Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recurrieron para obligar al Estado de Chile a entregar pensiones de sobrevivencia a las múltiples víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos desde la revuelta social de octubre de 2019. El beneficio económico está dirigido a quienes producto de sus lesiones quedaron imposibilitados de trabajar.
La solicitud fue ingresada esta semana ante el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el abogado Luis Cuello, el diputado comunista Daniel Núñez y la Convencional Constitucional por Arica, Carolina Videla.
La acción legal se originó tras develarse que el gobierno de Sebastián Piñera ha mantenido como letra muerta una glosa de la Ley de Presupuesto 2021 que habilita como beneficiarios de la indemnización económica a todas aquellas víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 y que hayan sido acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La asignación contiene recursos por 52.599 millones de pesos.
Los recurrentes argumentan que es muy grave que el Estado de Chile no haya activado su obligación de reparación integral a las víctimas. Al respecto, ejemplifican que el gobierno no elaboró el procedimiento para acceder al beneficio ni realizó una campaña comunicacional para difundir la existencia de este derecho. Por otra parte, también les parece preocupante que el INDH -organismo encargado de tramitar la indemnización- afirmara que se enteraron por la prensa de la existencia de la ayuda estatal.
Según el abogado Cuello, el Estado de Chile ha incumplido abiertamente la obligación de reparación hacia las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno de Sebastián Piñera.
Para el diputado Núñez, autor de la indicación a la glosa del Presupuesto 2021, resulta Indignante lo que está ocurriendo, ya que el Gobierno se niega y actúa con negligencia para no entregar la reparación a aquellas personas que han sido víctimas de la violación de los derechos humanos.
La medida cautelar ante la CIDH busca beneficiar a Rolando Robledo Vergara, 43 años, obrero de la construcción, quien el 20 de octubre de 2019, frente al Mall Plaza de La Serena, fue gravemente herido en el abdomen por una bala de guerra disparada por funcionarios del Ejército de Chile. Durante esa jornada de movilización pacífica -en la que Robledo participó circunstancialmente- los militares asesinaron a Romario Veloz.
Robledo, producto de sus lesiones, estuvo 25 días en coma y varias semanas más hasta obtener el alta médica. Actualmente, su principal secuela física le impide desplazarse por sus propios medios. Por lo tanto, está incapacitado para volver a trabajar, mantenerse a sí mismo y a su familia. Aún no logra obtener una pensión por invalidez.
