CASO BASURA: FISCALÍA OCCIDENTE LLEVARÁ A JUICIO A EX ALCALDE SABAT

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento dictado respecto del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, uno de los 17 acusados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, por delitos de corrupción en el marco de la investigación por la adjudicación de contratos de recolección y disposición de basura.

Las pericias se realizaron a la empresa KDM, por su labor en las municipalidades de Maipú y Ñuñoa, como de licitaciones públicas y de servicios de honorarios en los municipios de Cerro Navia y Colina.

La resolución unánime del tribunal de alzada también revocó la medida respecto del ex jefe jurídico de la municipalidad de Ñuñoa, bajo la administración de Sabat, Marcial Araya Hernández.

Para el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, la decisión valida la posición de la Ministerio Público en el sentido “que corresponde en sede de juicio oral presentar la teoría del caso y los antecedentes probatorios por parte de fiscalía y por parte de la defensa, y que ellos sean valorados por un tribunal colegiado, a fin de dar, o no, por acreditado el delito de fraude al fisco y la participación de los acusados”.

“La resolución del juez de garantía que ha sido revocada por la corte da cuenta que no estaba conforme a derecho dado que había excedido sus facultades”, añadió el persecutor.

Los alegatos para revocar la resolución del 9° Juzgado de Garantía de Santiago fueron realizados por la jefa jurídica de la Fiscalía Occidente, Claudio Roco y la abogado del Consejo de Defensa del Estado, Luppy Aguirre.

La audiencia de preparación de juicio oral por esta causa, que involucra además al ex jefe comunal de Maipú, Christian Vittori, está fijada para el próximo 18 de junio.

Sin embargo, está pendiente la contienda de competencia trabada entre dicho tribunal, respecto del Juzgado de Garantía de Colina y el 5° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ello, a partir del hecho que el juez del primer tribunal mencionado, separó las aristas de esta indagación según la jurisdicción de las comunas involucradas, posición que no ha compartido el Ministerio Público.

La fiscalía basa su argumento en que la causa debe llevarse a juicio oral como un todo, y no por separado, en atención a que las conductas desplegadas por los imputados formaron parte de un modus operandi que debe conocer y sancionarse en un solo Tribunal Oral, por la naturaleza, circunstancias de los hechos y los imputados involucrados en el contexto de municipalidades.




DEPORTES: BRASIL ENCABEZA EL MEDALLERO SURAMERICANO

Tras 4 días (al Martes 29-Mayo) de actividad polideportiva, es Brasil quien ha alcanzado la cima, rebasando a Colombia y Chile en los IX Juegos Suramericanos de la ODESUR en Bolivia.

CHILE ha obtenido en REMO la mejor participación por deporte: 8 oro y 6 plata. Los demás son Natación (2/0/0); KaraTe (1/1/3); Triatlón, Gimnasia Artística y Rugby (1 oro cada una); Esgrima y Vela (0/1/1); Judo (6 bronce); Patín Carrera (5 bronce) y Bádminton (1 bronce). Así totaliza 14/9/17 medallas.

Antonia y Melita Abraham, las mellizas del remo, han conseguido 4 oro cada una. Kristel Köbrich, en el nado, ha sido ganadora de ambas oro de la disciplina.

BRASIL ha ganado 28 oro, 21 plata y 23 bronce; y COLOMBIA, 25/22/24. El cuarto puesto lo tiene ARGENTINA con 13/19/20, siguiéndole VENEZUELA con 12/15/16, ECUADOR con 9/2/10, PERÚ con 5/9/12, URUGUAY con 1/3/8, y SURINAM con 1/0/0. Ya más lejos en este instante, PARAGUAY con 0/3/5, BOLIVIA con 0/2/2, PANAMÁ con 0/2/1, y ARUBA con 1 plata. Solamente GUYANA no se ha adjudicado medalla alguna, que llevó 11 deportistas para 6 deportes.

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Este Miércoles concluyen las pruebas de Natación, de Polo Acuático, de Bowling, de Futsal, de Gimnasia Artística, de Judo y de Triatlón. Habrá, premiación en Levantamiento de Pesas y de Esgrima; además de partir el Ciclismo en Pista con entrega de los honrosos metales.

 

 




Dirigentas ampliarán demandas feministas previo a cuenta pública de Piñera

Este lunes se conformó la “Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas” durante una masiva reunión de dirigentas —75 mujeres de 35 organizaciones distintas—, compuesta por líderesas sociales, pobladoras, sindicales, migrantes, de pueblos originarios y de asambleas feministas de distintas universidades, con el objetivo de generar un petitorio común en materia de derechos de las mujeres.

