Carlos Insunza, dirigente de la Anef quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), denunció graves incumplimientos de la dirección del servicio, respecto al plan de continuidad por emergencia sanitaria COVID-19, cuyo objetivo es proteger la salud y vida de sus trabajadores.

En ese sentido, el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que el gobierno nuevamente está buscando usar a las instituciones del Estado como “punta de lanza” para acelerar el proceso de normalización de la economía aún en medio de la pandemia.

Carlos Insunza fue enfático en sostener que el Estado tiene la obligación de proteger a sus trabajadores, así como a los usuarios de los servicios públicos, a partir de modalidades de trabajo remoto y turnos rotativos durante la emergencia sanitaria.

Asimismo, el expresidente de la Aneiich consideró de suma gravedad que el Servicio de Impuestos Internos haya puesto el foco en instalar dinámicas de flexibilidad laboral, y no de flexibilización frente a la contingencia.

Carlos Insunza dijo que uno de los problemas fundamentales del Plan de Retorno radica en la incongruencia de los criterios establecidos para volver a las labores presenciales, sin tomar en cuenta las particularidades de cada región, en cuanto al nivel de contagio.

En ese sentido, el dirigente de la ANEF calificó como un abuso que las oficinas del Servicio de Impuestos Internos estén abriendo sin considerar que muchos de sus funcionarios tienen que desplazarse desde comunas que siguen con estados de emergencia sanitaria.

Carlos Insunza concluyó que el plan de continuidad por emergencia sanitaria no sólo es insuficiente, sino que principalmente, no permite avanzar en una dinámica de protección e integridad de la salud de los trabajadores.

Pese a los cuestionamientos de los que ha sido víctima, el fiscal Marcelo Carrasco  prosigue la investigación por muertes  por COVID 19 en el marco de la querella presentada  en contra del presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich y los actuales subsecretarios  de Salud Paula Daza y Arturo Zúñiga, dada su eventual responsabilidad  en los hechos

Es por esto que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ofició a diversos centros de Salud   para que entreguen al Ministerio Público  la ficha clínica respecto de los pacientes fallecidos  por la pandemia.

Conocida esta resolución, el alcalde de Recoleta y querellante en una de estas causas Daniel Jadue , sostuvo que es una noticia positiva que la justicia siga su labor, dada la gravedad  de los hechos denunciados.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, quien también es parte requirente  en causas similares, agregó que la resolución del Tercer Juzgado de Garantía  de Santiago  apunta en la dirección correcta.

Del mismo modo, el abogado penalista Ramón Sepúlveda, patrocinante  de varias querellas por la responsabilidad  que le cabria al  mandatario y autoridades  sanitarias actuales  y renunciadas,  en la muerte de personas por Covid , detalló los Centros de Salud a los cuales se les exhortó para entregar información  fundamental  para resolver esta acción  judicial.

Los centros de salud a los que se solicitó entregar los datos corresponden a: Posta Central, Hospital de Trabajador (ACHS), Posta 3, Posta Central, Hospital San Juan de Dios, Hospital San José, Hospital Clínico J.J. Aguirre, Clínica Vespucio, Hospital del Tórax.

La diputada y abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, señaló que tanto el Ministro Pérez como el Alto Mando de Carabineros buscan deslegitimar a la Contraloría General de la República, pasando por encima de su función fiscalizadora.

La parlamentaria sostuvo que este tipo de apoyos, sólo vienen a demostrar que Carabineros busca actuar de manera autónoma e impune contra los manifestantes del Apruebo, encasillándolos como enemigos.

Po su parte, el diputado Hugo Gutiérrez resaltó la crisis que enfrenta la institución de Carabineros, sumado a las graves violaciones a los derechos humanos que han protagonizado en las diferentes movilizaciones sociales y que le han valido un descrédito cada vez más creciente.

El parlamentario,  calificó este apoyo del Ministro Víctor Pérez  como “patético” y que sólo demuestra que el gobierno requiere de la “fuerza represiva de carabineros” ante posibles nuevas movilizaciones sociales.

