Familiares de detenidos desaparecidos se reunieron con Presidente de la Suprema por beneficios carcelarios a violadores de DD.HH.

La Agrupación de Familiares de Desaparecidos, encabezada por su presidenta Lorena Pizarro, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para expresarle su preocupación y rechazo ante las recientes libertades a violadores de derechos humanos otorgadas por la Sala Penal del máximo tribunal del país.

Concluida la cita, Lorena Pizarro anunció la presentación de una carta de reproche dirigida al pleno de la Corte Suprema, en donde manifestaran su preocupación por esta doctrina aplicada por la segunda sala penal que beneficia a los criminales de Estado, desestimando los criterios aplicados por el Derecho Internacional en este tipo de hechos.

 

La activista por los D.D.H.H no descartó recurrir a organismos internacionales para denunciar esta práctica de impunidad judicial, la cual precisó, ha sido favorecida por la ausencia de una legislación y una voluntad política al respecto.

 

Sobre la revocación de la libertad condicional al piloto del helicóptero en la denominada “Caravana de la muerte “Luis Felipe Polanco por parte de esta segunda sala penal, Lorena Pizarro sostuvo que esto lejos de ser un gesto de parte de los ministros sólo corresponde al cumplimento de su labor, a diferencia del fallo anterior en que si hubo un claro abandono de deberes.

 

Del mismo Lorena Pizarro, afirmó que el actuar ilegitimo de algunos ministros de la Corte Suprema en torno a los temas de D.D.H.H, obedece a un plan concebido por un gobierno como el actual, el cual desde el primer minuto se ha coludido con el Poder Judicial –tal como ocurrió en Dictadura ,para sellar la más alevosa impunidad.

 

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos comentó finalmente, que, dentro de la reunión sostenida con el titular de la Corte Suprema, le expusieron sus impresiones respecto a que lo obrado por la segunda sala penal esperan corresponda sólo a un cambio de criterio y no doctrina, ya que resultaría muy grave que un poder del Estado no priorice la protección de los D.D.H.H.

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