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“¿Qué busca la derecha con la selección escolar?” una columna de Jaime Gajardo Orellana

(Vicepresidente nacional del Colegio de Profesores). Para comprender los objetivos que persigue la derecha al intentar reponer la selección por mérito en el sistema escolar es preciso comprender cuál fue el objetivo fundamental de la ley de Inclusión. Dicho objetivo fue someter los intereses privados al interés público, emparejando la cancha para terminar con los problemas de segregación.

Los cambios
impuestos en dictadura implicaban la convicción de que el sistema educativo en
su conjunto sería de mejor calidad y más eficiente no gracias a la acción del
Estado, sino como resultado de las acciones que los individuos realizan
libremente en su propio beneficio. Para materializar esta convicción la derecha
destruyó la educación pública e institucionalizó lo que ha sido llamado mercado
educativo, superponiendo los intereses particulares al interés general y
pretendiendo transformar la educación en un bien
de consumo
producido por una industria
educacional
.

En el mercado los
intereses privados encontrarían libertad para expresarse y generarían
espontáneamente beneficios sociales. El esquema de mercado funcionaría más o
menos así: el empresario, que tiene el interés particular de transformar
recursos públicos y dinero de las familias en ganancias privadas, va a
esforzarse por ofrecer educación de calidad, ya que su negocio depende de la
preferencia de los apoderados. Las familias por su parte persiguiendo el
interés particular de educar de la mejor manera posible a sus hijos van a
elegir la mejor opción a su alcance. Como resultado tendríamos escuelas
impulsadas, por la competencia, a mejorar constantemente, cuestión que a la
larga produciría un mejor sistema educativo. Sin embargo, la promesa neoliberal
jamás se cumplió. La investigación educativa ha demostrado vastamente que la
mercantilización de la educación no ha hecho más que profundizar la
desigualdad. 

En este esquema de
mercado la selección exhibe sus peores características, pues implica
discriminación de estudiantes por parte de los sostenedores para alcanzar fines
particulares, esto es, exhibir mejores resultados en pruebas estandarizadas
para ser más atractivos en el mercado. En este contexto, la selección no es un
reconocimiento del esfuerzo, sino un mecanismo empresarial para asegurar la
calidad de un servicio. 

Sin embargo, la
selección independientemente del contexto (sistema privatizado o completamente
público) privilegia intereses particulares y atenta contra el interés general
que debe perseguir cualquier sistema educativo: ofrecer a todos y todas las
mismas oportunidades educativas independiente del origen socio-económico y
cultural. Ello implica asumir que hay una igualdad intrínseca entre los y las
ciudadanas, expresada en el reconocimiento de un derecho inalienable.  

La selección atenta
contra dicho interés general por dos razones. En primer lugar, la selección (por
mérito o por cualquier otro factor) implica que las oportunidades educativas no
son para todos ni para todos iguales y que, por lo tanto, la segregación
escolar es una característica inherente de los sistemas educativos. En segundo
lugar, en la medida en que la segregación es un hecho, es decir, es inevitable
la desigual distribución de las oportunidades educativas, existirían
distinciones arbitrarias entre los ciudadanos, en virtud de las cuales unos
tendrían derecho a un tipo de educación y otros, a otros tipos. La selección
escolar implica, entonces, discriminar arbitrariamente (distinguiendo entre
ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría) y utilizar recursos
públicos para beneficiar a unos en desmedro de otros, acentuando la desigualdad
de origen y profundizando la desigualdad social.

Como respuesta a
los vicios generados por un sistema educativo orientado por fines particulares
que niegan el interés general del cual hemos hablado, el pasado gobierno dictó
la llamada Ley de Inclusión.  Con esta
ley se ha conseguido por primera vez en casi 40 años que los principios de la
educación pública sean los que orienten el sistema educativo en su conjunto y
no ya intereses individuales que se abrirían paso solo en un contexto de
competencia.

Cuando el Estado
garantiza un derecho no puede perseguir intereses particulares, es decir, no
puede, entre otras cosas, generar ganancias privadas, ni cobrar a las familias
ni discriminar. Esto significa que la educación provista por el Estado debe
necesariamente estar abierta a todos y todas, porque los y las reconoce como
ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos. En consecuencia, haber
terminado con el lucro, el copago y la selección en los establecimientos
privados que reciben financiamiento estatal, significó extender en todo el
sistema educativo principios fundamentales de la educación pública.

Lo que busca hoy la
derecha desde el gobierno (pues ya lo intentó cuando se discutía la ley de
Inclusión, acudiendo al Tribunal Constitucional) es alcanzar un triunfo
ideológico para instalar la idea de que el destino de cada cual depende exclusivamente
del esfuerzo personal, pues lo que está en juego no es “reconocer el valor y
legitimidad del mérito académico en el desarrollo de las personas y del país”
ni “devolverles a los padres su derecho preferente a elegir la educación de sus
hijos y la libertad de los educadores a desarrollar sus proyectos educativos”
(como señaló Piñera en una reciente columna publicada en El Mercurio), sino los
principios normativos del sistema educativo. La derecha busca instalar la idea
de que la desigualdad es una característica inherente de toda sociedad (de allí
que sea legítimo seleccionar) y que no hay nada ni nadie (ni siquiera el
interés general que se puede expresar a través del Estado) que podría
cambiarlo.   

Hoy es el momento de frenar a la derecha, defender lo
avanzado y profundizar los cambios. Los triunfos en el ámbito educacional nos
pueden abrir paso para lograr definitivamente que sean los intereses de la
inmensa mayoría de la población y no los de los grandes grupos económicos
(encabezados por un puñado de familias) los que orienten el destino del país.  

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