Barraza denuncia que el gobierno expresa una clara intencionalidad política de obstruir, por la vía administrativa, el trabajo de dicha instancia

El convencional del pacto “Apruebo Dignidad” por el distrito 13, Marcos Barraza, denunció que a tres meses del inicio de la Convención Constitucional, el gobierno no ha concretado el pago de salarios a asesores de los constituyentes, incurriendo en una grave vulneración de derechos.  

En ese sentido, el exministro de desarrollo social afirmó que el ejecutivo expresa una clara intencionalidad política de obstruir por la vía administrativa, el trabajo de dicha instancia.  

Por otro lado, Marcos Barraza valoró que ya fueron aprobados los cinco reglamentos que van a regular el funcionamiento del organismo de manera soberana y autónoma.   

Asimismo, el dirigente del Partido Comunista dijo que a la inversa de lo que señala El Mercurio, respecto a que el plebiscito dirimente sería una herramienta de uso habitual de los regímenes autoritarios, es un mecanismo tan democrático que no estaba contemplado en la Constitución de la Dictadura, a objeto de impedir la deliberación popular.   

El académico sostuvo que la incorporación del plebiscito dirimente es rechazado por la derecha, ya que es el punto de partida para democratizar la institucionalidad política en la futura carta Magna.  

Consultado por la convocatoria a movilizaciones a partir de esta semana en conmemoración del segundo aniversario del estallido social, Marcos Barraza destacó que va a ser un hecho significativo en circunstancias donde se da inicio al proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental.  

El convencional del distrito 13 hizo un llamado a estar muy alerta, frente a la escalada de violencia y represión policial, a propósito de la muerte de Denisse Cortés, quien fue herida de gravedad en la marcha por la resistencia mapuche.  

 

Finalmente, Marcos Barraza indicó que en la conmemoración de un nuevo aniversario de la revuelta popular, hay que exigir justicia, verdad, y la responsabilidad, por parte del gobierno y de Carabineros, en las violaciones masivas y permanentes a los Derechos Humanos en contexto de movilización.