Corte de Apelaciones desestima desafuero contra Constituyente Hugo Gutiérrez
El exdiputado del PC enfrenta una causa por haber supuestamente “amenazado” a funcionarios de la Armada de Chile, en medio de un control durante la cuarentena en Iquique.
La Corte de Apelaciones de Iquique desestimó, este viernes la solicitud de desafuero del constituyente del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez, quien fue imputado por el Ministerio Público como autor de los supuestos delitos de amenazas en contra de efectivos de la Armada y omisión de cooperación pública.
En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada desestimó la solicitud de desafuero efectuada por el Ministerio Público, por considerarla “improcedente” y ordenó al Juzgado de Garantía reanudar la tramitación de la causa conforme al procedimiento que corresponda.
“Que sin entrar a conocer del fondo de los hechos que fundamentan la solicitud del Ministerio Público, y teniendo meridianamente claro que el Sr. Gutiérrez Gálvez no contaba con fuero a la fecha en que el persecutor presentó el mencionado requerimiento en su contra, resulta imperioso concluir que el presente trámite de desafuero resulta improcedente”, establece el fallo.
El fuero parlamentario es un beneficio procesal, que permite que un diputado o senador, desde el día de su elección o incorporación no pueda ser acusado o privado instantáneamente de su libertad,
“El fuero que le otorga el artículo 134 de la Constitución Política, debe ser interpretado de manera restrictiva, esto es, respecto de hechos que ocurran a partir de esta nueva investidura que detenta, pero de aquellos vinculados con su antigua función parlamentaria, el que hubiera cesado en ella torna en innecesario su mantención, para el juzgamiento de tales hechos, como corresponde a cualquier otro ciudadano”, explica el fallo.
“Por las razones señaladas, y teniendo en cuenta que la Sra. Jueza del Juzgado de Garantía de esta ciudad no sobreseyó la causa que dio lugar a este antejuicio, sino que la suspendió, deberá desestimarse la solicitud de desafuero, por improcedente, y devolverse los antecedentes al Juzgado de Garantía de Iquique, para que continúe su tramitación conforme a derecho”, añade.
El proceso judicial comenzó por el caso de amenazas en contra de funcionarios de la Armada, cuando en agosto de 2020, Gutiérrez se negó a ser controlado, mientras regían medidas restrictivas en el país producto de la pandemia.
En fallo unánime, el pleno del tribunal de alzada desestimó la solicitud de desafuero efectuada por el Ministerio Público, por considerarla “improcedente” y ordenó al Juzgado de Garantía reanudar la tramitación de la causa conforme al procedimiento que corresponda.
“Que sin entrar a conocer del fondo de los hechos que fundamentan la solicitud del Ministerio Público, y teniendo meridianamente claro que el Sr. Gutiérrez Gálvez no contaba con fuero a la fecha en que el persecutor presentó el mencionado requerimiento en su contra, resulta imperioso concluir que el presente trámite de desafuero resulta improcedente”, establece el fallo.
El fuero parlamentario es un beneficio procesal, que permite que un diputado o senador, desde el día de su elección o incorporación no pueda ser acusado o privado instantáneamente de su libertad,
“El fuero que le otorga el artículo 134 de la Constitución Política, debe ser interpretado de manera restrictiva, esto es, respecto de hechos que ocurran a partir de esta nueva investidura que detenta, pero de aquellos vinculados con su antigua función parlamentaria, el que hubiera cesado en ella torna en innecesario su mantención, para el juzgamiento de tales hechos, como corresponde a cualquier otro ciudadano”, explica el fallo.
“Por las razones señaladas, y teniendo en cuenta que la Sra. Jueza del Juzgado de Garantía de esta ciudad no sobreseyó la causa que dio lugar a este antejuicio, sino que la suspendió, deberá desestimarse la solicitud de desafuero, por improcedente, y devolverse los antecedentes al Juzgado de Garantía de Iquique, para que continúe su tramitación conforme a derecho”, añade.
El proceso judicial comenzó por el caso de amenazas en contra de funcionarios de la Armada, cuando en agosto de 2020, Gutiérrez se negó a ser controlado, mientras regían medidas restrictivas en el país producto de la pandemia.