Para Hugo Gutiérrez el apoyo prestado por el ministro Víctor Pérez a los siete generales de carabineros cuestionados por la Contraloría, es una demostración clara y palpable que el gobierno de Piñera necesita a esta fuerza represiva y violadora de los Derechos Humanos para eventuales contenciones, porque Piñera lo ha dicho con todas sus letras que está preparado para esta guerra contra su pueblo donde carabineros cumple un rol fundamental “, puntualizó el diputado comunista.

[Podcas] Banderazos, conversatorios, caravanas, son solo algunas de las acciones y actividades que el Comando viene desarrollando en distintas ciudades a lo largo de todo el país. En conversación con Ricardo Godoy, coordinador del equipo de comunicaciones del Comando y Vicepresidente del partido Progresista, se analiza el panorama de campaña para las próximas semanas y los desafíos de cara al 25 de octubre.

Esta semana, en Leer es Resistir, se aborda el rescate que está realizando Invertido Ediciones con las plaquettes sacadas en pleno septiembre pandémico y ad portas del plebiscito.

Se trata de tres obras de la primera mitad del siglo XX: “Davis” del chileno Augusto d’Halmar, “Al subir el aguaje” del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara y “Marta y Hortensia” del guatemalteco Enrique Gómez Carillo.

La Contraloría General de la República emitió una declaración pública para defender su “deber legal” de investigar a Carabineros, saliendo al paso de las quejas de la institución policial –respaldada por el gobierno– tras los cargos que formuló el ente de control contra altos jefes uniformados por su responsabilidad administrativa durante el estallido social.

La declaración del organismo que encabeza Jorge Bermúdez parte señalando que la Contraloría “no se ha referido ni se referirá al contenido del proceso disciplinario iniciado en Carabineros de Chile por tratarse de un procedimiento que fue secreto en su etapa indagatoria y que hoy es reservado, es decir, su contenido solo es conocido por el fiscal del sumario y por los funcionarios a quienes se le formularon los cargos”.

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que la postura del gobierno en este conflicto se enmarca en una búsqueda permanente de acomodar las decisiones de otros poderes del Estado a la medida de sus intereses.

El secretario general del PCdijo esperar que Pablo Longueira y su sector, no piensen en atribuir el actuar de Contraloría a una militancia comunista, como lo hizo el exsenador al acusar al Consejo de Defensa del Estado en el caso de los delitos de cohecho e irregularidades tributarias por las que fue formalizado en 2018.

Lautaro Carmona explicó que el contralor de la República está cumpliendo con su mandato legal, frente a denuncias de instituciones que le piden sumarios respecto a la conducta de Carabineros durante la revuelta popular, y si éstos actuaron acorde al derecho administrativo.

El secretario general del PC sostuvo que el general director de Carabineros, Mario Rosas, deberá responder ante la Contraloría por los actos que sus subalternos cometieron de forma criminal a partir del 18 de octubre pasado, así como también tendrá que hacerlo ante la justicia

A juicio de Carmona, lo que está haciendo la Contraloría es cumplir el rol que le corresponde cuando se ha faltado al rigor de lo que le está permitido en la ley a Carabineros, al actuar como una fuerza represiva, exagerando sus atribuciones a una condición criminal.

El abogado constitucionalista, Jaime Gajardo Falcón, refutó las declaraciones de Ricardo Lagos Escobar, respecto a que la oposición no estaría autorizada a acusar constitucionalmente al exministro de Salud Jaime Mañalich, porque según él la forma de abordar la pandemia se limita una discusión de políticas públicas, y desde esa perspectiva, implicaría dolo al acusado.

El experto en derecho constitucional explicó que precisamente las acusaciones constitucionales corresponden a una facultad del Congreso para fiscalizar que ninguna autoridad ejerza más atribuciones de las que le corresponden, ni vulnere la Constitución y las leyes.

Jaime Gajardo Falcón añadió que este tipo de acusaciones son un mecanismo para perseguir responsabilidades de índole político-constitucional, y por esa vía, garantizar la vigencia del Estado de Derecho.

En ese sentido, el experto en derechoconcluyó que la acusación constitucional contra el ex ministro de salud es una acción completamente democrática, pues busca fiscalizar si el actuar de Jaime Mañalich durante la pandemia se ajusta o no al ejercicio de sus funciones en el marco del Estado de Derecho.

Es así que Jaime Gajardo Falcón hizo un llamado a desdramatizar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, tratándose de una herramienta democrática para resguardar el Estado de Derecho.