Dentro de los primeros objetivos trazados por la coordinadora, está la redacción de un pliego de demandas para entregarlo al Presidente Sebastián Piñera previo a su cuenta pública del 1 de junio, con motivo de darle a conocer la diversidad de demandas que existen dentro del movimiento feminista a raíz de lo que consideran “una sociedad patriarcal que nos oprime en todos los ámbitos de la vida”, como son la educación, el trabajo, vivienda, derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las trabajadoras sexuales, de migrantes, entre otros.

Dicho pliego de demandas será entregado este jueves a La Moneda y estará dirigido al Presidente Sebastián Piñera.

En este sentido, la vocera de la CONES —Amanda Opazo—, manifestó que “nuestras demandas no se agotan en los colegios o universidades, somos mujeres y nos persiguen injusticias en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos pagan menos por el mismo trabajo, se nos asignan roles injustos, no tenemos soberanía sobre nuestros cuerpos, y todo esto, se agrava aún más entre las mujeres pobres”.

Asimismo, la secretaria de la asociación de Coordinadoras de Comités de Allegados “Los sin tierras”, Karen Guzmán, aseguró que “ayer nos reunimos juntos a diferentes organizaciones donde el liderazgo lo llevan las mujeres, en este movimiento feminista damos a conocer nuestra problemática, el derecho a la vivienda digna; un hogar donde las mujeres mas pobres tengan donde acobijar a sus hijos”. Asimismo, señaló que “queremos cambiar la constitucion para que exista la parabra ‘derecho a’ y no ‘accesibilidad’; tanto para la vivienda como para la educacion, la salud, etc”.

Dentro de las organizaciones que conforman la coordinadora, se encuentran: Comités de Allegados, voceras de las tomas feministas de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, CONES, Marca AC, CORPADE, Criar Estudiando, ANEF, Coordinadora Nacional de Migrantes, Tejiendo Aquelarre (mujeres migrantes), Abofem (abogadas feministas), Lesbianas Visibles, Iguales, Mujeres por la Memoria y la Vida (organización de derechos humanos), Colegio de Matronas, Comisiones de Género de la Universidad de Chile y Colo Colo, entre otras.




Conupia señala que gobierno no los convocó a discutir proyecto de ley “pago oportuno” a las Pymes

El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado, Roberto Rojas, señaló que no fueron convocados por el gobierno a la mesa que discutió durante dos meses el proyecto de ley “Pago Oportuno” que busca reducir el tiempo de pago de proveedores a pequeñas y medianas empresas en Chile.

El titular de la CONUPIA aclaró que la opinión de su sector no fue considerada en el debate respecto al problema financiero que atraviesan las PYMES.

 

Roberto Rojas miró con preocupación que las empresas del sector público tendrán tres años para acomodarse a la ley “Pago Oportuno”, ya que miles de Pymes podrían desaparecer producto de la deuda acumulada en ese periodo.

 

El presidente de la CONUPIA cuestionó las declaraciones del ministro de economía, José Ramón Valente, respecto a que si aumenta la inversión, las Pymes van a tener acceso a ejecutar parte de los 250 mil nuevos empleos que se creen.

Para el dirigente sindical, el Gobierno los hace parte del plan Pro Inversión sólo por la vía del empleo subcontratado.

 

Roberto Rojas sostuvo que esta ley debe cautelar los derechos de los trabajadores, fijando normas para que los proveedores paguen en un plazo máximo de 30 días.

 

El presidente de la CONUPIA aclaró que no pueden esperar que una ley entre en vigencia en tres años, en vista del des-financiamiento por la vía del endeudamiento, que afecta al sector.




La dura disyuntiva de Colombia para segunda vuelta: Derecha militarista versus una alternativa progresista

Más de 36 millones de colombianos asistieron a las urnas el pasado domingo para elegir a su próximo presidente, tratándose de los primeros comicios en los que votaron miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) tras el cese del conflicto armado entre este antiguo grupo insurgente y el Estado colombiano.

Desde Bogotá, los analistas internacionales Juan Alberto Sánchez Marín y Luis Eduardo Celis abordaron la polarización sobre el acuerdo de paz con las FARC, en el contexto de dos candidatos que representan líneas contrarias, el candidato derechista Iván Duque y el candidato progresista Gustavo Petro.

