César Bunster: “Condena a Lula es una maniobra político judicial que busca impedir el triunfo electoral del ex Presidente”

En medio de la aprobación de la reforma laboral brasileña impulsada por Michel Temer y la condena al ex presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva, el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista César Bunster, analizó la relación de estas dos acciones en actualidad política de Brasil.

En este sentido, César Bunster explicó que esta  condena a Lula se dicta con escasas pruebas y en una maniobra política que está buscando frenar el proceso reformador y progresista que podría retomarse con la elección del ex presidente Da Silva en 2018.

 

Asimismo, el encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, detalló  que detrás de esta trama se busca ocultar todos los delitos cometidos por Temer y su gobierno, sumado a las maniobras de los grupos conservadores que quieren frenar las conquistas sociales representadas por el candidato Lula Da Silva quien se perfila, según todas las encuentras, con mayores posibilidades para volver a ser presidente de Brasil.

 

Por consiguiente, Bunster precisó que Lula Da Silva proclamó su candidatura formalmente como respuesta a esta condena que también busca inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 19 años, y así también ilustrar el espíritu de lucha del pueblo brasileño en su nueva candidatura presidencial.

 

Finalmente, César Bunster, encargado de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Chile, subrayó que de diversas maneras, el mundo social movilizado también está respondiendo a este nuevo ataque contra la democracia en Brasil, mientras continúan rechazando la reforma laboral aprobada recientemente y que significaría un retroceso en las conquistas sociales obtenidas durante la presidencia de Dilma Rousseff y de Luiz Inácio Lula Da Silva.

Consignar que  en cuanto al actual presidente de Brasil Michel Temer, el pleno de la Cámara de Diputados votará el 2 de agosto si aceptan  o no la denuncia de la Fiscalía brasilera contra el mandatario de facto, allí serán necesarios 342 votos para autorizar a la Corte Suprema a instaurar un juicio penal contra el mandatario no electo, quien en ese caso sería suspendido de sus funciones durante 180 días y posteriormente destituido si fuera hallado culpable.