Acciones legales y la conformación de una lista de independientes, son algunas de las actividades emprendidas por integrantes del pueblo tribal afrodescendiente en Chile, luego que a mediados de diciembre no se aprobara un escaño reservado para su participación en la Convención Constitucional, pese a su reconocimiento legal en el 2019.

En una grata conversación con Marta Salgado, presidenta de la ONG Oro Negro y luego con José Barraza, integrante de la lista independiente Afrodescendiente “Súmate Ahora”, conocemos sobre una ardua trayectoria de lucha por el reconocimiento histórico, social y político.

Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro y candidato de la Central Unitaria de Trabajadores a la Convención Constitucional por el distrito 9, señaló que la crisis económica de la empresa se ha resuelto a costa de más de 1500 despidos en menos de 6 meses, repercutiendo en las condiciones, tanto laborales del personal, como sanitarias en el caso de todos quienes transitan por el tren subterráneo.

El dirigente de la CUT remarcó que el resguardo de la salud de los trabajadores del tren subterráneo, así como de sus usuarios, también tiene una dimensión social, pues los despidos masivos implican una percepción de seguridad sanitaria deficiente.

Eric Campos explicó que Metro de Santiago, al ser una empresa estatal, no debiese regirse por las mismas lógicas del sector privado, pues ello vulnera la cultura organizacional de la empresa pública.

El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, planteó la necesidad de generar procesos de capacitación y reconversión social, desde una mirada más integral y que rompa con las lógicas del neoliberalismo.

A juicio de Eric Campos, lo que estará en disputa en la Convención Constitucional son los intereses de la clase trabajadora, pues la Carta Magna del 80 fue la táctica de la elite chilena y el gran empresariado para retrotraer conquistas históricas de los sindicatos.

El candidato a convencional por el distrito 9, aclaró que Chile es el único país del mundo, donde la solidaridad es inconstitucional, lo cual impide garantizar derechos sociales en diversos ámbitos.

El candidato de la CUT a constituyente, Eric Campos, concluyó que “la gran lucha del mundo sindical va a ser por el restablecimiento de valores de las sociedades democráticas, tales como la solidaridad, la igualdad y la fraternidad”.

Hasta las oficinas del Ministerio de Educación llegaron, este martes 19, representantes de la comunidad educativa del Colegio Santa Bernardita de Santiago para exigir a la autoridad adoptar las medidas necesarias para revertir el cierre del establecimiento.

La carta presentada por profesoras, apoderadas y vecinas del sector, acompañadas por la concejala de Santiago, IracíHassler, llama a la autoridad a establecer un administrador provisorio, a fin de evitar que un centenar de estudiantes queden sin colegio.

la concejala de Santiago y candidata a alcaldesa, Irací Hassler, calificó la situación como “irregular y fuera de plazo”, por lo cual llamó tanto al Mineduc como a la Superintendencia de Educación, a hacerse cargo.

Finalmente, la concejala enfatizó el llamado al Ministerio de Educación y exigió que se nombre un administrador provisional para la continuidad del establecimiento “o tome las medidas que consideren necesarias para solucionar esta situación de manera urgente”.

Dirigentes gremiales y políticos se refirieron a la conformación del proceso constituyente y señalan que en el debate sobre los temas que debe consagrar la renovada Carta Fundamental, será fundamental consagrar el derecho a la información y la libertad de expresión, asegurando la pluralidad informativa.

Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, sostuvo que este ha sido un proceso vertiginoso donde quedaron cosas por resolver como la participación  de los jóvenes desde los 16 años en un camino constituyente   que no les es ajeno.

El timonel del gremio periodístico sostuvo que esta etapa de construcción constitucional  es colectiva tanto  en su elaboración como en los objetivos que persigue, los mismos  que considera, iniciaron la revuelta del 18 de octubre.

Por su parte, el encargado sindical del partido Comunista, Jaime Gajardo, insistió que el gobierno tiene el rol esencial de impedir que se frene el legítimo derecho de los movimientos sociales  a expresarse.

Ambos dirigentes afirmaron que aquellos excluidos de los pactos políticos en la conformación de lista para convencionales, si bien tienen una lógica desilusión, no deben descartase para influir en los principios  rectores de la Constitución desde otros ámbitos.

Este lunes y a petición del Colegio de Profesores, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo una reunión protocolar con la nueva directiva del gremio docente, para esclarecer el inicio del año escolar y una serie de demandas de las y los profesores, que datan de 2018 y no han sido atendidas por el Mineduc.

