Dirigentes de Federación de Trabajadores a Honorarios imputan al Estado: “Existe un ahorro enorme a costa nuestra”

Alrededor de dos millones suman el conjunto de trabajadores a honorarios del país. Dentro de ellos, son 300.000 quienes rinden sus honorarios al Estado y muchos de ellos desde hace más de 20 años.

En el mes de abril del año en curso, miles de estos trabajadores marcharon a lo largo de todo Chile para visibilizar la precarización laboral que rebasa el propósito de la ley 20.255, y que establece que quienes presten sus servicios por medio de boletas, tendrían que comenzar a cotizar  obligatoriamente a través del impuesto retenido del 10%.

Si bien este plazo ha sido varias veces prorrogado, para el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado de Chile, FENTHEC Álvaro DÍaz, “es la relación del estado con sus trabajadores la que tiene que mejorar”, señaló en la sección “Por las Anchas Alamedas” del programa “Todo por La Tarde”.

 

Más allá de la cuyuntura, los dirigentes de la Federación abogan por develar la ilegalidad en que los trabajadores a honorarios prestan sus servicios al erario nacional: “Todo este tiempo, nunca se han tenido derechos laborales. Cumplen las mismas funciones, se les exige lo mismo que un trabajador de planta o a contrata, pero éstos no se le reconocen”, planteó Lilian Madariaga, Secretaria  de FENTHEC.

Ejemplo de ello, es la resolución del Ministerio de salud que desde enero negó a sus trabajadores a honorarios, el beneficio de acceder a licencias médicas: “Si yo me enfermo por 15 días, el ministerio me va a descontar esos 15  y yo voy a tener que pagarme esa ausencia al trabajo”, señaló la secretaria de la organización quien además graficó la liquidez real del pago por honorarios en tales circunstancias:

 

“Existe un ahorro enorme”, concluye la dirigente, dado que la Mesa de Acuerdo con el sector público del 2013 que indicaba el traspaso de cierta cantidad de trabajadores a honorarios al sistema a contrata, no ha finiquitado en términos reales la relación de trabajo en el sistema público, por lo cual, es necesario un pronunciamiento efectivo por parte de los poderes del Estado:

 

La Federación considera prioritario dar curso a propuestas legales que modifiquen la relación contractual de los trabajadores, en donde el código del trabajo se amplíe legalmente a establecer contratos con función pública, asegurando así los correspondientes derechos laborales. Sin embargo, la idea es que finalmente, se tienda a establecer un “estatuto administrativo más flexible”, precisó Álvaro Díaz, para lo cual la Federación, han gestionado conversaciones con algunos parlamentarios para que exista un proyecto de ley y no un simple acuerdo con el gobierno de turno.

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