Frente al actuar de los representantes de la ultraderecha en el Consejo Constitucional, la Comisión Chilena de los Derechos Humanos se ha manifestado respecto a la regresión democrática y de derechos que arriesga el país, con sus cientos de enmiendas que buscan desconocer el carácter obligatorio de los tratados internacionales y la demanda ciudadana por democratizar los derechos sociales.
Mencionando un anterior pronunciamiento acerca de la legitimidad del actual proceso, Carlos Margotta, presidente de la entidad, indicó que hoy nuevamente consideran un deber el alertar sobre este propósito de perfeccionar la constitución del 80 y dejar atrás toda posibilidad en avanzar en las demandas sociales.
“Los textos que se han aprobado por la Comisión Experta y con la mayoría hegemonizante va en otra dirección: la de consolidar el modelo que ya está consagrado en la Constitución del 80 que tanto daño ha generado en la ciudadanía, con desigualdad y con el abuso institucionalizado”, expresó.
Acerca del planteamiento de Republicanos de desconocer los tratados internacionales, el abogado explicó que aquellos se han firmado bajo el principio Sunt Servanda -lo pactado obliga-, por lo cual todo poder y organismo del Estado tiene el deber de acatar y aplicar esa norma en el ordenamiento interno.
“Esto es una mera pretensión porque en el punto de vista jurídico, la única forma de dejarlo sin efecto es denunciarlos, es decir, dejar de ser parte de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que requiere de un procedimiento especial ante los órganos respectivos de Naciones Unidas”, indicó.
Junto con ello, Carlos Margotta, enfatizó la regresión política que representan los republicanos al defender con más fuerza que la UDI y RN el modelo económico de la dictadura y consagrado en la Constitución del 80.
En relación a la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad, el presidente de la Comisión de Derechos humanas señaló que la enmienda de la ultraderecha para otorgar condena domiciliaria a los actuales condenados, es contraria al Estatuto de Roma que establece que no se puede modificar las penas de los criminales de lesa humanidad.
De esa manera, advirtió que una eventual aprobación del nuevo texto “haría incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional y por otro lado, aquello no corresponde a un ejercicio soberano porque no se puede invocar mayorías circunstanciales para aprobar normas contrarias a los derechos humanos”.
