En una interesante conversación con el académico, ex director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) y presidente de la Corporación 5 al Día, Fernando Vio, conocemos sobre la gran variedad de sustancias bioactivas presentes en las frutas y verduras, su relevancia para fortalecer nuestra salud en pandemia y lo necesario de promover nuevos hábitos de alimentación.
Este jueves fue confirmada la muerte de uno de los 8 funcionarios de la PDI heridos durante un procedimiento en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla, región de La Araucanía. Se trata del inspector Luis Morales Balcázar, quien pertenecía a la dotación del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Iquique y conformaba el operativo de apoyo de la Brigada Especializada Antidrogas, que ingreso a la zona rural de Pidima con cerca de 800 efectivos.
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista, afirmó que lo ocurrido es consecuencia del intento de militarización que está cursando el gobierno en contra del pueblo mapuche en la octava y novena región, realizada el mismo día en que se leía la sentencia por el asesinato por parte de de Carabineros de Camilo Catrillanca.
Asimismo, el analista político hizo una dura crítica a los gobiernos de la exConcertación, pues al igual que la derecha, no han tenido la capacidad de enfrentar el flagelo del narcotráfico y la delincuencia.
El encargado de la comisión política del PC aclaró que la elite política no quiere ver la profundidad del problema, ya que las adicciones se han convertido en un gran negocio privado.
Recordando el periodo de Dictadura, Juan Andrés Lagos detalló que por la vía del secreto bancario, los clanes financieros hicieron del lavado de dinero un negocio rentable.
El analista Juan Andrés Lagos recordó que tanto el narcotráfico como el lavado de dinero y el crimen organizado, se desplegaron bajo Dictadura, a tal punto de registrarse enfrentamientos entre agentes de la CNI por el control de los territorios en la materia.
Si bien el gobierno se comprometió a generar condiciones para que la juventud conquiste un espacio protagónico en el sistema democrático, tras 28 años de la creación del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), sus dirigentas y dirigentes acusan la nula capacidad que ha tenido el organismo para resolver las problemáticas que aquejan a dicho sector etario, cuya función de acuerdo a su ley 19.042, es ser el “encargado de colaborar con el ejecutivo, en el diseño, planificación y coordinación de políticas relativas a los asuntos juveniles”.
La presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Injuv, Melba Castro, destacó que gracias a las y los jóvenes, Chile está ad portas de elegir representantes constituyentes para un cambio de la Carta Magna, con miras a construir un Estado garante de derechos que termine con las políticas neoliberales.
Por ende, la dirigenta repudió que todavía haya cientos de jóvenes encarcelados, como castigo por la lucha que han dado para iniciar el proceso de cambios que hoy cursa el país, con miras a una nueva Constitución.
Melba Castro se mostró expectante de que los convencionalistas sean capaces de representar el sentir de los jóvenes, aportando en la elaboración de una institucionalidad política diferente, en la cual el Injuv tenga una mayor incidencia en materia de políticas públicas.
Por su parte, la exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual dijo esperar que los constituyentes, tanto del Frente Amplio como del Comando Chile Digno, Verde y Soberano, logren combatir la concepción político-ideológica que tiene la derecha del Estado.
Claudia Pascual fue enfática en sostener que una minoría del país es de derecha, y prueba de ello, es el arrasador triunfo que tuvo el apruebo en el plebiscito de octubre pasado.
En ese sentido, la encargada de género del Partido Comunista, dijo que la unidad del mundo progresista debe traducirse en la erradicación del proceso neoliberalizador que se produjo a partir de los años 80.
La ex ministra Pascual apuntó al gran desafío de terminar con la lógica subsidiaria, dando paso a un Estado garante de Derechos, y que ponga al centro la transformación cultural, desde un enfoque de género.
Asimismo, Claudia Pascual sostuvo que “cualquier institucionalidad que defienda los derechos humanos y sociales de niños, niñas, y adolescentes, es visto con una perspectiva profundamente político ideológica, por parte de la derecha”, al ser ellos quienes han empujado el proceso de cambios en el país.
“Hemos visto como la prisión preventiva opera como un castigo adelantado en contra de los jóvenes de la revuelta popular. En ninguna parte del mundo hay una investigación por desordenes en la vía pública que dure más de un año” sentenció la ex ministra de Estado, para graficar la criminalización sistemática de la juventud. Finalizó.