Juan Alberto Sánchez Marín subrayó que por primera vez en más de 5 siglos, el proceso electoral colombiano se lleva a cabo en un ambiente tranquilo, marcado por en proceso de paz con las FARC, donde esta última ha cumplido sus anuncios de cese al fuego unilateral.

 

Juan Alberto Sánchez Marín destacó los cerca de 19 millones de votantes, de un censo electoral de más de 36 millones de personas, ya que representa la menor abstención electoral de los últimos 20 años.

Luis Eduardo Celis calificó como un hecho histórico que haya segunda vuelta entre dos posiciones, donde la derecha representa  la defensa de un orden de inequidad y violencia, además de solventar la corrupción y verse beneficiada de los recursos públicos.

 

Luis Eduardo Celis sostuvo que el 17 de junio, los colombianos tendrán la posibilidad de optar entre la postura tradicionalista de Iván Duque, y la mirada de cambio de transformación que representa Gustavo Petro.

 

En la segunda vuelta electoral, programada para el 17 de junio, se enfrentarán dos fuerzas políticas distantes: el uribismo de claro sentido militarista pro norteamericano con Duque y la izquierda con Petro.




Diputados de oposición impugnaron ante Contraloría designación de Juan Benavides al mando de Codelco

Diputados de oposición impugnaron ante la Contraloría la designación de Juan Benavides como presidente de Codelco. Los parlamentarios invocaron la norma que establece la ley de Codelco para los nombramientos de autoridades, apelando además a principios de probidad, ya que recordemos que Benavides fue sancionado en el marco de la investigación sobre la colusión de las farmacias.

Así lo expresó el diputado de la Democracia Cristiana Raúl Soto quien insistió en que el recién nombrado presidente de la principal cuprífera nacional por parte de la Derecha no cumple ni los requisitos éticos ni jurídicos para asumir dicho cargo.

 

Por su parte el también parlamentario falangista Matías Walker lamentó la poca consideración expresada por el Gobierno al nombrar en un cargo de absoluta relevancia, a quien no tuvo la capacidad de informarse y enfrentar un acuerdo de precios entre las farmacias, originando un verdadero abuso principalmente hacia el sector más vulnerable de la población.

 

En tanto el Diputado socialista Leonardo Soto aclaró que la propia norma que regula Codelco exige que sus directores no registren antecedentes comerciales, lo cual no se cumpliría en el caso de Juan Benavides al presentar estas dos sanciones financieras aplicadas por la Superintendencia de valores producto de su actuar negligente a cargo de farmacias Ahumada al permitir el acuerdo de precios de los fármacos en perjuicio de los usuarios.

 

Así mismo, el Diputado DC Gabriel Silber exigió a Piñera que reconsideré el nombramiento de Benavides a cargo de Codelco, pues más allá de sus cuestionamientos éticos resulta riesgoso que replique su accionar deficiente ante la colusión farmacéutica en la principal empresa del Estado.

 

Para los diputados, Juan Benavides Feliú carece de antecedentes comerciales intachables, en tanto, en ejercicio de su nombramiento de Director de Farmacias Ahumada, fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros con 300 UF por el ejercicio negligente de su cargo de director de FASA al no adoptar medidas de fiscalización por los graves hechos investigados. Además, lo sancionó este mismo organismo por tener relaciones comerciales con Farmacias Cruz Verde por su cargo de gerente del Grupo Falabella, cuando aún era director del Farmacias Ahumada. Todos hechos que harían inviable su designación como presidente de Codelco.




Partido de oposición atentos y en coordinación frente a mensaje presidencial del 1 de junio

Presidentes de partidos que integraron la Nueva Mayoría y fueron parte del anterior gobierno, realizaron una nueva reunión de coordinación, la que estuvo marcada por el trabajo que iniciaron los centros de pensamiento ligados a cada una de estas colectividades.

Así lo declaró el presidente del Partido Comunista y diputado, Guillermo Teillier, y además sostuvo que se están preparando para la cuenta pública de gobierno agendada para el próximo viernes 1 de junio en el Congreso.

 

El instituto Igualdad, perteneciente al Partido Socialista, refutó hace pocos días las cifras presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera, donde declaraban 14 proyectos de ley ingresados al poder legislativo. El centro de pensamiento constató en su “Balance”, que sólo 6 iniciativas han sido presentadas. El timonel del PC destacó que están trabajando con mociones del gobierno anterior.

