Amnistía Internacional Chile envió una carta al Presidente de la República Gabriel Boric solicitando la suspensión provisional del Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en su calidad de alto mando deberá enfrentar en los próximos meses una audiencia de formalización por graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La entidad plantea que “no resulta razonable ni sostenible que el Sr. Yáñez, como máxima autoridad de la institución de Carabineros continúe en el cargo”, debido a la gravedad del delito que se le imputa, esto es, la omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
Rodrigo Bustos, Director Ejecutivo de Amnistía Chile, indicó que esta situación judicial hace incompatible su permanencia, aún presumiendo su inocencia, dado su rol como autoridad dentro de una institución pública encargada de hacer cumplir la ley:
Por otra parte, el abogado señaló respecto a la voluntad política a la que apelan con la misiva, que incluso durante el segundo mandato de Píñera se procedió a la destitución del ex General Hermes Soto tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y así también con otros altos mandos involucrados en otros casos.
Acerca de la agenda de Derechos Humanos del gobierno, el director ejecutivo de Amnistía Chile apuntó a que existen retrocesos como la Ley Naín Retamal y algunos proyectos en materia migratoria. También remarcó la existencia de demandas incumplidas como una política de reparación integral a las víctimas de la violencia institucional durante el estallido social y la reforma a Carabineros. Sobre eso, no obstante, indicó que han existido avances como el Plan de Búsqueda, pero se espera que se reanuden estos otros compromisos relacionados con los derechos humanos.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de las Víctimas de Trauma Ocular, agrupación que demandó la renuncia del general en enero cuando fue anunciada su audiencia de formalización, valoró el pronunciamiento de Amnistía Chile e indicó que es una señal positiva para las víctimas.
Acerca de la decisión del Estado de poner fin a algunas pensiones de gracia, pero no de quienes han sido víctima de traumas y pérdidas oculares, detalló que en el mes de enero las pensiones no habían llegado a las personas, lo que hizo pensar en la falsedad del anuncio.
Finalmente, se trató de un atraso en los depósitos, lo que no deja de ser una revictimización, indicó Marta Valdés, frente a un asedio político de deslegitimación por parte de la derecha, respecto a quienes fueron vulnerados en su integridad durante el estallido social.
La vocera abordó la permanente deuda en salud mental por parte del Estado con respecto a las víctimas y también el aún pendiente programa integral de reparación que planteó el gobierno del presidente Boric.
Marta Valdés indicó que antes de la formalización del general Yáñez esperan que éste sea destituido, motivo por el cual se movilizarán con el fin de que la decisión por parte del ejecutivo se tome acorde a la demanda por verdad y justicia.
