es reservado, es decir, su contenido solo es conocido por el fiscal del sumario y por los funcionarios a quienes se le formularon los cargos”.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que la postura del gobierno en este conflicto se enmarca en una búsqueda permanente de acomodar las decisiones de otros poderes del Estado a la medida de sus intereses.

 

El secretario general del PCdijo esperar que Pablo Longueira y su sector, no piensen en atribuir el actuar de Contraloría a una militancia comunista, como lo hizo el exsenador al acusar al Consejo de Defensa del Estado en el caso de los delitos de cohecho e irregularidades tributarias por las que fue formalizado en 2018.

 

Lautaro Carmona explicó que el contralor de la República está cumpliendo con su mandato legal, frente a denuncias de instituciones que le piden sumarios respecto a la conducta de Carabineros durante la revuelta popular, y si éstos actuaron acorde al derecho administrativo.

 

El secretario general del PC sostuvo que el general director de Carabineros, Mario Rosas, deberá responder ante la Contraloría por los actos que sus subalternos cometieron de forma criminal a partir del 18 de octubre pasado, así como también tendrá que hacerlo ante la justicia

 

A juicio de Carmona, lo que está haciendo la Contraloría es cumplir el rol que le corresponde cuando se ha faltado al rigor de lo que le está permitido en la ley a Carabineros, al actuar como una fuerza represiva, exagerando sus atribuciones a una condición criminal.




Duro cuestionamiento de Lorena Pizarro a protección institucional hacia Carabineros y general Rozas

Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, cuestionaron la protección institucional que ha tenido Carabineros por parte del Ministro del Interior Víctor Pérez, pese a la represión y violencia ejercida en contra de la ciudadanía.

Así lo señaló su presidenta, Lorena Pizarro, agregando que está postura del jefe de gabinete corresponde a la misma lógica que tenía cuando era funcionario de la Dictadura, esto es, avalando la agresión, la muerte y la tortura.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  expresó que si viviéramos en un país que no negocia ni tranza tras una tiranía, Víctor Pérez seguramente hubiera sido condenado por ser colaborador activo de un régimen que hizo del asesinato una política de Estado.

 

Junto con solicitar la salida inmediata de Mario Rozas a cargo de Carabineros , Lorena Pizarro consideró imperioso revisar la función, existencia y doctrina formativa  de las Fuerzas Armadas y de Orden, proceso que pasa  necesariamente  por un camino en la Constitución, enfatizó.

 

Finalmente, Lorena Pizarro insistió en que partir de  los hechos ocurridos desde el 18 de octubre, deben los uniformados que fueron parte de la represión ser condenados, pero también esta misma responsabilidad debe extenderse a quienes impartieron las ordenes, esto es, tanto los exministros del Interior como el actual, pues de lo contrario seguirán los civiles sin asumir sus culpas, tal como ocurrió en Dictadura.