En relación al nuevo presidente electo de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, Guillermo Teillier extendió las felicitaciones correspondientes y cree que de a poco se iniciarán conversaciones en torno a una coordinación entre los partidos ex Nueva Mayoría.

 

El parlamentario además expresó que están expectantes frente a la cuenta pública de Sebastián Piñera donde esperanque se esclarezcan sus intenciones y cómo se dará cumplimiento, de forma ocreta,a su programa de gobierno.

 

Finalmente, se espera una reacción del Partido Comunista y de las demás colectividades progresistas luego de la presentación de la cuenta pública que se realizará en el Congreso Nacional sede Valparaíso.




Marisela Santibáñez: “Se está gestando un momento histórico para la lucha de las mujeres en Chile”

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez indicó que se está gestando un momento histórico para la lucha de las mujeres en Chile, a propósito del retroceso que ésta tuvo, debido a los cambios introducidos por el Gobierno a la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

Además, la parlamentaria cuestionó que se pueda ejercer libremente el derecho a movilizarse contra la violencia de género, en vista de la represión policial sufrida en la toma feminista de las alunas del Liceo Carmela Carvajal en las dependencias del Instituto Nacional.

 

En ese sentido, Marisela Santibáñez miró con preocupación que el Gobierno, respaldado por el Tribunal Constitucional, pueda determinar si retrocede en derechos sociales adquiridos, como el aborto en tres causales.

 

La diputada de la Bancada Feminista en el Parlamento, lamentó que la ciudadanía deba manifestarse para no retroceder en los derechos conquistados en el anterior gobierno. Del mismo modo, criticó que Sebastián Piñera contemple elevar el costo de las Isapres a hombres, como una medida de equidad de género.

 

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez comentó que el tema feminista es complejo cuando la bancada feminista trata de instalar temas como aborto libre, en un contexto donde las mujeres deben resistir contra los retrocesos del Gobierno.




Fuerte proceso de fiscalización en las instituciones del Estado inicia Consejo para la Transparencia

El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a cumplir con la norma porque, recordó, que la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor,

Como parte del plan anual de trabajo el Consejo para la Transparencia iniciará un fuerte plan de fiscalización en las instituciones del Estado con el fin de velar por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que este año cumple 10 años desde su publicación.

“Cumplir con las exigencias de la Ley de Transparencia es cumplir con la ciudadanía, por eso un proceso de fiscalización es tan relevante para nuestra institucionalidad. Lo que hacemos con la fiscalización a las instituciones es contribuir en el control social que ejerce la ciudadanía.  En la práctica todos y cada uno de los cuidadanos son fiscalizadores que pueden verificar el cumplimiento de las normas”, afirmó el Presidente del CPLT, Marcelo Drago.

Este años 2018, serán fiscalizadas 824 instituciones en Transparencia Activa que estará especialmente focalizada materias como compras y contrataciones, actos con efectos sobre terceros y mecanismos de participación ciudadana. En lo relativo a derecho de acceso a la información Pública se fiscalizará con especial enfoque en la calidad de la respuesta institucional al ciudadano.

“Buscamos que cada día aumente la idea de que exigir información es un derecho ciudadano y así ir pavimentando el camino a una verdadera cultura de la transparencia en nuestra sociedad.  Sólo la instalación de una Cultura de la Transparencia puede recomponer la confianza en lo público, prevenir la corrupción y mejorar la evaluación ciudadana de las autoridades y de su democracia”, subrayó Drago.

Asimismo, se efectuarán 51 auditorías en terreno consistes en un examen de normativas, procesos, sistemas y productos que se revisan y analizan con el objetivo de evaluar la gestión efectuada por el organismo en materia de transparencia activa y acceso a la información. Dicha actuación del CPLT considera un informe detallado con observaciones y/o recomendaciones que se deben implementar con el objeto de mejorar la gestión de estas materias.

“La Ley de Transparencia cumple 10 años ha implicado significativos avances, hoy es el piso mínimo que los ciudadanos exigen al Estado, por eso seremos implacables a la hora de exigir a nuestras instituciones que estén a la altura de la demanda ciudadana. Hay que poner atención porque la ley establece que el incumplimiento injustificado de los deberes de transparencia activa pueden ser sancionados con multas del 20 al 50% de las remuneraciones del infractor”, sostuvo el titular de Transparencia.