Como preocupante calificó la académica de la Universidad Diego Portales, Pilar Muñoz, el desproveer al currículum educativo de la enseñanza de la memoria histórica y los Derechos Humanos, luego que el proyecto de ley que promulgaba su implementación, no contó con los votos favorables en la Cámara Baja para su aprobación.
La docente, quien durante una década ha trabajado en la formación de docentes en materia de derechos humanos, apuntó al negacionismo que rodeó a la decisión, la cual coarta el derecho a acceder a la información y a que las nuevas generaciones posean memoria histórica.
A pocos días del cierre de la inscripción de las candidaturas a constituyente, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social Jaime Mulet se refirió al llamado a conformar una sola lista de oposición surgida desde los sectores de la ex Concertación.
Para el timonel regionalista esto obedece más a una estrategia comunicacional para aparecer ante la opinión pública como precursores de la unidad, que un genuino interés de lograr acuerdos político electorales.
Jaime Mulet expresó que la ciudadanía debe entender que existen al menos 2 oposiciones, una trasformadora y cercana al movimiento social representada por Chile Digno y algunos sectores del FA, y otra que busca mantener el estatus quo como es la que convoca a la ex Concertación.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social consideró muy difícil lograr una lista de consenso con una oposición que ha demostrado un actuar errático en el Congreso, apoyando al Ejecutivo en leyes contrarias al beneficio de la mayoría del país.
Finalmente Jaime Mulet reconoció que están aun intentando articular un bloque con los partidos del conglomerado “Dignidad Ahora”, en donde puedan confluir ideas de Izquierda transformadoras, las mismas que puedan plantearse en la convención constitucional con la voluntad de cambios profundos en justicia social para Chile.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, desmintió la información emanada de los grandes medios de comunicación, respecto a que la CUT habría convocado al encuentro entre timoneles de los partidos de Unidad Constituyente y una parte del Frente Amplio, con el objetivo de avanzar en una lista única de toda la centro-izquierda, de cara a la elección de convencionales.
En ese sentido, la representante de la multisindical fue enfática en aclarar que la CUT no convocó a ningún encuentro, independiente de su búsqueda permanente de avanzar en la más amplia unidad social y política en momentos clave para el país.
Bárbara Figueroa remarcó que como CUT están abocados a avanzar en una estrategia unitaria y converger en los apoyos que puedan ser transversales, pero en ningún caso, a forzar un acuerdo de lista unitaria de la oposición, entendiendo que es un esfuerzo infructuoso.
Asimismo, la presidenta de la multisindical detalló que presentaron 24 pre candidaturas a constituyentes, poniendo al centro el tema de contenidos, por sobre los nombres.
Bárbara Figueroa consideró inviable que la oposición presente una lista única, cuando las estrategias de los partidos ya están claras, y no apuntan en la misma dirección en materia de contenidos.
La timonel de la CUT criticó la cobertura mediática que tuvo la reunión entre “Unidad Constituyente” y algunos sectores del Frente Amplio, ya que a su juicio, hubo una operación político-comunicacional, destinada a responsabilizar al Partido Comunista del fracaso de los acuerdos electorales.
Finalmente, Bárbara Figueroa reiteró que nunca van a presionar la unidad sobre esfuerzos que el PC y los partidos no comparten, tal como no lo hicieron cuando la exConcertación se negaba a romper con la exclusión electoral de los comunistas.
[Por Carlos Insunza, dirigente nacional Anef y CUT] El pasado miércoles 30 de diciembre, en los patios del palacio de La Moneda, se realizó uno de los tantos actos impúdicos y vergonzosos a los que el gobierno de Sebastián Piñera se ha acostumbrado a poner en escena. Flanqueado por los ministros de Hacienda y Salud, anunció la promulgación del bono para el personal de salud, en reconocimiento por su rol en la pandemia COViD-19.
Lo cierto es que la ley que se promulgó ese día, penúltimo día hábil del año, es la Ley de Reajuste General del Sector Público, resultado de un proceso de negociación que concitó el rechazo unánime de las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público y que vivió una de las tramitaciones legislativas más accidentadas y dilatadas de los últimos 30 años.
