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La Izquierda Cristiana frente a los actos criminales y racistas contra el pueblo mapuche en las tomas pacíficas de las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria

NO HAY VERDADERA PAZ, SIN VERDADERA JUSTICIA

Queremos comenzar esta declaración expresando y reafirmando las que son nuestras convicciones y nuestros compromisos para  con los pueblos indígenas de Chile, y especialmente para con el pueblo Mapuche, los que desde nuestros orígenes como partido hemos promovido:

Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su autodeterminación y autogobierno y el  reconocimiento y titulación de sus tierras y territorios ancestrales.

Hoy agregamos a esas reivindicaciones:

Libertad a los presos políticos mapuche, respeto y plena implementación en el ordenamiento jurídico y administrativo chileno de las normas del Convenio 169 de la OIT y de las Declaraciones de las Naciones Unidas sobre  pueblos indígenas y de la Organización de Estados Americanos sobre Pueblos Indígenas.

Hacemos esta declaración por que estamos conmovidos, indignados, entristecidos por los acontecimientos de esta madrugada en las Municipalidades de Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria, nos parecen de extrema gravedad porque son actos racistas y atentatorias de la  convivencia democrática de nuestro país, así:

– Lesionan el Estado de Derecho.

– Ponen al gobierno y a importantes  instituciones del Estado en una clara situación de ilegalidad.  En lo concreto, el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, la Policía, los Gobernadores Provinciales de Malleco y Cautín y el Ministro del Interior, aparecen vulnerando normas constitucionales y legales a las que se encuentran obligados.

– Hay discriminación en la aplicación de la ley.

– Se amparan expresiones racistas.

Lesionan el Estado de Derecho.

Según Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, el 2004, el estado de derecho puede definirse como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

Nada de esto se respetó, ni se apreció un mínimo respeto de parte de las mal llamadas autoridades, en los acontecimientos de esta madrugada en las Municipalidades de Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria.

Ponen al gobierno y a instituciones del Estado en una situación de ilegalidad.

Al menos podemos señalar que se ha vulnerado el art 4 letra d) de la ley 12.927 de Seguridad del Estado que señala penalidades para: “Los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a  los que formen parte de ella, con el fin de substituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño…”

Parece indesmentible la acción de grupos privados, de milicias organizadas que buscaron substituir a la fuerza pública y que según se aprecia en numerosos videos y audios, parecen actuar en coordinación con ella.

¿Cómo se explica que no haya, ni un solo detenido entre los atacantes a los mapuche y consecuentemente con ello no hay ni uno solo pasado a control de detención?

¿Qué pasa con los fiscales, qué pasa con los jueces de garantía, no vieron las vulneraciones de que fueron víctimas los participantes de la toma, no los vieron golpeados, no tomaron conocimiento que en abierta vulneración del Código Procesal Penal fueron detenidos niños/as; cómo justifican la detención de comuneros mapuche, por supuestos delitos de muy baja entidad, que deberían significar medidas cautelares mínimas (en virtud de que éstas son esencialmente excepcionales)?

Hay discriminación arbitraria en la aplicación de la ley.

¿Cómo se explica que en horas de toque de queda, decenas de civiles a vista y paciencia de Carabineros de Chile, y junto a ellos, ataquen a comuneros Mapuche que se encontraban en una toma pacífica en las Municipalidad de Curacautín, Ercilla, Traiguén y Victoria.  Para ellos no rige el toque queda y tampoco las normas sanitarias por el covid 19, ellos están exentos de respetar el orden público, pueden agredir a hombres , mujeres y niños/as sin que caiga ante ellos el peso de la ley ?

Discriminación arbitraria es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Lo es cuando se funda en motivos tales como la raza o la etnia, la nacionalidad, la situación socieconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicalización o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.  Todos los supuestos dichos se dan en los hechos, como para pensar que estamos ante actos discriminatorios.

Veremos entonces, en los días venideros, si hay poderes del Estado dispuestos a cumplir con sus roles y a aplicar la ley 20.609.

¿Qué pasa con la aplicación de la ley de control de armas, estos individuos se ven, en los numerosos registros gráficos, que están disponibles en las redes sociales, que están armados, por qué Carabineros no intervino, para disuadir y o detener a estos civiles, quien o quienes les dieron las órdenes para no actuar?

¿Acaso hay chilenos de primera y de segunda categoría, que no reciben el mismo trato ante la ley, cómo es posible  que ningún poder del Estado ponga un poco de cordura en el ejercicio de su poder?

Amparan expresiones y manifestaciones racistas.

Por racismo se entiende un modo de pensamiento y acción que rechaza automáticamente a una persona, una segregación o exclusión basada en el color de la piel, el linaje étnico o la procedencia cultural.

El racismo conduce a prácticas discriminatorias, que están penadas por la ley, como la privación de derechos sociales, económicos, legales o la imposición de cargas desproporcionadas en razón de su raza,  en definitiva la negativa a reconocer la igualdad de todos los pueblos y personas.

Todo ello es conocido como discriminación racial y forma parte de los crímenes de odio tipificados en numerosas convenciones internacionales que persiguen la igualdad entre todos los seres humanos.

Esto se debe, además, a la larga historia de racismo que la humanidad ha protagonizado desde tiempos ancestrales, y que alcanza momentos de verdadero terror en episodios como la  esclavización de áfrica y sus descendientes por parte de los imperios europeos y la conquista de América. Que implicó el genocidio de los pueblos indígenas de América Latina. Lo que observamos anoche es una expresión más de este racismo amparado por aquellos que vulneran su misión ya que están llamados a proteger a las minorías.

La lucha contra el racismo se da a distintos niveles, tanto comunitarios como estatales o internacionales y no debemos claudicar en ella, más aún cuando suceden hechos que indignan a la comunidad internacional y deben avergonzar a nuestro Estado;  no en vano las Naciones Unidas adoptaron en 1965 la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la que Chile es parte.

Hermanos y hermanas no permitamos que la rabia, la impotencia, el hastío nos nuble, perseveremos en nuestra lucha pacífica y sus actuales formas, profundicémoslas, seamos mansos como palomas y astutos como serpientes, usemos todos los medios legales y jurisdiccionales para perseguir la responsabilidad del Estado y sus agentes, que sepan que cada una de las violaciones a los derechos humanos que han cometido la pagarán ante la justicia, si no es en Chile será en algún país del mundo, hoy hay una justicia universal que los perseguirá por siempre.

Recuperemos la paz, nuestra armonía, que no nos derrote el odio, creamos que “la vida, aún cuando aparece provisoriamente vencida, permanece siempre más fuerte que la muerte”.

Nuestra solidaridad, nuestro respeto, nuestra compañía. Fraternalmente les abrazamos.

Ven- seremos.

DIRECCIÓN NACIONAL IZQUIERDA CRISTIANA

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (Presidente), JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ,  HÉCTOR SOTO,  BRAYAN GALAZ.

Valparaíso, 2 de agosto de 2020.

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