Isapres: Cuestionan duramente incremento de planes de salud con reajuste más alto de la última década

Parlamentarios y dirigentes políticos de la Democracia Cristiana concurrieron hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con el objetivo que este organismo inicie una investigación producto de esta nueva alza unilateral de tarifas efectuada por las Isapres, al conocerse que cuatro de las seis aseguradoras abiertas de salud aumentarán sus planes alcanzando este incremento un promedio de 5,1 %.

En este contexto, el diputado DC Gabriel Silber calificó esta decisión de los prestadores de salud como “un portonazo a la clase media”, pues sin ninguna razón aparente se encarecen los planes para los usuarios de las Isapres, pudiendo la ciudadanía estar frente a un nuevo caso de colusión de precio, materia que a su juicio debe ser investigada.

 

Gabriel Silber exigió además a las autoridades judiciales financieras  que determinen la existencia de una infracción al orden público económico, al existir sospecha además de una integración vertical en el ámbito de las Isapres al obligar a los usuarios a atenderse en centros médicos y clínicas que pertenecen  a estos mismos prestadores de salud.

 

Del mismo modo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia Cristiana, Camila Avilés, denunció que este modelo de salud privado abusivo y sectario, castiga con mayor rudeza a las mujeres quienes deben recurrir muchas veces a él. Por este motivo conminó a Sebastián Piñera y a su ministra de la Mujer Isabel Plá a demostrar que su compromiso con la clase media –la mayor usuaria de las Isapres- es real y no de la boca para afuera.

 

En un sentido similar, el senador e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Alta Guido Girardi exigió al gobierno que si pretende como lo ha dicho públicamente enviar un proyecto que regule el mercado de las Isapresy termine con los abusos, que lo haga en serio y no con medidas cosméticas que no tengan ningún tipo de sanción o restricciones legales.

 

Guido Girardi reconoció que el lobby de las Isapres ha sido fuerte en el mundo político, pero aun así han logrado detectar una serie de irregularidades y vicios en particular a lo que se refiere a la negativa de pagar las licencias medicas a los pacientes.

 

Según expertos esta alza de los planes de las Isapres –que no se detectaban desde el 2008 y el 2011, surgen como una forma de recuperar los gastos en que han incurrido por los diversos juicios que han enfrentado, en donde cerca de 300 mil usuarios han demandado y ganado demandas en contra de estos prestadores de Salud por denegación de atención y prácticas irregulares. Entre las empresas que han sido denunciadas por esta alza injustificada se cuentan Cruz Blanca con un 7,7%, Colmena con un 6,3 %, Consalud 5,9 % y Banmedica con 4,9 %.




El balance del año 1 de Piñera II: “Pirotecnia política”

Como pirotecnia política calificaron diversos parlamentarios y dirigentes sociales este primer año del segundo gobierno del empresario de derecha Sebastián Piñera, al considerar que sus propuestas no atacan de manera eficiente las necesidades imperiosas de la gran mayoría de los chilenos.

En primer término, la diputada comunista Camila Vallejo señaló que este gobierno ha basado su gestión sólo en hechos comunicacionales, pero ha carecido de un trabajo legislativo de fondo, pues los únicos avances logrados en este ámbito corresponden a mociones generadas desde la oposición, temiendo además a su juicio por los efectos de las contrarreformas anunciadas.

 

Así mismo, la vicepresidenta de la Mujer de la Democracia Cristiana Camila Avilés fustigó las cuentas alegres que saca Sebastián Piñera durante este primer año de gobierno al considerar que no ha logrado de manera alguna sintonizar con las demandas e inquietudes de la gente, tal como lo demuestran el hecho de que casi todos los proyectos que el Ejecutivo ha enviado al Congreso han debido ser cambiados casi en su totalidad por la oposición.

 

Desde el Frente Amplio, la vicepresidenta de Comunes, Valentina Saavedra, aseguró que es difícil tener una buena evaluación de un gobierno que asesinó a un comunero mapuche o hizo oídos sordos a la demanda por una educación no sexista de las estudiantes, insistiendo la dirigente en la obligación de las fuerzas de oposición a seguir impulsando las transformaciones sociales impidiendo que Piñera triunfe en su voluntad privatizadora para el país.