Tras la cita, Paulina Cartagena, segunda vicepresidenta nacional del Magisterio, ratificó que el retorno a las aulas fue fijado para el 1 de marzo, lo cual calificó como un avance, considerando que la propuesta inicial del secretario de Estado era adelantarlo al 24 de febrero, pero continúan las preocupaciones por la situación sanitaria.

Asimismo, la dirigenta del Colegio de Profesores criticó que Raúl Figueroa responsabilizara al anterior gobierno del atraso en el pago del bono de incentivo al retiro, toda vez que llevan tres años a la espera de dicha bonificación.

Paulina Cartagena aclaró que el regreso a clases presenciales está supeditado al control de la pandemia, en función de que el Mineduc garantice las condiciones máximas de seguridad para los estudiantes, profesores y asistentes de la educación.

En ese sentido, la segunda vicepresidenta nacional del magisterio, emplazó al ministro Figueroa a no forzar la vuelta a clases, mientras la propagación del virus no esté controlada.

Asimismo, Paulina Cartagena dijo que como gremio, aún les falta mucho por avanzar en la regulación del teletrabajo, así como en materia de infraestructura, para garantizar que el aprendizaje a distancia se dé en igualdad de condiciones.

Cabe consignar que el Ministerio de Educación anunció un aumento presupuestario del plan “Yo confío en mi escuela” para el retorno seguro a clases presenciales, y que considera una inversión de seis mil a 13 mil millones de pesos para mejorar los espacios físicos en recintos educativos de 179 comunas del país.

Ante ese escenario, la postura del Magisterio es que estén en etapa 4 para el retorno a clases, ya que “a etapa 2 no reúne las condiciones para que puedan estar tranquilos.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoró que la madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaran hasta la comunidad mapuche para reunirse con el padre de Camilo Catrillanca, a objeto de buscar justicia conjuntamente.

En su diagnóstico, el encuentro estuvo cargado de simbolismo, pues representa una exigencia colectiva a terminar con la definición de guerra que tiene el Estado, respecto a los pueblos originarios.

Asimismo, el dirigente comunista catalogó como una “provocación” que el operativo en Temucuicu, además de superar los 800 efectivos policiales, se llevara a cabo el mismo día en que estaba fijada la formalización del imputado por el crimen de Camilo Catrillanca.

Lautaro Carmona aclaró que dicho despliegue policial se pudo haber efectuado cualquier otro día, considerando que estaba dirigido únicamente a la búsqueda de un presunto cultivo de marihuana, y no a la de alguien que se pudiera fugar del lugar.

El secretario general del PC ratificó que el discurso de Marcelo Catrillanca, estuvo marcado de una enorme significancia, toda vez que llama abiertamente a la hermandad de los pueblos, vinculada a la convivencia humana.

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que la reunión sostenida entre los familiares de ambas víctimas, constituye un emplazamiento directo al Estado de Chile, denunciando las consecuencias brutales de un conflicto histórico que sigue siendo promovido por agentes policiales y el gobierno.

En el frontis del edificio de los tribunales de justicia, familiares,  organizaciones sociales, parlamentarias, artistas y dirigentes políticos exigieron aprobar Ley de Indulto General para las y los presos políticos de la revuelta popular.

Al respecto, el exministro de Desarrollo Social y dirigente del partido Comunista Marcos Barraza exigió la libertad que aquellos que con su sacrificio han sido promotores de cambios tan sustanciales para el país, como es el proceso constituyente.

La representante de los pueblos originarios, Isabel Cayul, exigió al gobierno de Sebastián Piñera acabar con el terrorismo de Estado basado en la persecución, el montaje y la mentira, mismas situaciones que hoy privan a de libertad a estos jóvenes activistas.

Dafne Concha, presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados por el derecho  la educación, sostuvo que este grupo de luchadores sociales debe estar libres, pues a más de 1 años de la revuelta de octubre, ellos representan la discriminación  y la denegación de la justicia para los más débiles.

Para la actriz Malucha Pinto lo ocurrido con los presos políticos de este Gobierno confirman una persecución histórica en contra de las organizaciones y los movimientos sociales que han salido a las calles en pos de sus demandas.

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans,  denunció que a diferencia de lo que pretende hacernos creer la Derecha, en Chile hay prisión políticas para quienes  sólo han buscado transformaciones esenciales para intentar una mínima cuota de equidad social.

En la oportunidad, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, denunció que la cárcel y la tortura es la respuesta del Estado para aquellos que persiguen una democracia real y las reivindicación de garantías como la educación, la salud y la recuperación de nuestros derechos naturales.

La diputada comunista, Camila Vallejo, manifestó que es obligación de las y los parlamentarios la lucha contra la injusticia que representa, la detención de estos presos políticos que han sido privados de las mínimas condiciones procesales.