^[Conozca programa de fiscalización: Programa de Fiscalizaci+¦n 2018 – CPLT]

Finalmente, Marcelo Drago recordó que serán los 345 municipios sujetos de fiscalización e hizo un llamado al gobierno local a estar a la altura de lo que exige la ciudadanía “porque entre otras cosas son la puerta de entrada de los ciudadanos a los organismos del Estado  y es de  gran interés de los vecinos conocer cómo se está gestionando al interior de estas instituciones”




“Trabajo y Pensiones: Desafíos irrenunciables para la equidad de género” una columna de Jeannette Jara

Acabamos de conocer la propuesta del gobierno como respuesta a las movilizaciones feministas que se han generado desde el seno del movimiento estudiantil y llegan a toda la sociedad. La denominada “Agenda Mujer”, propone al país 12 medidas que pretenden dar una respuesta desde el ejecutivo a las demandas del movimiento y es necesario preguntarse acerca de la integralidad de la propuesta y del impacto real que pueda tener para dar cuenta de los desafíos que hoy enfrentamos como país.

Es importante que se levanten propuestas que aborden la necesidad histórica de equiparar las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad, lo cual debe realizarse con respuestas integrales, que enfrenten de manera sustantiva las discriminaciones de género asociadas, entre otras, a las brechas que el sistema económico y cultural produce y que se manifiestan en el ámbito neurálgico de las relaciones sociales y productivas, como es el mundo del trabajo.

Hoy casi el 40% de los hogares está encabezado por una mujer como jefa de hogar, así como éstas representan el 38% de la fuerza productiva, con una brecha salarial que alcanza en promedio un 24%. En este sentido, hay que poner especial atención, en las discriminaciones que se generan en el mundo del trabajo, ya que tienen efecto tanto en el corto como en el largo plazo. Por ello, abordar como prioridad el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres que realizan trabajos de igual valor, como sostiene la OIT, requiere de medidas concretas para avanzar en una real equidad. Con mayor razón, considerando que esto tiene efectos en las jubilaciones de las mujeres, cuya insuficiencia adquiere tintes dramáticos de injusticia social y discriminación o violencia económica de nuestra sociedad.

Por eso, se esperaría que una agenda de mujeres y equidad de género, aborde temas estructurales que impactan la realidad laboral y previsional de las mujeres. Y desde la oposición debemos ser capaz de proponer una agenda de mayor alcance que abarque de forma más amplia e integral las causas de fondo asociadas a las discriminaciones de género hoy fuertemente cuestionadas por el movimiento social y la ciudadanía.

En esta construcción se deben considerar al menos tres dimensiones que hoy encuentran un correlato con la demanda social:

  • Primero, abordar la desigualdad salarial, promoviendo un marco legal que asegure la no discriminación remuneracional como cambio de fondo en las relaciones laborales;
  • segundo, impulsando una corresponsabilidad parental efectiva, ajustando el pos natal parental, ya que con 200 permisos para papás de los 100.000 cursados al año, existe evidencia que el camino voluntario es insuficiente ante la estructura y cultura laboral patriarcal que prima en las empresas, instituciones y los propios trabajadores y trabajadoras, y;
  • tercero, mejorar las pensiones, donde deben incorporarse reglas de solidaridad y medidas afirmativas que neutralicen las brechas de acceso y reconocimiento salarial que perjudican a las mujeres. En este sentido, la agenda de pensiones será clave para evaluar la real voluntad política del gobierno.

Como se señaló en los proyectos de reforma al sistema de pensiones, las jubilaciones que entregan las AFP, tienen para las mujeres, una mediana de tasa de reemplazo del 12% respecto a su último sueldo. Este escándalo social requiere de medidas a corto plazo. Los pensionados y en particular las mujeres no pueden esperar. Se requiere garantizar una vejez digna, sobre todo si pensamos que la esperanza de vida es cada vez mayor. La pensión autofinanciada, basada en la exclusiva capacidad de ahorro individual no da para más.

Esto exige incorporar en la agenda, de manera real, medidas acorde al principio de solidaridad que existe en los sistemas de seguridad social del mundo, en un marco que claramente debe traspasar el contexto subsidiario que prima en nuestro sistema de capitalización individual y en los anuncios del gobierno conocidos hasta ahora en la materia.

 

Jeannette Jara Román

Docente UAHC

Ex Subsecretaria de Previsión Social

Gobierno de Michelle Bachelet

 

Santiago, mayo 27 de 2018