La puesta en escena no pudo ser de peor gusto. Por un lado, el ministro Paris, que durante 7 meses mantuvo a las organizaciones sindicales de la Salud Pública, en mesas de negociación infructuosas que no avanzaron en ninguna de sus demandas de protección y reconocimiento de los/as trabajadores/as de la salud. Por el otro, el ministro Briones, que instaló el proceso de negociación con la Mesa del Sector Público a fines de noviembre, y rechazó sistemáticamente la demanda de reconocimiento a los/as funcionarios/as de la Salud, llegando a expresar en la negociación, que le resultaba inconcebible pagar una bonificación “simplemente” por hacer el trabajo para el que están contratados. Lo cierto es que, la inclusión en la Ley de Reajuste General del Bono Covid-19 para los/as funcionario/as fue de la presión de las bancadas de oposición en el Congreso que rechazaron la idea de legislar en el primer trámite legislativo, así como de aquellas organizaciones sindicales de la Salud que sostuvieron una defensa movilizada de sus demandas.
En buena hora los/as trabajadores/as de la Salud Pública percibirán un reconocimiento económico por el despliegue heroïco que han realizado desde el mes de marzo. Sin embargo, esta etiqueta publicitaria escogida por el gobierno para la promulgación, pretende poner un velo sobre las gravísimas consecuencias de una Ley de Reajuste del Sector Público, que por primera vez impone pérdidas de derechos laborales, salariales y de ingresos para todos/as los/as trabajadores/as del Estado. Y en este caso, decir todos/as, no es una generalización, sino una expresión literal.
La reducción al 50% de los Bonos de Vacaciones y de Término de Negociación, castigan especialmente a los segmentos de funcionarios/as públicos/as de menores ingresos. Incluso considerando el mecanismo de incremento de ingresos para quienes perciben entre los $403.904, ingreso mínimo fijado por ley para las funciones auxiliares, y los $545.000, a quienes perciben este complemento, se les impone un pérdida de $52,000 anuales, es decir un 10% de su ingreso bruto mensual. Para quienes se encuentran en el tramo inmediatamente superior, las pérdidas anuales escalan a $160.000, equivalentes a rangos entre el 30% y 20% de su ingreso bruto mensual. Los profesionales altamente calificados del Sector Público, que perciben ingresos levemente superiores a los $2.000.000, sufren pérdidas anuales equivalentes al 32% de su ingreso mensual, que combinan las pérdidas de bonos, con el efecto del reajuste diferenciado impuesto en la Ley de Reajuste General.
Es cierto que si se trata de trabajadores/as de la Salud, que perciban el Bono Especial COVID-19 porque no todos/as los percibirán, las pérdidas de ingresos se reducen, y para sus estamentos mayoritarios el “reconocimiento” económico a su labor en pandemia, celebrado por el gobierno, será de $40.000 a $70.000 anuales.
La tabla refleja los efectos de la Ley de Reajuste General en sus líneas de corte, y expone con nitidez el verdadero “Portonazo” del ministro Ignacio Briones a los/as Trabajadores/as del Estado. Y de paso desmiente tajantemente el supuesto carácter “progresivo” de su diseño económico, no sólo porque nada tiene de redistributivo reducir los ingresos del trabajo, sino porque en cada tramo, la pérdida tiene mayor impacto en aquellos que menos ganan.
Es innegable que el rol del Congreso Nacional permitió reducir la profundidad de las pérdidas económicas que suponía el Proyecto de Ley inicial. Pero resulta evidente que dichos avances, al menos en sus dimensiones centrales, fueron proyectados previamente por el gobierno e incorporados a una estrategia de negociación que logró finalmente, en lo fundamental, su nefasto objetivo.
Pero además de estas reducciones de ingresos, la redacción remitida por el Ministerio de Hacienda modifica, por primera vez en la historia, la norma que garantiza el derecho de los/as trabajadores/as de las Universidades Públicas no Estatales a los aguinaldos y bonos de la Ley, y una interpretación de mala fe del proceso legislativo podría generar un pérdida de ingresos cercana a los $400.000 anuales a cerca de 100.000 trabajadores/as. Mientras la presión parlamentaria forzó a la inclusión de un artículo laxo que intentará garantizar la inclusión de los/as trabajadores/as de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, que el gobierno había excluído de los beneficios.
