Lautaro Carmona: «Este XXVI congreso del PC se produce en medio de la intensa lucha que libra el pueblo de Chile»

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió al Vigésimo Sexto Congreso Nacional que llevarán a cabo entre el 4 y el 6 de diciembre, el cual describió como una síntesis de la propuesta política de su colectividad en el mediano y largo plazo, con miras a propinarle una derrota estratégica al sistema neoliberal para abrirle paso a un proceso democratizador del país.

 

El dirigente comunista destacó que si se compara con los 25 Congresos anteriores, el actual se produce en medio de una lucha intensa que libra el pueblo de Chile.

 

Lautaro Carmona afirmó que este Congreso Nacional estará centrado en potenciar las grandes luchas del movimiento popular, presionando la implementación de políticas públicas que den respuesta a las demandas del país.

 

El secretario general del PC dijo esperar que una vez estipulada la política de su partido para los próximos años, logren enfrentar los desafíos trazados con un sentido estratégico, y en perspectiva de derrotar el modelo neoliberal a partir de una nueva Constitución.

 

Lautaro Carmona concluyó que el vigésimo sexto Congreso Nacional del PC tiene una importancia de primer orden, pues viene a culminar un proceso de construcción colectiva, en función de un nuevo modelo de desarrollo para Chile.




Bárbara Figueroa: «Aprobar un impuesto a los súper ricos es un camino viable para ayudar a paliar la crisis económica y social»

Esta semana, diputados y diputadas de la bancada comunista, emplazaron nuevamente al Ejecutivo a discutir el impuesto a los súper ricos que permitiría incorporar a las arcas fiscales del orden de los 4 mil millones de dólares. La moción parlamentaria propone una tributación equivalente al 2,5 por ciento del patrimonio de las 2 mil  personas más adineradas del país, quienes ostentan una fortuna igual o superior a 22 millones de dólares.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, afirmó que dicho impuesto es el mejor de los caminos para sortear los efectos de la crisis económica que atraviesa Chile, y que se podría intensificar aún más frente a una segunda ola de contagios de Covid-19.

 

Bárbara Figueroa planteó que la salida a la crisis actual pasa por una mayor inyección de recursos fiscales, dirigidos tanto a obras públicas como a un presupuesto más expansivo.

 

La presidenta de la CUT remarcó que para dinamizar la economía y así generar nuevos puestos de trabajo, se requiere de más gasto fiscal, mayores ingresos y alianzas público privadas.

 

Bárbara Figueroa indicó que el retiro del 10% previsional es la prueba más concreta de que la entrega directa de recursos a las familias, es una medida efectiva para dinamizar la economía, y por esa vía, hacer que los empresarios tengan la necesidad de contratar gente.

 

La presidenta de la multisindical aclaró que hay una responsabilidad directa del Gobierno, a quien acuso de una inhumanidad extrema por haber abandonado a la ciudadanía desde el inicio de la pandemia.

 

Bárbara Figueroa concluyó que hay una “negligencia consiente”, por parte del ejecutivo, quien evitó a toda costa la implementación de políticas de gasto público, pese a la situación crítica del país.




Luis Catrileo llamó al pueblo chileno a solidarizar con las demandas de las primeras naciones y asegurar su representación en la constituyente

Esta semana se realizó la comisión mixta que tramita el proyecto de escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constitucional, instancia en la que se planteó una serie de temas que deben despejarse, como un padrón indígena o la auto identificación.

Dichas propuestas fueron presentadas respectivamente por el oficialismo y la oposición y tendrán que definirse pronto para garantizar el mecanismo más adecuado el día de la votación junto a la cantidad de representantes a elegir por la primeras naciones.

El encargado de pueblos originarios del Partido Comunista, Luis Catrileo, afirmó que esta semana el Parlamento deberá decidir si las primeras naciones son parte de la construcción de una nueva Carta Fundamental y así poner fin a la negación histórica de sus derechos.

 

Luis Catrileo dijo que el planteamiento de las primeras naciones apunta a establecer 24 escaños para pueblos originarios, más uno dirigido a los Afrodescendientes, a objeto de que éstos sean agregados a los 155 establecidos en la Convención Constitucional.

 

El dirigente comunista aclaró que en caso de tener un resultado adverso en la comisión mixta, harán que el Gobierno pague el costo político por su negacionismo.

 

Luis Catrileo ratificó que seguirán bregando por transformaciones de fondo al modelo económico, exigiendo que Chile sea declarado como un Estado plurinacional con el derecho a la autodeterminación de sus pueblos.