Jacqueline Gatica, madre de Benjamín Espinoza, uno de los jóvenes detenidos por la revuelta,  pidió especialmente  a los medios de comunicación, visibilizar  los vicios procedimentales  que han impedido cambiar la medida cautelar de estos activistas, en donde incluso los propios carabineros, irregularmente,  han oficiado de testigos.

Así mismo, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, reflexionó respecto  a que la situación de estos jóvenes luchadores , pone en tela de juicio el cumplimiento de  convenios humanitarios internacionales por parte del Estado de Chile.

Todos los convocados juntos con exigir la liberación inmediata de las y los presos políticos  de la revuelta social, emplazaron al Senado a aprobar  una ley de indulto general que permita corregir lo que consideraron una injusticia y una falta de coherencia por parte de los tribunales de Justicia, en complicidad  con el gobierno de Sebastián Piñera.

Hoy estuvimos acompañando a familiares de presxs de la revuelta. Como parlamentarixs comunistas tenemos un deber con las familias de lxs presxs, tanto en el parlamento como en la calle.
Tiene q avanzar el proyecto de indulto en el Senado y el de reparación en la Cámara! pic.twitter.com/ReIlyjJnnI

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) January 18, 2021

La madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaron hasta la comunidad mapuche y se reunieron con el padre de Camilo Catrillanca. Esto se dio en medio del trawun de emergencia convocado por las comunidades autónoma y tradicional de Temucuicui para analizar el megaoperativo desarrollado el 7 de enero.

Catrillanca aseguró que los loncos han sido capaces de entender a la familia del funcionario de la policía civil y aseguró que los ayudarán y tratarán de fortalecerlos.

Ramón Morales, hermano del funcionario de la PDI asesinado, junto con compartir el dolor conjunto con la familia Catrillanca , señaló que las víctimas de la violencia del estado deben construir un diálogo.

El werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, denunció que a los pueblos originarios se les acusa de múltiples delitos, sin embargo jamás se han escuchado sus legítimas demandas.

Mijael Carbone, vocero de la Alianza Territorial Mapuche junto con señalar que como pueblo siguen en una permanente  reflexión, anunció acciones legales contra el Estado chileno por su permanente represión.

El trawun o encuentro en mapudungun, continúa este martes en la comunidad de Temucuicui, donde se fijaran los lineamientos tras el operativo de la PDI del pasado 7 de enero.

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Declaración final Trawun Temucuicui 18 y 19 de enero, lof Catrillanca