 

Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, hay un hecho cierto y objetivo cual es que un gobierno que se autoproclamó como el de los “grandes acuerdos” ha sido incapaz de dialogar con las organizaciones sociales en la ejecución de las reformas que pretenden instaurar y eso da cuenta de un divorcio grave entre las demandas ciudadanas y la agenda que insiste en imponer Sebastián Piñera.

 

En tanto para el diputado del partido Socialista, Juan Santana, las cifras de rechazo a la gestión de Piñera al mando del país revelan a un país defraudado ante las expectativas de crecimiento económico y laboral no cumplidas, presenciando como el gobierno replica con políticas de precarización del empleo, no haciéndose cargo además de los desafíos que le plantea la modernidad al mundo de los trabajadores.

 

Sobre el mismo asunto, el secretario general de Comunes, Jorge Ramírez, señaló que el gobierno no tiene nada que celebrar, puesto que se ha privilegiado de parte del oficialismo la farándula política, perjudicado a los chilenos por causa de promesas que no se han cumplido, las altas tasas de desempleo, el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y el fallido actuar en la política internacional, en particular sobre Venezuela, aseveró.

 

Todos los personeros manifestaron que la gran mayoría del país no ha percibido este último año los denominados “Tiempos Mejores” anunciados por Piñera, sobre todo en materia económica pues las cifras de desempleo van en aumento, concluyeron.




Mujeres representantes de partidos de oposición solicitan a Contraloría urgente publicación del protocolo de objeción de conciencia por aborto 3 causales

Dirigentas de distintas colectividades políticas  solicitaron a la Contraloría  agilizar el protocolo de objeción de conciencia, haciendo uso de su rol fiscalizador  de la administración del Estado y con ello considerar las graves consecuencias de que el país no cuente con este instrumento.

Desde la Democracia Cristiana, su vicepresidenta de la Mujer  Camila Avilés, acusó al gobierno y en particular a la ministra de la mujer y equidad de Género Isabel Plá  de no hacerse  cargo de ejecutar un ley que permite a las mujeres en dignidad y derecho ser atendidas  frente a una de las tres causales que contempla la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

 

En representación de las mujeres comunistas, la dirigenta de dicha colectividad, Javiera Olivares, advirtió una incongruencia del gobierno pues por una parte celebra en La Moneda el regreso a la democracia y el respecto por los derechos  individuales, y al mismo tiempo impide mediante  subterfugios y escusas el cumplimento de una ley aprobada legítimamente  por el parlamento, tal como es la de interrupción del embarazo por las tres causales.

 

Para la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, Karina Delfino, la puesta en marcha de este protocolo de objeción de conciencia  ya no puede espera más, pues la torpeza de este gobierno al no enviar esta iniciativa sólo ha significado una postergación que perjudica un derecho ganado por las mujeres.

 

Desde el Partido Radical, su dirigenta Gladys Paola junto con lamentar que deba recurrirse a la Contraloría para exigir el cumplimento de la ley de las tres causales, emplazó a la vocera de Gobierno Cecilia Pérez a terminar con las evasivas y definir si está o no con las mujeres de este país.

 

María Cecilia Romero vicepresidenta de la mujer del PRO, anunció que pedirán por ley de transparencia un listado de los hospitales en donde existe y se aplique el protocolo de objeción de conciencia, exigiendo desde ya que se implemente  eta legislación en aquellos centro médicos que carezcan de esta normativa.

 

Recordar que ya en mayo de este año  la Contraloría emanó un dictamen que declaró ilegal el  protocolo de objeción de conciencia en el Aborto en Tres Causales impulsado por este gobierno, el cual que permitía que instituciones privadas que recibían aportes estatales pudieran ser objetoras de conciencia. Por este motivo el Gobierno envió un nuevo  protocolo en junio, el mismo que  ahora decidió retirarlo para hacer correcciones , sin que se haya dictado aun ninguno de su remplazo.