 

El encargado de pueblos originarios del PC llamó al pueblo chileno a solidarizar con las demandas de las primeras naciones, en un contexto donde lo que está en juego es el reconocimiento constitucional de sus derechos fundamentales.




Impulsan campaña para ratificar convenio 190 de la OIT que busca erradicar violencia y acoso en razón de género

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, junto a sindicatos y centrales internacionales, impulsan una campaña, pidiendo ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca erradicar la violencia y el acoso en razón de género. Del mismo modo, proponen incluirlo en la nueva Constitución para Chile.

La vicepresidenta de relaciones internacionales de la CUT, Tamara Muñoz, indicó que el Convenio 190 está vinculado con la recomendación número 206 sobre violencia y acoso, pues ambos fueron adoptados en 2019 como resultado de las grandes luchas del mundo feminista y sindical.

 

Tamara Muñoz añadió que dichos instrumentos ponen en relieve la importancia y la función normativa que tiene la OIT, proporcionando un marco para la adopción de medidas.

 

Por su parte, la exministra de la mujer y equidad de género, Claudia Pascual, dijo que el Convenio 190 de la OIT es un contexto de respaldo para las débiles legislaciones que existen en Chile.

 

Claudia Pascual explicó que si bien existen legislaciones en contra del acoso laboral, tanto en el sector público como privado, siguen siendo muy poco utilizadas, producto de que no tienen el respaldo jurídico normativo para garantizar los procesos de denuncia, acompañamiento y no re victimización del trabajador o trabajadora.

 

Cabe consignar que en junio de 2019, los 187 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptaron el Convenio N°190, orientado a eliminar acciones en el campo de las relaciones laborales que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico. Sin embargo, a más de un año de la firma del documento, el Gobierno aún no lo envía al Congreso para su ratificación.




Lo Que Hay Tras Cada Noticia Jueves 03 Diciembre 2020




Lautaro Carmona acusó a Piñera de actuar con demagogia y oportunismo al tratar de apoderarse de un proceso constituyente que fue obstaculizado desde un inicio por su gobierno

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, remarcó que los constituyentes que prontamente serán elegidos para elaborar una nueva Constitución, deben responder al mandato popular, pero en ningún caso a una orden del presidente de la República.  Esto en respuesta a los dichos de Sebastián Piñera, quien dijo tener fe en que el modelo chileno, con ajustes y cambios, no se tire por la borda, mediante una nueva Constitución.

Al respecto, el dirigente político consideró de suma importancia que a la hora de elegir constituyentes, se asegure que la propuesta de cada uno responda al compromiso de generar transformaciones profundas al modelo económico.

 

Lautaro Carmona acusó al mandatario de actuar con demagogia y oportunismo frente al mundo al tratar de apoderarse de un proceso constituyente que fue obstaculizado desde un inicio por el propio gobierno.

 

El secretario general del PC aclaró que la derecha económica será minoría en la convención constitucional, aún cuando se hagan concesiones para que el gran empresariado intente limitar los alcances de una nueva Constitución.

 

Asimismo, Lautaro Carmona criticó que el gobierno busque asociar el plebiscito con un supuesto extremismo de la izquierda, pues lo que ha llevado al escenario de crisis actual, es la incapacidad de Sebastián Piñera para dar gobernabilidad al país.

 

A juicio de Carmona, la crisis de gobernabilidad que atraviesa Chile se explica principalmente en el hecho de que el presidente de la República es incapaz de involucrarse en los grandes debates nacionales, porque le teme a los argumentos que puedan emanar del Congreso.




Izquierda Cristiana: Poder Judicial nuevamente un desastre como baluarte de la justicia y del respeto a los DD.HH.

Otro fallo que es un ejemplo de la ignominia, la cobardía moral, jurídica y el olvido de una tarea fundamental del poder judicial: Hacer  justicia.

El 27 de noviembre de 2020 en la causa Rol 2.182-1998 denominado “Operación Colombo/Francisco Aedo Carrasco y otros”, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada, además, por la ministra Mireya López Miranda y el abogado integrante Jaime Guerrero Pavez dictó sentencia.

Ésta quedará en la historia del poder judicial como una muestra más de su ya larga defensa de violadores de derechos humanos y de la “obra” del tirano Augusto José Ramón Pinochet, no es primera vez que esta sala[1]  reduce y libera de condenas a ex agentes de la DINA juzgados por los delitos de lesa humanidad (secuestro calificado y homicidio calificado), que cometieron al amparo de la envestidura que les daba ser agentes del Estado.