LEF TRAWUN EN TEMUCUICUI, FIN A LA INVASION Y VIOLENCIA ESTATAL CHILENA, AFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, LA SOBERANIA TERRITORIAL Y LA AUTODETERMINACIÓN MAPUCHE.
1.- Nosotros los Mapuche participantes del Lef Trawun, “Reunión de Emergencia”, que surge como consecuencia del allanamiento masivo a las Comunidades Mapuche de Chacaico, Huañaco Millao, Temucuicui, Pancho Curamil, y Coñomil Epuleo, afirmamos que la invasión y violencia desatada y sin control de parte de la policía del Estado Chileno que destruyo nuestras viviendas, violento a los niños, mujeres y ancianos que viven en paz, tuvo por objeto omitir la responsabilidad penal y política del gobierno del Presidente Sebastian Piñera, de su ex ministro Andrés Chadwick, el ex Intendente de la Araucanía Luis Mayor en cuanto a la ejecución de Camilo Catrillanca y representa una violencia institucional continua y permanente desde la denominada “Pacificación de la Araucanía” hasta el día de hoy.
2.- La invasión policial y que consistió en un allanamiento masivo de parte de la policía, es un acto de violencia que atenta al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en paz en su territorio y constituye un atentado a la familia Catrillanca que no se le permitió conocer las resoluciones judiciales que en ese momento y ese día el tribunal daba a conocer. Por lo mismo, viene a poner de manifiesto que la presencia del Estado Chileno y sus instituciones en el Wallmapuche, es una amenaza permanente en contra de nuestro Pueblo Mapuche y sus derechos.
3.- Subrayamos que el Wallmapuche es nuestro territorio y no hemos renunciado a ningún derecho sobre él, tampoco consentimos el despojo y la ocupación militar que ha efectuado el Estado Chileno. Por lo mismo, todas las propiedades patrimoniales territorial se han instaurado mediante la fuerza, la violencia y con leyes ilegitimas que los han elaborados y adoptados los propios usurpadores de nuestro territorio en desmedro a los derechos que nos asisten como Pueblo.
4.- Recordamos al presidente Sebastian Piñera y a los futuros gobernantes del Estado Chileno que, los Parlamentos o Tratados Mapuche referidos a la soberanía territorial están plenamente vigentes y reconocidos por el derecho internacional en dos normas de derechos humanos. En vista que el Estado Chileno no ha tenido la voluntad política de resolver el derecho al territorio. Entonces, consideramos que la ruta que adoptaremos para resolver las controversias sobre tierras y territorios serán los tribunales internacionales.
5.- Tenemos presente que en los actos coercitivos militares denominado “Pacificación de la Araucanía” se cometió el crimen de Genocidio que permanece en completa impunidad; asimismo, se tomó, confisco y ocupo nuestro territorio y sus recursos y nos empobrecieron económicamente como Pueblo y del mismo modo nos causaron daño cultural en el ámbito material e inmaterial. Estas tres situaciones constituyen las actuales tensiones y controversia y mientras no se resuelvan adecuadamente no aceptaremos jamás la impunidad del crimen de Genocidio, ni la ocupación y despojo de nuestro territorio y sus recursos y recurriremos a los tribunales internacionales para hacer cumplir la reparación al daño causado a nuestro Pueblo Mapuche.
6.- Llamado al Pueblo Chileno, especialmente quienes enarbolaron la Bandera Mapuche a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche”, para poner fin a la violencia Estatal, reconocimiento de soberanía territorial y autodeterminación, el establecimiento de la Verdad, Justicia, la Reparación al daño causado.
7.- Saludamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno que, surge del estallido social de octubre 2019, esperamos que haya una nueva constitución política, superando las trabas del 2/3. Al mismo tiempo y con la misma fuerza afirmamos que los Mapuche, no hemos dado mandato a nadie para disminuir, diluir o restringir nuestros derechos contenidos en el principio y el derecho a la autodeterminación adquirido internacionalmente.
Por el Derecho a Vivir en Paz, por el Respeto a nuestros Derechos Colectivos, por la Soberanía Territorial y la Autodeterminación, afirmamos los siguientes:
I.- Afirmamos que el Pueblo Mapuche seguiremos implementado la ruta de la autodeterminación al amparo del derecho internacional hasta la conformación de un gobierno propio como fórmula política para hacer respetar nuestros derechos y participar activamente en el concierto de las naciones organizadas políticamente.
II.- Exigimos al Estado Chileno y al gobierno del Presidente Sebastian Piñera asumir su responsabilidad en el crimen de Genocidio cometido en contra de nuestro Pueblo en el contexto de la denominada “Pacificación de la Araucanía” y con el objeto de conocer la verdad se establezca una “Comisión de Esclarecimiento Histórico”. La verdad, la justicia, la reparación al daño causado por el Genocidio, constituyen una condición previa para establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche.
III.- Anunciamos que la comunidad de Temucuicui y otras bajo el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la autodeterminación instaurará la “Policía Comunitaria Mapuche”, en vista que la policía Estatal Chilena representa una agresión y amenaza permanente en contra del Pueblo Mapuche.
IV.- Anunciamos que seguiremos desplegando y sin descanso, todas las movilizaciones organizativas de las comunidades Mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin excepción alguna.
V.- Llamamos a los Tribunales de Justicia que operan en el Wallmapuche o territorio Mapuche que hagan efectivo su independencia en la aplicación de leyes revocando la constitución de propiedades territoriales que carecen de legitimidad, los arriendos por 99 años y asimismo, actúen con mayor objetividad en las causas que afectan a los presos políticos Mapuche.
VI.- Anunciamos a las comunidades Mapuche a desplegar todas las movilizaciones en el Wallmapuche y en el país en repudio a la invasión y violencia Estatal Chilena en contra de las comunidades Mapuche movilizadas por la restitución de su derecho a la tierra y en especial las que fueron víctima de un indiscriminado allanamiento.
VII.- Llamamos al Pueblo Chileno a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche” fundado en un reconocimiento pleno de nuestros derechos, poner fin la impunidad del Genocidio y reparación al daño causado, reconocimiento de nuestra soberanía territorial y reconocimiento al derecho de autodeterminación.
VIII.-Alentamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno y al mismo tiempo reafirmamos que no aceptaremos que se diluyan, restrinjan, ni limiten nuestros derechos colectivos adquiridos de parte del derecho internacional, asimismo, no aceptaremos una relación de subordinación institucional del Pueblo Mapuche en la nueva constitución política, sino un reconocimiento pleno de nuestra soberanía territorial y la autodeterminación.

Temucuicui, Walung Kuyen 18 y 19 de enero 2021.