En sus aspectos laborales, la Ley continúa la ampliación de autorizaciones para que nuevos servicios públicos incorporen modalidades de teletrabajo desreguladas, que profundizan la precarización ý trasladan a los/as trabajadores/as los costos de su desempeño laboral. Asimismo, da continuidad al proceso de regularización de trabajadores/as a honorarios, sin resolver las problemáticas que bajo esta administración se han evidenciado y reduciendo drásticamente sus cupos anuales de 8.000 a 4.000 plazas.
Adicionalmente, convertida en ley miscelánea, la Ley de Reajuste General se transformó en el vehículo para premiar a los represores. Son, al menos, 5 sus artículos que realizan modificaciones favorables a las fuerzas armadas y de orden, sin que incorpore medidas similares respecto de los demás funcionarios/as públicos/as. Y particularmente vergonzante es su artículo 79, que autoriza a la Dirección de Bienestar de Carabineros a contratar seguros de defensa judicial que beneficiarán a los violadores de derechos humanos.
Pero más allá de continuar la enumeración de pérdidas de derechos o ingresos impuestas por la ley, lo central es constatar que el proceso de Reajuste General del Sector Público supone una dura derrota de clase para los/as trabajadores/as del Estado, pero por sobre todo para el conjunto del Movimiento Sindical y el mundo del trabajo. La imposición de las condiciones patronales descritas, en la única Negociación Ramal de nuestro país, que es además la única Negociación Colectiva que beneficia a cerca de un millón de trabajadores/as, constituye la brutal señal de Briones al mundo privado, para avanzar en la misma dirección y descargar los costos de la crisis económica sobre los salarios y derechos de los/as trabajadores/as.
Todo lo anterior ocurre a pocos días de haberse publicado el ranking Forbes que reveló cómo el puñado de incomprensibles multimillonarios de rango mundial que produce nuestro modelo económico, ha incrementado su patrimonio en 2020 de forma sideral. Pero claro, ese no es el origen de la inequidad que azota a nuestro país. Para el ministro Briones el problema de la escandalosa desigualdad en nuestro país radica en los/as funcionarios/as públicos/as. Y la verdadera lucha de clases, entre trabajadores/as privados y estatales.
Los mecanismos y profundidad de esta derrota, están lejos de constituir una sorpresa. Ya el proceso de negociación del año 2019, expuso una fractura en las visiones de conducción de la Mesa del Sector Público. El debate entre su comprensión como un instrumento de impulso de las demandas de clase, relevando sus alcances más allá de sus beneficiarios directos, se enfrentaron a la priorización corporativa o de canalización de demandas particulares o sectoriales. Con los efectos de la pandemia a la vista, la necesidad de diseñar un proceso de negociación acotado y centrado en la defensa de los derechos adquiridos, en la recuperación plena del poder adquisitivo de todos/as los/as funcionarios/as públicos/as, en las demandas transversales de lucha contra la precariedad laboral, resultaba imperioso.
El debate del Movimiento Sindical Público no tuvo la capacidad de diseñar un proceso de negociación que diera cuenta de estas condiciones. Lo cierto, es que resulta indispensable resolver si la Negociación Colectiva del Sector Público se proyectará como un instrumento de lucha sindical de los/as funcionarios/as públicos/as al servicio del conjunto de la Clase Trabajadora y la Justicia Social, o seguirá reduciendo su potencia y objetivos para terminar siendo, cada vez menos capaz de canalizar siquiera las demandas y justas aspiraciones de sus beneficiarios/as directas/as. Pero por sobre todo, se debe enfrentar esta discusión a fondo, para proyectar formatos de conducción, de organización e institucionales que superen estas debilidades, cuya raíz también se encuentra en la progresiva fragmentación que ha sufrido el sindicalismo público.
Enel Generación procedió a la histórica desconexión y cese de operaciones de la Central Termoeléctrica Bocamina 1, en Coronel. Trabajadores, autoridades locales y parlamentarios pidieron al Gobierno Regional supervisar el cumplimiento de la empresa en temas de salud, reparación de viviendas y término de contrato de sus trabajadores.
En conversación con René Ceballos, Consejero Social del Consejo de Rehabilitación Social y Ambiental de Coronel y Director Sindical de la Federación de Sindicatos ENEL, se abordan las problemáticas que aquejan a los trabajadores, en especial a quienes pertenecen a un plan laboral tercerizado.