En el Episodio “La Operación Colombo”, que fue una gran operación de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por ésta, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.  Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional

(DINA), hechos ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.

La octava sala revocó  y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro en visita Hernán Crisosto Greisse, absolviendo a 30 agentes de DINA que estaban condenados como cómplices y a otros 31 agentes condenados como autores.

Si bien condenaron a 42 agentes DINA,  ninguno de ellos cumplirá en la cárcel, pues a todos les otorgaron el beneficio de  la libertad vigilada o la remisión condicional de la pena2.

Se olvidan, o ¿acaso no conocen las garantías de no repetición, que son obligaciones internacionales del Estado?, ya la Corte interamericana de derechos humanos ha entendido las garantías de no repetición como integrantes del derecho a la reparación integral, partiendo del análisis del artículo 63-13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el deber del Estado de reparar el daño causado a partir de la violación de un derecho o libertad.

Por su parte en el informe final del relator especial para la ONU sobre la impunidad y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, realizado por Louis Joinet, conocido como Principios Joinet, se analizan las obligaciones que tienen los Estados para conseguir la efectiva protección de las víctimas y las divide en cuatro principales: 1. La verdad, 2. La justicia, 3. La reparación, y 4. La reforma a las instituciones y otras garantías de no repetición.4  Nada de esto hace el Estado de Chile.

Del mismo modo han vulnerado el principio de la proporcionalidad de la pena que es un principio fundamental dentro del Estado de Derecho e implica que las penas deben guardar relación con el daño causado por el delito, entonces el medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado y exigible para alcanzar el objetivo propuesto.  Nada de eso sucede cuando crimenes de lesa humanidad quedan, paradojalmente por la acción de tribunales en la más absoluta impunidad.

  • Jaime Guerrero, abogado integrante, fue el voto disidente en este aspecto.
  • “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
  • N. Comisión de Derechos Humanos, Louis Joinet. La administración de la justicia y de los derechos humanos de los detenidos. E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev. (Octubre 12 de 1997). La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos).

La sentencia, es un culto a la ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos.

Los Tribunales de Justicia chilenos y sus órganos auxiliares, con honrosas excepciones, ratifican una conducta que ya tiene siglos, la defensa de las oligarquías, de los privilegios de éstas y el olvido de la justicia.

Iniciado el régimen del terror y en el momento que se vivían  las más brutales violaciones a los derechos humanos, se presenta, el 28 de septiembre de 1973, la Junta Militar ante el pleno de la Corte Suprema. Los supremos, con una cobardía moral y jurídica que los caracterizará, no son capaces de elevar su voz en defensa de quienes en ese mismo momento eran objeto de la muerte, la detención arbitraria y la tortura. Con genuflexos gestos prestan su reconocimiento a los criminales.

En 1974, fue el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, quien le pone la banda presidencial al dictador.

Pero suma y sigue, el poder judicial:

  • Legitima la Junta en 1973, ofreciéndole un manto de juridicidad a los actos inconstitucionales y criminales de la dictadura.
  • Aplica irrestrictamente Ley de (auto)Amnistía, que restringe la persecución por crímenes cometidos entre el 1973 y 1978.
  • En su acto de mayor abandono de sus deberes jurisdiccionales, niega la aplicación del recurso de amparo, el Habeas Corpus, que es la solicitud que se hace a la Corte, de protección de una persona ante el riesgo de su vida, su integridad física y o su libertad.  Entre 1973 y 1983 rechaza más de 5000 recursos de amparo, renunciando a su rol de cautelar, la vida, la libertad y la seguridad individual.
  • La Corte Suprema llegó a un acuerdo con el dictador, en que la información de los recursos de amparo serían centralizados a través del Ministerio del Interior, el que informaba carecer de antecedentes y con la sola información, de quien era acusado de la violación del derecho, resolvía en contra del recurso de amparo.

Es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación quien refiriéndose a la acción del poder judicial en dictadura señala con claridad y precisión que: “Produjo un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualquiera que fueren las variantes de agresión empleadas”.[2]

En septiembre de 2013, el presidente de La Corte Suprema, de ese momento, Rubén Ballesteros, hace un reconocimiento de lo que llama las graves acciones y omisiones en que incurre este poder del Estado durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, señalando que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales.

Tardío y poco sincero reconocimiento si, a poco andar, el poder judicial vuelve a traicionar con sus fallos, la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Es un desafío de los nuevos tiempos una amplia reforma al poder judicial y a los procesos formativos de nuestros futuros juristas, se necesita más sabiduría, más humanidad y menos positivismo. La búsqueda efectiva de la justicia, la igualdad, la dignidad de todos/as, la solidaridad y no la defensa de un desorden establecido ajeno a los dolores y las esperanzas de las personas.

Ven-seremos IC

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, BRAYAN GALAZ.

[1] La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la ministro Mireya López Miranda y por el abogado integrante  Cristián Lepín Molina, redujo y revocó condenas a los violadores de DD.HH. que habían pasado solo tres años en prisión en la causa Rol Nº 1734-2017.

[2] Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1991 pág 97.




Lo Que Hay Tras Cada Noticia Miércoles 02 Diciembre 2020




Marcos Barraza sostiene que futuro ordenamiento constitucional y económico debe consagrar derechos sociales que hasta ahora están sujetos al mercado

El exministro de desarrollo social y precandidato a constituyente, Marcos Barraza, sostuvo que la nueva Constitución debe ser diseñada a partir de un sistema económico que otorgue al Estado atributos y responsabilidades para poder accionar estratégicamente en el desarrollo del país.

El académico y dirigente PC explicó que es necesario romper con el sistema normativo actual, pues dicho ordenamiento económico no permite el ejercicio de la soberanía popular, ni la construcción de una sociedad de derechos.

 

Marcos Barraza detalló que el futuro ordenamiento constitucional y económico debiese consagrar derechos sociales que hasta ahora están sujetos a una relación de mercado.

 

El dirigente del Partido Comunista dijo que se requiere “un Estado con capacidad productiva, emprendedor y propietario”, paralelamente a asegurar recursos fiscales por la vía de una mayor tributación de los súper ricos. De esa forma, añadió Barraza, sería factible conjugar el derecho al trabajo con la gratuidad en distintas áreas, como salud y educación.

 

Marcos Barraza apuntó a la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales como una “condición indispensable para alcanzar un Estado de bienestar democrático y social de Derecho”, que ponga al centro los intereses de las grandes mayorías del país.

 

El académico y dirigente político remarcó que la nueva Constitución debe fijar estratégicamente los parámetros de una economía que esté al servicio del país, y no de los grandes clanes financieros como se ha venido dando desde la Dictadura en adelante.




Parlamentarios visitaron a presos políticos del estallido en cárcel de alta seguridad y anuncian presentación de proyecto de indulto

Una delegación de diputadas y diputados de oposición visitaron a los presos políticos de la revuelta popular, recluidos en la Cárcel de Máxima Seguridad, para constatar las condiciones en la que se encuentran, pedir el fin de las medidas de aislamiento y anunciar la presentación de un proyecto de indulto general para los prisioneros de la revuelta popular .

El diputado Boris Barrera señaló que la libertad es justa y necesaria, pues  las  visitas de estos jóvenes , fueron suspendidas desde marzo con el argumento de la pandemia, pero claramente no es más que una acción  política de castigo aplicada por el gobierno.

 

Boris Barrera agregó que espera que el gobierno se haga cargo de esta demanda y  que se reanuden las visitas y se conceda la libertad  de todos los presos y presas políticas de la revuelta que son los que han permitido por medio de la justa protesta del pueblo, que  estemos pensando en cambiar este modelo económico neoliberal a través de la una nueva constitución.

 

En tanto, la diputada Claudia Mix indicó que han  tenido varias reuniones con Gendarmería, donde se ha  planteado la necesidad de revisar las medidas cautelares, cuestión que en nuestro país se ha transformado en un hábito desde la dictadura y que implica una condición injusta que viven hoy día más de 500 luchadores sociales en las distintas cárceles del país.

 

A su vez, el diputado Gonzalo Winter precisó que el gobierno de Sebastián Piñera está utilizando la prisión preventiva y la Ley de seguridad interior del Estado como herramienta de control y castigo político a sus adversarios y a quienes piensan distinto, lo que  es completamente inaceptable en un Estado de derecho.

 

Por su parte, la vocera de los Presos Políticos de La Granja, María Marchant señaló que el Estado chileno tiene secuestrado a muchos  jóvenes por tener un pensamiento distinto, por eso exigió al país y a los diputados su apoyo en el proyecto de ley que se está redactando junto a los familiares para la libertad absoluta de los presos de la revuelta popular.

 

Consignar que los y las diputadas de oposición, participan en una mesa técnica con los familiares de los presos políticos para elaborar un proyecto de ley de indulto general.